En la zona hay un complejo entramado de organizaciones criminales que mantienen una guerra entre sí por el control de los territorios, cuya ubicación es considerada preferencial por estos grupos, para poder construir las rutas del narcotráfico y, así mismo, para asentarse dentro de las poblaciones que han mantenido un contubernio sin consentimiento con el hampa, aprovechando la distante operación de las autoridades. Los Caparros, con financiación del Cartel Jalisco Nueva Generación, junto con el ELN, compiten contra el Clan del Golfo por el dominio de zonas claves, ricas en oro y atiborradas en cultivos de coca.
La población de esos territorios ha tenido que tomar medidas frente a la situación de violencia, muchas veces abandonando sus hogares, pasando de ser hostigada y víctima de grupos delincuenciales, a desplazada por la violencia, recalando en otros municipios o emprendiendo largas huidas hacia Medellín.
Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el 2018 en dos municipios vecinos, Cáceres y Tarazá, se produjo el 51 % del total de desplazados en Antioquia, ambos ubicados en el Bajo Cauca. Esas cifras, se enlazan directamente con la cantidad de siembra de coca en el departamento. En estos dos lugares se concentra buena parte de los cultivos de coca en Antioquia. En Tarazá se encontró el 38.43 % de los cultivos, mientras que en Cáceres el 16.58 %, según cifras (gráfico 1) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). También se debe señalar que casi la totalidad de cultivos han sido erradicados voluntariamente (gráfico 2).
Aparte de la situación con los grupos armados, se suma la vacuidad en el actuar de las autoridades, que se incrementa al actuar forzosamente en las áreas en conflicto, tratando de desmantelar la siembra de coca, afectando directamente a los habitantes de esas regiones que, encuentran en la siembra, la única manera de sustento.
Si bien ese actuar de los habitantes ayuda a fortalecer a las estructuras criminales, quienes a su vez, son sus verdugos, no hay una salida adicional que permita otra alternativa. Si se erradican los cultivos, los habitantes son vulnerables a represalias; las autoridades, no actúan con fuerza en el territorio. Su accionar, como en este caso, se da en contra de las víctimas que quedan en medio de los poderes del Estado y de la delincuencia.
La propuesta
La iniciativa de la comunidad se da en un contexto de preocupación máxima, tras los continuos hostigamientos de los grupos armados. La comunidad parece haber perdido la fe en las instituciones del Estado, ya que tras años de soportar las distintas arremetidas de los grupos criminales, la opción de crear un espacio seguro, surge para experimentar una nueva forma de protección social, que conlleve a cambiar en algo la situación.
Yesid Zapata, director de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC), una de las organizaciones implicadas en la propuesta de crear al área de distensión, afirma que «Se ha hecho de todo: hablamos con ellos, hicimos caravanas humanitarias, salimos a medios de comunicación, pero no ha pasado nada. El último recurso que nos queda es hacer el refugio”, aplicando el razonamiento de Albert Einstein «no se obtienen resultados diferentes haciendo las mismas cosas».
En el Bajo Cauca, las autoridades no llegan, mientras los grupos armados sí arriban a caudales trayendo consigo hordas de violencia; desaparecidos, desplazados, lacerados, muertos y otras formas de ultraje. Ante la ausencia del Estado, no es descabellado pensar en métodos que sustituyan a los protocolos de protección de este —si los hay—, que puedan contribuir a mejorar la cotidianidad de los campesinos que habitan la región.
