El acuerdo para el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc, firmado el 23 de junio, representa para Colombia una de las fechas cruciales e importantes de su historia. No solo por la firma, si no por lo que significa, terminar con más de 60 años de violencia armada interna. Esto ha despertado sentimientos de alegría y esperanzas por lo que viene, tiempos de posconflicto, reconciliación y resocialización. Sin embargo, queda en el territorio colombiano la causa de todos los males que padece, la corrupción.
La corrupción ha desangrado gota a gota a Colombia. Millones y millones de pesos destinados a la inversión social, mal gastados y mal administrados por los políticos y gobernantes, tienen a Colombia en cuidados intensivos. Un verdadero cáncer, lleno de pobreza, desigualdad, indigencia y violencia social. Tan grave es la situación, que en las últimas dos décadas la corrupción le ha costado a Colombia 189 billones de pesos, es decir, el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto. (Ver link)
Ante este panorama desalentador, la “paz verdadera” tiene un gran obstáculo en la corrupción, porque a mayor corrupción más violencia. Así lo indica el Índice Global de Paz (IGP), destacando que un país violento tiene altos índices de corrupción. Colombia en este estudio está ubicada en el puesto 146, calificada como uno de los países más violentos del mundo.
A pesar que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría hacen seguimiento a los débiles diseños institucionales de administración y gobernabilidad de los recursos públicos, la corrupción sigue dejando estragos, es una enfermedad que está destruyendo a los colombianos. El último informe de Transparencia por Colombia revela que las instituciones que tienen a su cargo el manejo eficiente de los recursos del país son las más corruptas, es decir, tienen un bajo índice de transparencia con alto riesgo de corrupción. La Cámara de Representantes lidera la lista con 24,3 puntos sobre 100, le sigue el Senado (45,4), el Consejo Superior de la Judicatura (49,8), el Ejército Nacional (51,2) y la Agencia Nacional de Contratación Pública (52). ¡Qué paradoja! (Ver informe)
Imagen cortesía de: asturias.podemos.info
Las cifras hablan por sí solas. Es un llamado de atención al Gobierno colombiano, vergüenza debería darles. Respecto a las regiones, Chocó, Vaupés, Guainía, Caquetá, La Guajira y Putumayo, son los departamentos donde existen los mayores focos de corrupción. Razón por la que muchas de sus poblaciones carecen de agua potable, acueducto y energía. La pobreza reina en esos territorios. Y si se comparan esas regiones con los lugares de mayor afectación por la violencia armada la diferencia no es considerable, son los mismos territorios.
Aunque los intereses del Gobierno es alcanzar la paz en el país, el informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparency International, demuestra que la corrupción en el sector público está muy arraigada, siendo un verdadero riesgo para una paz estable. Colombia tiene 37 puntos sobre 100, la misma calificación de los últimos cuatro años, ocupando el puesto 83 de 168 países evaluados. (Ver informe)
La dimensión social de las acciones y prácticas corruptas de los dirigentes políticos resulta alarmante, porque frenan la cristalización de los principios constitucionales, principalmente la paz; deforman el manejo de los recursos públicos, el erario queda en manos de unos pocos; disminuyen las posibilidades del desarrollo del bien común, predomina el interés particular sobre el colectivo; y baja la confianza en las instituciones públicas, por la falta de transparencia y la débil cultura de rendición de cuentas.
De esta manera, el fenómeno del desvío irregular de los fondos públicos plantea retos para la paz, porque el proceso de paz va a requerir de la pulcritud en el manejo del dinero por parte de las instituciones públicas tradicionales y la veeduría eficiente de los recursos invertidos para el posconflicto de las nuevas instituciones. Será necesario para una “paz sostenible” la transparencia, el control social de los ciudadanos, la rendición de cuentas de los dirigentes políticos y el fortalecimiento de las políticas públicas para combatir la corrupción.
No puede haber paz sin la lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es simplemente un delito, es el mal social de Colombia, que atenta directamente a los derechos humanos, al desarrollo social, a la oportunidad de gozar los recursos públicos destinados para el mejoramiento de la calidad de vida.
Entonces, para que haya verdadera paz es necesario erradicar desde las raíces la corrupción que existe en la clase dirigente política, en las instituciones públicas, incluso, en la misma sociedad colombiana.
Publicada el: 27 Jun de 2016
