Se requiere con prontitud una política para rejuvenecer el campo colombiano

Los programas gubernamentales para impulsar los emprendimientos y la empleabilidad no han contado con suficientes recursos ni continuidad, no han sido debidamente coordinados, no han atendido los componentes claves ni han tenido en cuenta las características, expectativas y necesidades de los jóvenes.

Opina - Economía

2021-02-08

Se requiere con prontitud una política para rejuvenecer el campo colombiano

Columnista:

Daniel Corzo Arévalo

 

En 2020, la población total de jóvenes entre los 14 y 28 años en Colombia descendió de 12 millones de personas en 2018 a 10,9 millones, de los cuales, un 21,1 % habita en zonas rurales según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE en 2020. De los más de 2,3 millones de jóvenes residentes rurales en edad productiva, cerca del 40% (más de un millón y medio) se encuentra en condición de pobreza y el 16,7 %, en pobreza extrema. Estas cifras superan más de tres veces el porcentaje de jóvenes urbanos en situación de pobreza o extrema pobreza (4,8 %) de acuerdo con el texto Diagnóstico de la juventud rural en Colombia. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia de Pardo (2017).

El espacio rural colombiano presenta claros problemas estructurales. Los jóvenes rurales han quedado sistemáticamente excluidos —frente a sus pares urbanos— en lo que respecta a necesidades básicas, acceso a servicios públicos e infraestructura, años de educación formal y oportunidades de inserción laboral según el Informe lineamientos de política para la juventud rural en Colombia de 2018. En zonas rurales, el 16 % de los jóvenes está afiliado al régimen contributivo de salud, cifra que en los urbanos es del 52 %. Así también, mientras que el 28 % de los jóvenes en zonas urbanas continúa con educación postsecundaria, un escaso 6 % de los jóvenes rurales llega a ese nivel de instrucción.

La inactividad de los jóvenes es una de las grandes preocupaciones en las zonas rurales. Contrario a lo que podría suponerse en cuanto a la economía del campo, los jóvenes participan de las actividades económicas en menor proporción que en las ciudades. Solo el 75,5 % de los jóvenes en zonas rurales participa en la actividad económica, mientras que en zonas urbanas, este porcentaje es más de 6 puntos (81,7 %), de acuerdo con Pardo (2017). El problema de ocupación laboral guarda relación con la maternidad temprana, pues una de cada cinco mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, está embarazada (19,5 %) o tiene uno o más hijos.

En 2014, solo el 0,3 % de los jóvenes rurales eran poseedores de tierra. Si esta relación se mantiene al día de hoy, tendríamos un minúsculo grupo de 792 jóvenes rurales poseedores de tierras y una masa de más de 2 millones que no cuentan con el principal medio de subsistencia. Sin nada que los arraigue al campo, donde imperan los altos índices de pobreza, la falta de oportunidades y la violencia suscitada por el conflicto armado, los jóvenes de zonas rurales no ven mejor opción que migrar a los centros poblados y ciudades en busca de mejores oportunidades de vida según el texto La juventud rural en Colombia y sus condiciones de acceso y permanencia en la tierra.

Existe una relación inversa entre la migración juvenil a las ciudades y las oportunidades de desarrollo personal y laboral que ofrecen los territorios rurales de acuerdo con el  IICA (2017). Una de las principales razones de la migración es la falta de oportunidades económicas: hay pocas opciones y la mayoría de ellas implican trabajos pesados, rutinarios y mal remunerados. Además, los programas gubernamentales para impulsar los emprendimientos y la empleabilidad no han contado con suficientes recursos ni continuidad, no han sido debidamente coordinados, no han atendido los componentes claves ni han tenido en cuenta las características, expectativas y necesidades de los jóvenes.

Hasta hoy, no existe una estrategia integral de política pública para la juventud rural. La legislación sobre juventud en Colombia se ha establecido desde dos leyes: la Ley 375 de 1997, que solo hace referencia a jóvenes rurales en dos ocasiones, y la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que aumenta esta mención a 4. Claramente, estas consideraciones han sido insuficientes para garantizar el reconocimiento y el ejercicio de los jóvenes rurales como sujetos sociales y de derecho.

