Una prensa al servicio del mejor postor

Columnista: Joaquín Robles Zabala

La historia se repite no porque estemos condenados a repetirla, como asegura la celebrada teoría nietzscheziano del “eterno retorno”, no porque la hayamos olvidado, como reza el recordado adagio. La historia se repite porque somos ingenuamente estúpidos o testarudamente soberbios. Cuando los intereses particulares se anteponen a los colectivos, se está abonando el terreno para el desastre. Cuando el director de un hospital utiliza los recursos destinados a la salud para otra cosa que no es la salud, será el culpable de las numerosas muertes que se produzcan entre los pacientes de su institución. Esto ha ocurrido una y otra vez no porque tengamos memoria a corto plazo, sino porque aquello que no nos afecta, sencilla y llanamente, no es con nosotros.

Los periodistas, afirmó un historiador amigo, son los nuevos historiadores, los encargados de escribir los hechos recientes. Estoy de acuerdo en parte con su sentencia, pero el asunto aquí no es solo el “qué” o “quién”, sino el “cómo”. Siempre he creído que los hechos son los hechos y que estos no pueden cambiarse como tal, pero sí son susceptible de alteración o de perspectiva. El periodismo es el Cancerbero (en términos del legendario mito griego) de los acontecimientos y, si se quiere, de la verdad. El instrumento que nos permitirá darle claridad a circunstancias oscuras, aquellas que, en palabras del gran George Orwell, “alguien no quiere se publique”.

Pero lo que ha venido pasando en las últimas décadas en Colombia con ese Cancerbero nos permite deducir que se ha politizado y empieza a crear más dudas que certezas. El periodismo no tiene como objetivo torcer la voluntad política de los ciudadanos para que voten a favor de uno u otro candidato a una corporación pública. En este sentido, su función es informar, develar sus nombres, quiénes son, qué han hecho o a que afiliación política pertenecen. La patética Gran Encuesta de Medios (Caracol Radio y Televisión, en asocio con la Revista Semana) dejó más claro que nunca la manipulación que en Colombia ejercen en los ciudadanos las grandes empresas de comunicación. Más allá de proyectar una posible preferencia, lo que vimos, y que quedó claro en la retina de opinantes y ciudadanos, fue la de imponer candidatos de una colectividad determinada.

Pasó en Medellín, donde la Gran Encuesta siempre dio como ganador a la alcaldía a Alfredo Ramos Jr. con una enorme ventaja sobre Daniel Quintero. Pasó en Bogotá, donde el hijo de inmolado Luis Carlos Galán, Carlos Fernando, siempre estuvo por encima de la hoy alcaldesa electa Claudia López.  Pasó en Cartagena de Indias, donde William García, representante de la podredumbre política de la ciudad y el departamento, nunca estuvo por debajo de William Dau, candidato independiente que, al final de la jornada electoral, se alzó con título de alcalde electo. Pasó en Santa Marta, donde el Mello Cotes estuvo siempre adelante en la intención de voto de los samarios, pero que, al final, fue barrido por Carlos Caicedo.

Pero las pifias de las grandes empresas de comunicación, representantes de casas editoriales como Semana, El Tiempo, Caracol Radio y Televisión, dejó claro que una empresa de comunicación –queramos admitirlo o no– es solo una empresa cuyo objetivo es la rentabilidad.

Nadie invierte varios millones de dólares en un negocio para perder. Ningún perro (reza el adagio) muerde la mano de quien le da de comer. Y hay que aclarar que los medios de comunicación no viven de sus lectores, oyentes o televidentes, sino de las pautas publicitarias. Y ellos lo saben por experiencia: el mayor aportante a estos grandes contratos trae la impronta estatal. Si el gobierno de turno se constituye en el mayor dador de contratos a una casa periodística, cabe preguntarse cuál sería la reacción del medio que recibe la dádiva frente a una decisión del gobierno que afecta negativamente a una comunidad.

Las pifias, en el sentido, no serían pifias sino la puesta en marchar de políticas que permitan justificar el hecho, distorsionarlo o simplemente ocultarlo con el propósito único de mantener unos beneficios económicos y los puentes comunicantes con el poder tendidos.

No podría entenderse que dos de los grandes escándalos políticos que han afectado en el último año a Colombia hayan sido denunciados (primero) por la prensa internacional, como fue la puesta en marcha de unas nuevas políticas estatales que incentivarían el regreso de los “falsos positivos” y (segundo) la muerte de ocho niños en un bombardeo de la Fuerza Aérea y el Ejército contra un campamento subversivo en el departamento del Caquetá, sur del país. El primero develado por el diario estadounidense The New York Times y el segundo por un senador de la República. Los intereses políticos de la revista Semana con la Casa de Nariño la llevó no solo a ocultar una información trascendental para el país, sino en alertar al gobierno sobre lo que vendría cuando el escándalo estallara. Lo mismo hizo El Tiempo, del magnate Sarmiento Angulo, quien según información divulgada por El Espectador (13/12/2018), fue el aportante, a través del Grupo Aval, del 66% de los dineros que entraron a la campaña presidencial de Iván Duque.

Juan Gossaín, quien fungió durante casi dos décadas como director de noticias de RCN Radio, expresó en 2016 “que nunca, a lo largo de mi vida como comunicador había visto al periodismo del país tan permeado por la política”, tan enredado en la misma mierda. O sea, defendiendo los intereses de un gremio del que debería ser su fiscalizador. Si la prensa no cumple con su deber de “publicar aquello que alguien no quiere que se publique”, entonces no está haciendo periodismo, sino otra cosa: relaciones públicas (según Orwell) o, simplemente, una voz al servicio del mejor postor.