La Cámara de Representantes aprobó un acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo a nivel constitucional. Colombia es un país extraño. Empezando porque tenemos fiscales anticorrupción corruptos, guerrillas narcotraficantes y ex sicarios que nos dan clase de moralidad. En tal sentido, la acción de prohibir el paramilitarismo resulta entendible, pero igualmente paradójica.
Entendible porque hasta el momento –únicamente en 2017-, van más de 200 amenazas y cerca de 50 asesinatos a líderes sociales por parte de grupos paramilitares y, paradójica, porque se prohíbe a nivel constitucional algo que es, en sí, inconstitucional: nos están explicitando que matar va en contra de la ley, que extorsionar con fines políticos es inconstitucional y que ser el brazo asesino y sanguinario de los caciques de la ultraderecha es una acción ilícita. Ahora, es pertinente preguntarse ¿cuándo esto fue legal?, y ¿a quién afecta su prohibición?
Para responder a las preguntas hay que tener en cuenta tres elementos: primero el origen o el germen del paramilitarismo fundando en las “Convivir”; en segundo lugar, el discurso de la “seguridad” democrática y la mal llamada desmovilización de los paramilitares; y en tercer lugar, los discursos que se proyectan bajo la ordenanza del uribismo.
El paramilitarismo en Colombia tiene una larga y tendida historia. Según el investigador Edgar de Jesús Velásquez, la genealogía del paramilitarismo en el país data de la cruenta guerra entre Liberales y Conservadores, cuando las élites conservadoras contrataban mercenarios para asesinar a su bando contrario. Pero la fecha de 1962 marcó un precedente en esta historia, cuando arribó al país William Yarborough, un militar estadounidense, veterano de diversas guerras y anticomunista, que aconsejó crear grupos secretos para operar de forma violenta contra la izquierda.
Considerando lo anterior, en el gobierno de Ernesto Samper se reglamentaron las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria (Convivir), todo en el marco de la guerra Estado-FARC. Las Convivir fueron la base y el laboratorio de los grupos paramilitares que conocemos hoy en día. El entonces gobernador Álvaro Uribe defendió la pertinencia de las Convivir dentro del departamento de Antioquia, y la historia ya la conocemos: se radicalizó la violencia, se transformaron en grupos al margen de la ley y, principalmente, se convirtieron en grupos de choque que le hacían el trabajo sucio a militares, políticos y empresarios.
En este sentido, prohibir el paramilitarismo afecta a todos los gobernantes que apoyaron las Convivir y al mismo tiempo fueron cómplices por acción u omisión de la barbarie del paramilitarismo en Colombia.
Por otro lado, la guerra frontal del gobierno de Uribe contra la guerrilla contó con aliados paramilitares. Para nadie es un secreto que, las zonas donde mayor alcance electoral ha tenido el hoy senador, son aquellas que históricamente han sido controladas por paramilitares: Antioquia, Cesar y Córdoba, que además de bastiones políticos del Uribismo, fueron los espacios donde el paramilitarismo se expandió.
Tan es así, que su hermano, Santiago Uribe, ha sido llamado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a declarar por sus supuestos vínculos en la creación de grupos paramilitares en los años noventa. El marco legal daba la razón a Uribe, ya que, en 1997, la sentencia C-572/97 de la Corte Constitucional aceptaba las Convivir con algunas restricciones.
En su gobierno, Uribe adelantó la “desmovilización” de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), comenzando en 2003 en Medellín con el Bloque Cacique Nutibara, y terminando en 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas, lo que muchos expertos internacionales han concluido como un proceso fallido, dado que los mandos medios y los paramilitares razos mutaron a otros grupos armados.
Que en 2017 exista un acto legislativo para prohibir el paramilitarismo da cuenta que Álvaro Uribe fracasó completamente en el proceso de “desmovilización” de dichos grupos.
Las caras visibles del Uribismo ya han demostrado que es a ellos a quienes les afecta la prohibición del paramilitarismo; por ejemplo, José Obdulio Gaviria ya salió a decir –cínicamente- que esta propuesta sugiere que hubo relación del Estado con los paramilitares. Se le olvida a este señor que existió (existe) el fenómeno de la “parapolítica”, que curiosamente tiene como mayoría de implicados a políticos (gobernadores, legisladores, etc.) de Antioquia, Cesar y Córdoba, y son ellos una muestra de que el Estado ha tenido una relación directa con estos grupos.
Es evidente que a los candidatos presidenciales del Uribismo no les conviene que se le diga a su jerarca en la cara que fracasó rotundamente en su proceso de “desmovilización”, que fracasó políticamente porque las FARC ahora hacen política sin armas mientras que los paramilitares siguen delinquiendo, siguen asesinando líderes sociales y siguen siendo un lastre para el país. No es casual que la popularidad de Uribe haya alcanzado mínimos históricos, que su Centro Democrático tenga cada vez menos votantes y que sea un requerido frecuente en los tribunales de justicia como referente del paramilitarismo.
Prohibir el paramilitarismo no es ningún logro, no permite superar una de las etapas más sangrientas de nuestra historia, pero sí es una buena medida para empezar a mejorar nuestras bases legales y blindarlas contra la guerra.
El camino es el correcto: la Constitución Política de Colombia debe ser robusta en la prevención y en la sanción del paramilitarismo y sus evidentes cómplices, además que debe ser el lugar donde -por estrategia- la historia deje una huella de paz.
Prohibir el paramilitarismo es necesario y sensato, asimismo es una buena medida para que vuelvan a surgir discursos alternativos en la política, que pongan los derechos humanos, el agro y la política social en las agendas del debate nacional sin miedo a ser aniquilados por mercenarios al servicio de la política de extrema derecha.