Es por ello por lo que se requiere una ambiciosa estrategia de política en esta materia; que guíe el desarrollo del campo desde la mirada de los jóvenes rurales. Tal y como se exhorta en la Ley Estatutaria de la Juventud, es necesario «diseñar e implementar una política integral de inclusión, reconocimiento y promoción de la ciudadanía juvenil en el ámbito rural, con enfoque diferencial». Para ello, es indispensable la participación de los jóvenes rurales y sus organizaciones, teniendo en cuenta las dinámicas y características específicas de cada segmento; tanto en edades, etnias y deseos. Esta nueva política pública ha de proponer el acceso a diferentes factores de producción y contar con los conocimientos y aptitudes requeridas, bajo los pilares de “Producción” y “Educación”.

Producción se entiende como acceso a tierra, tecnología y financiación, siendo estos tres recursos fundamentales para establecer políticas diferenciales. El acceso a tierra permitirá mantener el deseo de los jóvenes de permanecer en el campo, pues aquellos que no poseían tierra tendrán ahora un medio para generar ingresos. La tecnología transformará la manera como se realizan las actividades económicas, dado que los jóvenes están ávidos de innovar en sus métodos de trabajo y dejar atrás las formas tradicionales, menos eficientes y productivas. Para facilitar la financiación, los jóvenes deberán contar con condiciones especiales de acceso al crédito (puesto que no tienen historial crediticio ni trayectoria productiva). Así también, se deberá integrar los programas ya existentes de generación de ingresos[1], cuyo impacto es relativamente inexistente debido a que se encuentran desarticulados[2].

Finalmente, el pilar de “Educación” debería conducir a una política pública integral de jóvenes rurales con énfasis en la generación de ingresos, orientada al  acompañamiento integral y al desarrollo de capacidades para manejar sus emprendimientos: tecnológicas y productivas; empresariales y comerciales; organizativas y administrativas; etcétera. Es necesario, entonces, articular las políticas de educación media con proyectos pedagógicos productivos encaminados hacia las apuestas productivas de los territorios[3].

Si desarrollaran sus capacidades y tuvieran acceso a las oportunidades de las que actualmente carecen, los jóvenes rurales podrán convertirse en líderes de la transformación de sus territorios, para hacer de ellos lugares en los que todos sus habitantes puedan construir la vida que desean[4].

Fotografía: cortesía de FAO Colombia.

Fuentes adicionales:

[1] Las siguientes entidades tienen programas relacionados con la generación de ingresos rurales, a los que los jóvenes podrían acceder: el MADR y sus entidades adscritas (Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de Renovación del Territorio), Prosperidad Social, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio del Trabajo y las entidades que están bajo su jurisdicción (SENA, Cajas de Compensación Familiar, Unidad de Organizaciones Solidarias), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y algunas Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras.

[2] Perry, S. (2017), Elementos y recomendaciones para una estrategia de protección social rural, documento para la OIT, Bogotá, marzo.

[3] DNP (2015). El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la Transformación del Campo.

[4] ECADERT (2017), Plan de Acción Regional dirigido a la Juventud Rural en los países del SICA.

( 2 ) Comentarios

  1. desde los embriones de negociacion de los tratados de libre comercio con poderosas potencias, se sabia el destino de la agricultura en Colombia. No existe la minima intencion de darle la mano al campo colombiano, la orden perentoria no escrita en esos documentos es que no quede titere con cabeza en ese sector y las agroindustrias dependientes del sector rural pasen a manos de companias extranjeras … clamar auxilios es arar en el desierto, sin embargo los gritos, lamentos y llantos son propios de una guerra perdida que deben quedar como testimonio de la traicion de los gobernantes a su propio pueblo.s

  2. Muy de acuerdo con lo que planteas Daniel, es necesario se puedan generar reales políticas publicas y articuladas para que los jóvenes de nuestros campos, permanezcan en el campo innovando y cumpliendo con su proyecto de vida.

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Daniel Corzo Arévalo
Apasionado por el Desarrollo Regional. Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano del Propósito. Docente Universitario ocasional.