Columnista:
León Fredy Muñoz
La crisis socioeconómica causada por la COVID-19 ha significado estragos en todos los sectores productivos del país. El panorama es desalentador, con una tasa de desempleo cercana al 20 %, lo que equivale a más de 5 millones de personas que perdieron su fuente de ingresos. Las medidas que ha tomado el Gobierno para asegurar la subsistencia de la ciudadanía han sido insuficientes, realizando incluso acciones que atentan directamente contra los intereses de los trabajadores y empresarios nacionales.
El sector artístico y cultural se ha visto especialmente perjudicado con el paro de actividades, la crisis en la que se encuentra en este momento necesita de acciones contundentes por parte del Gobierno, puesto que, por las características propias del sector, las personas que hacen parte de este se encuentran en gran riesgo de vulnerabilidad. Es un sector donde la mayoría de los trabajadores son independientes o informales, lo que significa que no cuentan con ningún tipo de protección social y, ante el cese de actividades, personas que no figuraban como vulnerables antes de la pandemia han entrado efectivamente en esta situación.
La respuesta del Gobierno Nacional muestra el desconocimiento y la falta de interés que se tiene hacia la cultura, con un Ministerio que no cuenta con los recursos necesarios para poder garantizar los derechos de las personas que hacen parte del sector. Es más, es un Ministerio que desconoce quiénes son las personas que dependen directamente del desarrollo de actividades culturales y artísticas, una de las demandas que tienen las diferentes organizaciones y, colectivos del país, es la necesidad de un censo artístico nacional en el cual se tengan en cuenta a quienes realizan actividades administrativas y técnicas.
Son tres los decretos presidenciales emitidos para el sector Cultura durante la primera declaratoria del Estado de Emergencia: el Decreto 475, el 516 y el 561. Las medidas estipuladas en estos decretos son ineficaces, demuestran el desconocimiento del sector y sientan precedentes perjudiciales para la industria cultural nacional.
El Decreto 475 obliga a las entidades territoriales a girar los recursos de las BEPS. Las BEPS son un programa de ayudas que se le dan a los adultos mayores inscritos en este, en un intento de reemplazar una pensión digna, que salen del 10 % del recaudo de la estampilla procultura. Esto significa que bajo este decreto simplemente se ordena hacer entrega de ayudas que ya estaban estipuladas, sin ampliar los recursos disponibles y sin incluir a adultos mayores no inscritos en las BEPS. En este mismo decreto se reduce el número de películas nacionales que se deben presentar en salas de cines, medida que deja un mensaje de completa falta de apoyo a los productores nacionales de pequeño y mediano tamaño.
El Decreto 516 reduce la cuota de pantalla de producciones nacionales en los canales de televisión, pasando en el horario triple A (7 a diez de la noche) de un 70 % a un 20 %. Nuevamente sale a relucir la falta de apoyo del Gobierno a la industria nacional, en un momento donde se debería antes fortalecer la posición de las producciones nacionales, se da vía libre a que se opte por lo extranjero, desprotegiendo a la gran cantidad de personas involucradas en la realización de dichas producciones, resaltando nuevamente la necesidad de tener en cuenta a las personas en labores técnicas y administrativas.
El Decreto 561 crea transferencias monetarias no condicionadas para que sean entregadas a artistas y gestores culturales en situación de vulnerabilidad. Los recursos para estas transferencias salen del recaudo del impuesto nacional al consumo destinado a la cultura, calculándose una disponibilidad de $30 000 millones para ser repartidos en tres pagos de $160 000 para cada persona, un total de $480 000 hasta diciembre de 2020. Así, bajo este decreto se piensan unas ayudas irrisorias para asegurar la subsistencia de la población vulnerable en el sector, población que ha aumentado drásticamente a causa del paro de actividades y que se ve desprotegida por un Ministerio que no cuenta con los datos para localizar quiénes son y dónde están, pues son las entidades territoriales las encargadas de definir los criterios de vulnerabilidad para la entrega de las transferencias.
Estos tres decretos permiten evidenciar cómo las acciones del Gobierno para la cultura no corresponden a las realidades en el sector, con acciones que sirven como paños de agua tibia e incluso menosprecian los esfuerzos hechos en este. La pandemia solo ha potenciado y agravado problemáticas ya existentes como la informalidad, el trabajo independiente que no genera protección social y la falta de apoyo gubernamental a los pequeños y medianos empresarios del sector. La recuperación va a ser una tarea hercúlea, por lo que es necesario que el Gobierno aumente la cantidad de recursos disponibles para el sector y genere planes en los que se tenga claro la composición de este y la importancia de garantizar la subsistencia de personas y proyectos, en miras a una reactivación satisfactoria.
