La Fundación “Azul Bogotá” en cabeza de Andrés Villamizar, ex director de la Unidad Nacional de Protección UNP ha emprendido una cruzada para defender al alcalde Enrique Peñalosa en distintos espacios académicos, sociales y mediáticos. Ante la dificultad de defender, en muchos casos lo que es indefendible, la fundación y sus distintos “líderes de opinión” vienen apareciendo en estos espacios esgrimiendo distintos argumentos de naturaleza legal y política que están más orientados a cuestionar el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria de mandato.
Al poner el foco de debate sobre los aspectos normativos buscan desviar la atención de la opinión pública sobre un proceso de carácter ciudadano, político como todo proceso público, que viene avanzando a toda marcha, y que se alimenta a diario con los constantes desatinos y malas decisiones que vienen desde la alcaldía y su equipo de funcionarios.
Más allá de la conveniencia o no de la revocatoria, de los intereses políticos y económicos que se verían afectados de lado y lado y el ruido mediático en torno a la mala gestión e impopularidad del alcalde Peñalosa, hay un debate de fondo relacionado la legitimidad de los alcaldes elegidos, que el país está en mora de dar y que está generando un problema estructural de gobernabilidad en las grandes ciudades de Colombia, sobre todo cuando los alcaldes gobiernan de espaldas a las mayorías.
Siendo Colombia un país donde históricamente ha predominado una cultura política marcada por la abstención electoral, y Bogotá una ciudad políticamente fragmentada, las últimas elecciones de alcaldes nos han puesto frente a mandatarios elegidos por márgenes de votación muy bajos con respecto al resto de contrincantes.
Imagen cortesía de: Cablenoticias
El sistema electoral para elección de alcaldes [1] estipula la fórmula de mayoría simple donde basta ganarle a los demás, sin importar el margen o la cantidad de votos, abriendo a la puerta, en ciudades como Bogotá, con un censo electoral de casi 6 millones de personas, que candidatos con menos de 1 millón de votos hayan llegado a la alcaldía.
En las elecciones a la alcaldía de Bogotá recientes [2], los porcentajes de votación de los candidatos ganadores han sido los siguientes: Enrique Peñalosa [2015] 906.058 votos (16,6% del censo electoral), Gustavo Petro [2011] 723.157 votos (14,7% del censo electoral), Samuel Moreno [2007] 920.013 votos (21% del censo electoral), Luis Eduardo Garzón [2003] 797.466 votos (20,3% del censo electoral), Antanas Mockus [2000] 681017 votos (19% del censo electoral) y Enrique Peñalosa [1997] 619.086 votos (20% del censo electoral) Esto nos plantea un escenario en donde, más allá de los bajos porcentajes de participación, estamos frente a candidatos que no aglutinan ni una mayoría electoral ni social y una vez elegidos, por una “minoría mayoritaria” llegan a ejecutar políticas y decisiones altamente impopulares para la mayoría de la ciudadanía.
En momentos donde se habla de presentar una nueva reforma política sería importante pensar en repensar el sistema electoral para brindar mayor legitimidad y gobernabilidad a los mandatarios locales y regionales, sobre todo obligándolos a asumir “promesas” de campaña que involucren los intereses de las mayorías ciudadanas y permita un mejor ejercicio de accountability ciudadano, que no sea enmarcado por los medios como una venganza de perdedores o como un proceso viciado por los intereses políticos de quienes convocan la revocatoria, que inevitablemente serán los perdedores de las elecciones pero a su vez representan, en la mayoría de los casos, a la mayoría de los votantes.
En últimas, negar o tratar de desvirtuar el mecanismo de la revocatoria es atacar un derecho ciudadano consagrado en la constitución. Por el contrario, lo que se debe buscar modificar es el sistema electoral y los mecanismos de garantía de gobernabilidad y legitimidad.
Centrar el debate en la conveniencia o no de usar la revocatoria es equivocado y desvía el debate de fondo y es la inconveniencia de las políticas y decisiones que viene implementado en alcalde y que van en contra del interés general y el bien común de los bogotanos. ¡No caigamos en el juego!
[1] Para la elección de cargos uninominales ejecutivos como Gobernador Departamental y Alcalde Municipal la normatividad electoral vigente en el país determina que será ganador quien obtenga más votos que sus contrincantes sin importar el porcentaje obtenido ni la diferencia de su votación frente a la votación de los otros candidatos. El único escenario donde se podría repetir una elección es si el voto en blanco queda en el primer lugar y supera el 50% del total de votos emitidos.
[2] Fuente de la información: página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co
