Quienes tenemos varias décadas de vida encima sabemos que los paros educativos en Colombia forman parte ya del calendario nacional de eventos. Los paros de maestros se volvieron un lugar común. Están en el paisaje. No hay año que no lo hagan. No hay mes que no protesten. No hay día que en alguna calle o carretera de la geografía patria no se los vea, a sol y lluvia, diciendo que “el gobierno incumplió”. No hay pueblo, municipio ni ciudad donde no estén con pancartas y megáfonos gritando y exigiendo sus “justos reclamos”. Al tiempo, millones de niños y jóvenes de escuelas y colegios públicos, maman gallo y desesperan a sus padres. No saben qué ponerlos a hacer.
Aunque al sector educativo la opinión pública lo ve y percibe como problemático –“maestros llorones, que trabajan poco y exigen mucho”, se dice- si uno hace un rápido parangón, una analogía de las reclamaciones de ese gremio –que, básicamente, se reducen a más plata, entiéndase aumentos en sus salarios- con los miles de millones de dólares que por cuenta de la corrupción ha desangrado al país, pues termina por darle la razón a los maestros en sus exigencias.
Esa corrupción aberrante, desde luego, ha contado con la inoperancia y complicidad del aparto judicial y la condescendencia de los gobiernos de turno. Con apenas un mínimo porcentaje de esas cifras fantásticas que los delincuentes perfumados de cuello blanco se han robado, estarían perfectamente solucionadas todas las angustias de nuestros maestros.
Cómo no darle la razón a los profesores –así no la tengan en todo lo que piden- cuando nos acordamos del tsunami Odebrecht que sigue envolviendo a toda suerte de personajes y personajillos. Hasta el mismísimo Presidente Santos está untado, así él insista en que “me acabo de enterar”. Fueron cerca de 14 millones de dólares los que circularon por debajo de la mesa para sobornar funcionarios y comprar licitaciones y obras públicas monumentales del gobierno, permeando incluso las campañas presidenciales de los entonces candidatos Santos y Zuluaga.
Cómo no darle la razón a los profesores cuando nos acordamos de Reficar, cuyos sobrecostos -claro, disparados sobre todo por la corrupción- los tasó la Contraloría General de la República en 4.023 millones de dólares. Responsabilidad económica y política que unta y mancha a los presidentes Uribe y Santos, quienes se han resbalado hábilmente por un tobogán de mentiras.
Cómo no darle la razón a los profesores cuando nos acordamos de Saludcoop, donde el “jeque” Carlos Palacino –un anónimo corredor de seguros tolimense- y sus secuaces (incluidos congresistas, gobernadores y alcaldes) desviaron y se robaron cerca de 1 billón 600 mil millones de pesos provenientes de humildes y honestos millones de ciudadanos, destinados a aportes parafiscales.
Cómo no darle la razón a los profesores cuando nos acordamos del pésimo negocio de Isagen, la tercera empresa más grande del país en generación energética, eficiente y productiva. Con la excusa de invertir esos recursos en la construcción de vías 4G, el gobierno de Santos, de la mano de su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, vendió el 57.6 por ciento de la participación que tenía el Estado a la multinacional canadiense Brockfield por 6.6 billones de pesos. Cifra muy inferior –dada la rentabilidad que Isagen reportaba a las finanzas del país.
Cómo no darle la razón a los profesores cuando nos acordamos del “Carrusel de la Educación en Córdoba”, protagonizado, según la Fiscalía, por el “honorable” senador Armando Benedetti. En ese departamento, desde 2012, se armó todo un concierto criminal para delinquir. Una red bien montada de bandidos conformada por jueces, abogados, maestros y funcionarios de la Secretaría de Educación de Córdoba, se robaron cerca de 180 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, FOMAG.
Falsificaban documentos de maestros –muchos no lo eran- para aumentar exageradamente sus pensiones. Todos comían del pastel. La Fiscalía dice que la mordida de Benedetti era del 20%. Por su posible actuación delincuencial, a solicitud de la Fiscalía, que allegó pruebas, contra él está en curso la investigación de la Corte Suprema de Justicia, iniciada a finales de 2016.
Son muchos más y fantásticos casos de corrupción- O, pregunto ¿no es corrupción consentida que por cuenta y gracia del Acuerdo de Paz entre el presidente Santos y las FARC, los grandes cabecillas de esa bandola y sus hijos y parientes, no devuelvan un solo peso de las multimillonarias fortunas que hoy disfrutan? Dineros y bienes de miles de honestos campesinos y ciudadanos colombianos, a quienes asesinaron, secuestraron, extorsionaron, desaparecieron, violaron y masacraron por décadas.
Ni hablemos de Foncolpuertos, Interbolsa, la Alcaldía de Bogotá en tiempos de Samuel Moreno y un largo etcétera. Ah, por supuesto ni de los miles de millones que anualmente se roban los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y cuánta suerte de cacos andan por ahí disfrazados de patriotas. Depredadores asquerosos no solo de lo público, sino de sueños y esperanzas.
De acuerdo con la Organización Transparencia Internacional, cada año los políticos, gobernantes, funcionarios públicos y contratistas corruptos se roban en Colombia por lo menos 22.6 billones de pesos. Casi 2 billones al mes, 65 millones al día y… hagan ustedes las cuentas por hora.
¡Cifras fabulosas que van a parar a las cuentas bancarias de muy pocos, a engordar sus bienes, mientras millones de seres humanos se defienden como pueden para no dejarse morir de hambre!
Por eso ¿Cómo no darle la razón a los profesores? Digo yo.