Su alteza el exconvicto

Columnista:

Armando López Upegui

La despersonalización del poder es una de las primeras conquistas de la era de las revoluciones que comenzó con la proclamación de la independencia de los Estados Unidos de América y se convirtió en característica prominente del Estado de derecho. Es decir, que, a diferencia del Estado absoluto periodo en el cual había personas que se llamaban altezas y se podían arrogar el privilegio de decir que ellos eran el Estado, ahora el poder ya no le es inherente al individuo que ostenta una dignidad o posición sociopolítica directiva. Y si existe alguna potestad no depende de su grandeza, de su riqueza, de su influencia política, sino del cargo que desempeñe dicho individuo.

De esa separación entre individuo y poder se desprende, como consecuencia necesaria, el hecho de que todas las personas, independientemente de la dignidad u ocupación que tengan, están sometidas al imperio de la Ley. 

Así lo determina claramente el artículo 6.° de la Carta Política cuando estipula que los ciudadanos solo son responsables ante las autoridades por la violación de la Constitución o la ley. En otras palabras, tanto la Constitución como la ley son obligatorias para todos, independientemente de si nos gusta o no, de si estamos de acuerdo con ella, de si la reconocemos o no.

Frente a estas realidades, resulta entonces totalmente fuera de lugar la actitud asumida por él, todavía, ciudadano en ejercicio Álvaro Uribe Vélez frente a la visita que le realizó en su mansión campestre la Comisión de la Verdad.

Pero ¿qué es la Comisión de la Verdad y cuál es su relación con la Constitución y la ley?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, es un instrumento de carácter temporal y extrajudicial que pertenece al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que tiene por propósito desentrañar la verdad de lo ocurrido a lo largo del conflicto armado, buscando así esclarecer los delitos cometidos por los distintos actores y tratar de explicar su complejidad a la sociedad. Su fundamento jurídico, si bien tiene sus raíces en los acuerdos de paz de La Habana, se encuentra perfectamente reglado en la Constitución Política de 1991.

En efecto, la vida jurídica de la Comisión de la Verdad nace directamente del Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, que hacen parte de los instrumentos jurídicos previstos en la propia Carta para su reforma. 

De suerte que carezca de sentido pretender desconocer la existencia o la legalidad de la Comisión de la Verdad, con el argumento de que ella es fruto de los acuerdos de La Habana que no pasaron el plebiscito, porque la Constitución Política puede reformarse no solamente por medio de la citación a la plebe, sino mediante los actos legislativos que el Congreso de la República tramita. Y esa fue la forma como la Comisión surgió: un acto reformatorio de la Carta llevado a cabo por el Congreso de la República.

Y eso para no hablar de la legitimidad de esa institución, la cual está más que probada con el respeto y el acatamiento que la sociedad en su conjunto ha brindado no solo a la Comisión, sino a todo el sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición, al punto de que hasta el propio gobierno del presidente Mario, así sea a regañadientes, la ha reconocido.

Pero, escudado como siempre en la arrogancia que garantiza la impunidad, el todavía ciudadano en ejercicio pretendió, primero desconocerla y después doblegar a la Comisión, obligándola a acudir a sus dominios, tratando de imponerles el orden del día, observando una conducta displicente, desobligante; permitiendo la participación con lenguaje escatológico y amenazante de sus cuestionados delfines, en el desarrollo de la reunión. Y, finalmente, ensayando la misma disculpa de siempre, la que ha empleado para negar a pies juntillas todas las responsabilidades en hechos supremamente graves por los cuales está siendo investigado y, de alguna manera, se halla involucrado ineludiblemente: él no sabe nada.

Su alteza se cree situado por encima de la Constitución y la ley, gracias a que ha contado con la alcahuetería de unos políticos irresponsables y corruptos que enervaron todas las investigaciones en su contra en el interior de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sigue convencido de que podrá salir seco de la piscina, como dijo la Sala del Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia.

Y por eso se inventó cínicamente la fábula según la cual los asesinatos llamados falsos positivos fueron el resultado de un engaño a que lo sometieron a él, los soldados. 

Pero ese cuento no cuadra. El sujeto que fue catalogado por uno de sus áulicos, concretamente por el primo de Pablo Escobar, como una «inteligencia superior»; el mismo de quien cuando era candidato presidencial decían los periodistas lambones que «le cabe el país en la cabeza»; el individuo que fue declarado por un canal de televisión, del cual según se dice, él mismo es socio mayoritario, como el ‘Gran Colombiano’. El mismo que les contestó a las madres de las víctimas de los falsos positivos que sus hijos víctimas de los homicidios «no estarían propiamente cogiendo café»; ese mismo hombre que siempre ha tenido el control de todo lo que sucede a su alrededor, ahora va a resultar dizque víctima de una engaño de los soldados. ¡Los soldados, a quienes él «braviaba» para que le produjeran resultados! Todo esto parece más una demostración de cinismo que una muestra de buena voluntad para el esclarecimiento de los luctuosos hechos.

Y, precisamente como cree que está por encima de la norma, lanzó una propuesta de tahúr resteado: la aprobación de una ley de amnistía general. Listo, perdón y olvido. Punto final. Con la convicción de que se trata de una oferta «que no podrán rechazar», como las que hacía el don Corleone, y seguro de que tirios y troyanos, él el primero, resultarían felices de beneficiarse de ese borrón y cuenta nueva.     

Aunque se le olvidó al ventajoso jugador que aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son imprescriptibles e inamnistiables, porque Colombia tiene firmados tratados internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 93 de la Constitución, como los que le dieron vida al Tribunal de Roma y que esa jurisdicción penal internacional cobra vida de manera automática cuando la justicia interna fracase u omite actuar para investigar y sancionar de alguna medida dichas conductas. Esa propuesta resulta inaceptable.

Por otra parte, en cuanto dice relación a la visita de la Comisión a los dominios del investigado y, en general, en relación con la actitud asumida por sus miembros, uno entiende que se trata de una manera de poner en evidencia la arrogancia del impune exconvicto; que en el caso del padre De Roux se trata del ejercicio de la virtud de la humildad propia del pastor; que, finalmente, era importante intentar lograr que el sujeto aportara alguna luz sobre la verdad o que, por lo menos, diera alguna versión sobre lo sucedido. 

Sin embargo, nadie nos quita la convicción de que la majestad de las instituciones fue vulnerada y pisoteada por la arrogancia del personajillo, lo cual no ha debido permitirse, aunque sí es bueno hacer resaltar que gracias a la descarada intervención de los cuestionados retoños, que no eran convidados a la reunión, ya nos podemos hacer una clara idea de lo que nos espera si, en una oscura hora de la República, el poder llegare a caer en manos de los nefandos vástagos de este engreído investigado.