¿Y la responsabilidad de Santos?

Eran mediados del 2007 cuando un funcionario de la Naciones Unidas le pidió al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; y al comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, reunirse con ellos en su despacho para transmitirles una información muy delicada. Así como lo relató el portal Semana.com, Santos y Padilla fueron a la oficina del organismo internacional donde los esperaba un soldado de la Brigada XIV de Puerto Berrío.

Según el soldado, él pertenecía a una pequeña unidad casi secreta cuya función era conseguir muchachos de origen humilde, asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, mientras el soldado se encontraba en licencia, la misma unidad para la que trabajaba asesinó a su padre, sin saber del parentesco con el soldado, y lo presentó como un guerrillero. Cuando regresó a la brigada y se enteró de lo ocurrido, tomó la decisión de dejar el Ejército y contar al organismo internacional lo que estaba sucediendo.

Pese a que el Ejército decidió llevar a cabo una investigación administrativa, cuyas conclusiones preliminares fueron que lo que decía el soldado no era verdad y que su padre en realidad era un guerrillero; un año antes, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia ya había manifestado su preocupación por los crecientes casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el Ejército.

Meses después, la entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, comenzó a registrar que 11 muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar, cuya desaparición había sido denunciada por sus familias, resultaron reportados en Ocaña como muertos en combate. De acuerdo a las pruebas presentadas y las irregularidades en los eventos, López salió a la opinión pública a manifestar los que fueran potenciales casos de ejecuciones extrajudiciales o lo que en su momento la prensa denominó “falsos positivos”.

Reunidos otra vez Santos y el General Padilla, esta vez con el entonces presidente Álvaro Uribe, decidieron ordenar una investigación a fondo. El general Carlos Suárez, inspector general del Comando de las Fuerzas Militares, fue al Magdalena Medio y a las regiones de Santander donde habían sucedido los hechos, y su informe fue contundente: las ejecuciones extrajudiciales eran verdad.

Aunque Uribe y Santos tenían las esperanzas de que las denuncias fueran exageradas, con el General Padilla llegaron a la conclusión de que era necesario mandarle un mensaje al país y a la comunidad internacional reconociendo la existencia de esos crímenes, pero también el rechazo del alto gobierno a estos. Se decidió, por lo tanto, llamar a calificar servicios a 26 oficiales que, sin tener responsabilidad directa sobre los hechos, sí podrían tener alguna responsabilidad de mando por ser delitos que se cometieron por personas o en zonas que estaban bajo su jurisdicción.

A partir del 2007, “el gobierno tomó medidas importantes para parar y responder a estos homicidios”, dijo el Relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU en su visita a Colombia en 2009. En primer lugar, cambiaron los indicadores de éxito de la Fuerza Pública, mediante directiva 300-28 de noviembre de 2007. Y, para otorgar la medalla gris o de orden público, que normalmente se entregaba a los militares que mostraban más bajas en combate del enemigo, se tuvieron en cuenta otros indicadores como la disminución de secuestros y de homicidios en la jurisdicción.

El cambio de indicadores asumido por Santos puede no sonar a gran cosa, pero cuando Marta Lucía Ramírez intentó hacer lo mismo durante el primer período de Uribe como ministra de defensa (2002-2003), le costó el cargo. Santos fue el primero en lograr que las bajas no fueran un indicador de promoción o incentivos económicos. Pero aún después de que Santos asumiera esas medidas administrativas, las ejecuciones extrajudiciales, que venían en ascenso desde el 2002 (menos de 100) y se habían disparado en el 2004 (casi 200), alcanzaron su pico durante su primer año como ministro. En 2006, se calcula que hubo 274 casos de falsos positivos y para 2007, se registraron 505 casos, según datos de la Fiscalía. En 2008, bajaron a 156 casos. Y en 2009, siete.

Ahora bien, recientemente el Consejo de Estado falló dos sentencias claves para entender la responsabilidad de los funcionarios públicos en la comisión de este tipo de delitos. En primer lugar, el DIH, que busca regular los conflictos armados, se ha confundido en Colombia como una licencia para matar; lo que, según el Consejo de Estado, dio pie al fenómeno de los “falsos positivos”. Y, en segundo lugar, porque esto no fue solo responsabilidad de la Fuerza Pública por los incentivos perversos, sino también fue responsabilidad por la pasividad de las instituciones.

En el caso de los autores materiales mucho se ha hablado sobre su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, en cumplimiento de órdenes de sus superiores; pero poco se ha hecho referencia a las responsabilidades políticas de quienes, como Juan Manuel Santos, ocuparon la dirección del Ministerio de Defensa; con lo cual, se constituye una responsabilidad indirecta, máxime por no haber utilizado los recursos suficientes para detener las desapariciones forzadas.

Bajo ese contexto, el Consejo de Estado falló la demanda de reparación directa contra el Estado que exigía la familia de Wálter Jony Henao, víctima de desaparición forzada en enero de 2007 –periodo en el que Santos era Ministro de Defensa-, y que habría sido re victimizado por la defensa del Ministerio al seguirlo considerando como rebelde y guerrillero para no pagar la indemnización.

A este caso se suman las otras 1.228 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que reposan en las investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia. Casos que se encuentran pendientes en la justicia ordinaria del país y que si no son resueltos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), terminarán llevando a los 26 generales y coroneles investigados por estos hechos ante el tribunal internacional.

El meollo del asunto, más allá de la responsabilidad directa o indirecta que se pueda determinar, es que existe un detrimento en el erario por los gastos que significan la defensa del Estado y la indemnización que se deberá pagar a la familia de Henao: 1.400 millones de pesos. Dinero que sale de los impuestos que pagamos todos los colombianos.

Si tomamos los casos que son registrados de julio de 2006 a mayo de 2009, periodo en que Santos se desempeñó como Ministro de Defensa, serían 942 indemnizaciones que potencialmente entregaría el Estado a las víctimas de resultar favorables para estas. Un 76% de las 1228 desapariciones forzadas que se registran.

En otras palabras, el 76% de las indemnizaciones por las que debería responder la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, solo bajo la batuta de Santos, superaría el billón de pesos. Un hueco fiscal comparable al presupuesto anual de una capital departamental como Montería. Aunque cabe destacar que no todas las indemnizaciones son por el mismo monto.

Un escenario que no resulta favorable para Santos, teniendo en cuenta que la legislación nacional cuenta con una figura que implica que “Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra éstos por lo pagado” (Ley 1437 de 2011, Artículo 142).

Es decir, el Estado deberá pagar la indemnización, y luego cobrarle al funcionario –o exfuncionario- público, en cabeza de la entidad responsable, para recuperar el dinero que se utilizó para la indemnización. No es claro si esta figura aplique para el actual presidente Santos. Aunque sí es claro entender que el fuero presidencial no cobija el periodo que desempeñó como jefe ministerial, sino solamente desde que se posesionó como presidente por primera vez en 2010.

En ese sentido, ¿Podría repetir -o pedirle el dinero utilizado para las indemnizaciones- el Estado a Santos por su responsabilidad política y económica en las ejecuciones extrajudiciales como Ministro de Defensa?