Columnista:
Jenifer Martínez
La aplicación creada para informar los avances del virus en el mundo muestra que hace 70 días el SARS-CoV-2 entró a Colombia. Las personas, en cambio, no tienen muy claro cuándo sucedió este giro copernicano. Una mañana los noticieros hablaron de un virus mortal en el otro lado del mundo y, semanas después, la Organización Mundial para la Salud-OMS, lo declaraba pandemia.
Algunos googlearon la palabra para tratar de identificar la magnitud de la amenaza y se encontraron con la gripe H1N1 y el VIH/Sida, que han sido las epidemias de importancia internacional más recientes, pero ningún artículo pronosticó el confinamiento, la segregación, la ansiedad, la frustración, el colapso económico.
Un pedazo de ADN con envoltorio proteico ha sorprendido a la ciencia, tiene al mundo en aislamiento físico y en crisis a la economía mundial. Más allá de los efectos epidemiológicos, el virus ha expuesto públicamente los baches del modelo de economía hegemónico, la inconveniencia de seguir la ruta del neoliberalismo y la debilidad de Gobiernos como los de América Latina.
Colombia, por ejemplo, se raja en salud pública gracias a la Ley 100. No es una situación que apenas se deje ver, sino que la crisis da la razón a quienes han defendido este derecho y no a quienes abogan por su mercantilización; pues, además de lo que ha significado la descentralización del manejo de la salud pública, la Ley ha permitido la destrucción de la red hospitalaria, la carencia de recursos básicos para la atención, la precarización laboral del personal de la salud y un desigual acceso al servicio.
De otra parte, también hay un estremecimiento a nivel social. Saltan a la vista las precariedades de la pobreza y la pobreza extrema, y la vulnerabilidad de la clase media emergente. Población que sumada hace más de la mitad del país.
Que la economía nacional dependa de la mano de obra, nos ubica frente a una gran dicotomía: un sistema de salud que no tiene capacidad para enfrentar la pandemia, entonces la estrategia preventiva más indicada es la cuarentena. Sin embargo, aquello tiene un costo, que parte de lo económico, pero que trasciende.
Hace unos días expuse en Twitter una pregunta que me venía haciendo para poder tomar partido frente al confinamiento. Entendiendo que la premisa de un Estado democrático es velar por el bien común, en esta situación, el bien común es ¿la salud o la economía? Alcancé 7 votos –siempre impopular—. En todo caso, la mayoría eligió la salud. Puede que en la escasa votación haya influido el que era una pregunta sin el contexto que me había creado: ¿la salud de quién?, ¿la economía de quién?
Hoy por hoy el Gobierno es criticado por seguir alargando la cuarentena, pero transitar hacia un aislamiento inteligente, difícil situación. Colombia mantiene altos porcentajes de desempleo, informalidad, subempleo; gran parte del comercio está conformado por pequeñas y medianas empresas; muchos profesionales con emprendimientos o empleados por prestación de servicios, etc. ¿Cuál es el bien común en un país empobrecido y corrupto con un Estado eternamente incapaz de proteger a sus ciudadanos?
El aislamiento inteligente se le puede reprochar a sociedades como el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, cuya economía es capaz de soportar al menos seis meses en paro; así como al ciudadano clase media alta, con capacidad de teletrabajo y ahorros para ocho meses, se le criticaría su intención de salir. Pero, Colombia es el vendedor ambulante entre los países.
Eva Illouz escribió recientemente en una columna que “sin salud no puede haber economía”, en protesta a lo que los modelos de Gobierno neoliberal hicieron con los derechos fundamentales y los servicios públicos: degradarlos a tal punto que en una potencia como Estados Unidos escasean los trajes de protección para el personal médico. De apropiar la premisa de la escritora israelí para defender la medida de seguir en cuarentena estricta, valdría la pena preguntar, en este momento, ¿la salud de quién?
Aparentemente solo valen las muertes reportadas por la COVID-19. Las muertes por los efectos secundarios del confinamiento no. El hambre, la depresión, el suicidio, la convivencia y la violencia, parece que no tienen nada que ver con la salud.
Hay desabastecimiento de medicamentos, se han aplazado citas médicas con especialistas, no hay atención médica prácticamente para nada diferente al virus, como si la idea fuera solo prevenir la muerte por afectación respiratoria. Es posible que, los que no tienen ni hambre ni violencia en sus hogares ni un nivel de endeudamiento con el que estén sintiendo que no van a poder responder, ahora su principal miedo sea contagiarse y que no haya una cama disponible en la UCI.
No todos pueden dedicar la cuarentena a aprender a preparar panes artesanales. La mayoría de la población está en riesgo de caer en la pobreza o incluso en la indigencia; y la clase media, so pena de perder la cordura, vendiéndole el alma a los bancos. Mientras quienes critican tras la pantalla la cuarentena inteligente, con el argumento de proteger la salud de los menos favorecidos, ellos son justamente los más afectados por el confinamiento. ¿La vida de Alberto Ulloque no hacía parte del plan de priorizar la salud por encima de la economía?
Seguir en cuarentena total implicaría acentuar el hambre de indigentes, migrantes, recicladores; la precarización de la calidad de vida de comerciantes al detal y vendedores informales; la estabilidad económica y emocional de dueños de pequeños restaurantes, papelerías, miseláneas, librerías independientes, talleres de confección, trabajadores freelance, y todos aquellos que Planeación Nacional ha dejado siempre por fuera del radar, y acumular riquezas no es fácil en un país como este.
Hay quienes le han propuesto al Gobierno que se den bonos y se triplique la capacidad de protección social del Estado, pero eso no va a suceder. Hemos visto que la clase política de este país es capaz de aprovechar la coyuntura para robarse la plata de los mercados, volver a darle los subsidios de los campesinos a poderosos empresarios, esconder los escándalos de la parapolítica y chuzadas a periodistas y opositores, y sugerir cerrar el Congreso. Parece obvio escribir que el Gobierno no nos va a salvar.
Decretar medidas menos radicales de aislamiento no obliga a salir. Obliga a sentir empatía con quién no puede mantenerse en el encierro. Hoy, estar del lado de los más vulnerables es estar a favor de una cuarentena inteligente. Aunque para que sea inteligente, se necesite educación y tengamos la certeza de que este Gobierno no invertirá recursos en educar para prevenir el contagio. Nos toca a nosotros mismos, desde la cooperación, el autocuidado y el cuidado del otro.
A falta de testeo preventivo y rastreo de contacto, es imperante cuidarnos mutuamente, usando todas las medidas de prevención para disminuir el riesgo: llevar siempre tapabocas al salir a la calle, desinfectar todo lo que ingrese a nuestras casas, entrar sin zapatos, etc., pero, por encima de todo, no salir si no es absolutamente necesario.
