Columnista:
Diego Luis Amaya
Un fuerte debate se abre en torno a la reforma a la justicia que plantea el Gobierno de Iván Duque, como consecuencia de la medida de detención domiciliaria que determinó la Corte Suprema de Justicia la semana anterior, en contra del cacique político Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del partido de Gobierno y del Centro Democrático.
Varias cosas tenemos que analizar frente a este tema y lo primero para resaltar, es que es insólito que sean necesarios acontecimientos de grandes proporciones jurídicas, políticas y mediáticas para que el Gobierno, nada proactivo y el país en general se acuerden que hay una deuda pendiente desde hace diez y seis años en esa materia, pues desde el 2004 con la puesta en marcha del Sistema Penal Oral Acusatorio, tan solo en el 2012 bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, se pretendió una vulgar y ramplona reforma cuya iniciativa tuvo que ser retirada.
Se suponía que a partir de la Constitución del 91 que dio vida a figuras como la de la Fiscalía General de la Nación y que permitiría cambiar ese sistema judicial inquisitorio por un mecanismo garante del respeto por los derechos fundamentales, llegaría una revolución que brindaría no solo acceso, sino seguridad jurídica a los asociados y usuarios del sistema; pero como somos el país del Sagrado Corazón de Jesús, entonces la justicia se ha puesto más al servicio de los intereses de la clase política dominante que ha logrado cooptarla, secuestrarla, manipularla, amedrentarla y hasta seducirla para complacer sus caprichos. Y mientras la justicia esté al servicio de la política y no del pueblo serán prevalentes los antivalores de la moral y las buenas costumbres y el país, proclive a enredarse en los lazos del caos y la anarquía.
Por supuesto, es claro que urge una reforma judicial como lo plantea el presidente de la República y muchas otras voces expertas en la materia, pero ojo, no una reforma cosmética, no una de forma sino de fondo, no una continuista de los deseos caprichosos de quienes desde el poder se dedican a violentar la Constitución y la Ley, pero que al verse descubiertos, pretenden soslayarla para seguir por la vida como si no hubiese pasado nada y como si cumplir con el ordenamiento jurídico no sea asunto de ellos.
¿Cómo debe ser entonces una reforma judicial que realmente sirva al interés general y no al particular? La respuesta es sencilla y no se necesita ser como Justiniano, considerado el padre del derecho ni como Eugenio Zaffaroni ni mucho menos pretender emular a Bernardo Gaitán Mahecha y a tantos otros juristas ilustres que han dado el mundo y nuestra patria ni mucho menos, tener cuatro dedos de frente para entender que se requiere una reforma no para modificar la ley a conveniencia del poder, sino estructural, y lo primero y más urgente que se requiere es la despolitización del sistema.
Es un imperativo que la separación de poderes no sea solamente un verso escrito o la verborrea demagógica expelida de la boca de quienes la profanan. Que la nación entera y sus instituciones sientan que el Ministerio de Justicia brilla como en los tiempos de Enrique Parejo González y Enrique Low Murtra; esencialmente para no convertirse en un convidado de piedra que se dedique a mover la cabeza como perrito de taxi dándole el sí a todo lo que diga quien hoy pretende socavar la democracia y la institucionalidad solo porque no le sirve a él.
Mantener vigente por ejemplo, la mecánica de elección de los directores de entes como la Fiscalía, la Procuraduría y hasta la Defensoría del Pueblo, con injerencia directa del presidente de la República y de las Cortes, no solo es antidemocrático sino perverso y es ahí por donde se debe empezar a pensar una reforma sustancial, pasando el liquid paper también para eliminar de un solo trazo, la falsa Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes, órgano que parece una verruga en el cuerpo: fea, antiestética y no sirve para nada.
La Fiscalía General de la Nación es una entidad adscrita a la Rama Judicial de Colombia, nace en el año de 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Nacional en reemplazo de la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Por mandato constitucional (artículo 250 de la Constitución Política). El organismo, tiene por función adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio.
Desde sus inicios hasta nuestros días, 13 personalidades con más pena que gloria han rotado en el cargo de Fiscal General, de los cuales 4, es decir, el 30 % de los directores han sido nombrados en calidad de encargados, sin contar que hubo el fenómeno de la interinidad entre 2009 y 2010 por cuenta de las jugadas a la justicia que acostumbra hacer el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, pues este elegía ternados cuyos integrantes eran cercanos a su gobierno y la Corte Suprema de Justicia los rechazaba continuamente.
Si a lo anterior le sumamos la pésima gestión de la entidad en cuanto a recepción de denuncias por todo tipo de delitos, especialmente los relacionados con violencia intrafamiliar y de género que se convierten en un proceso de revictimización para quienes denuncian y en muchos de los casos pareciera que se favorece más a los agresores que a las víctimas.
Otra de las perlas a destacar es el gasto que genera la entidad por concepto de indemnizaciones procedentes de las fallas en el servicio, a costa de la libertad de personas inocentes que en muchos casos son víctimas de falsos positivos judiciales y que por ejemplo, para la vigencia 2020 tienen un costo de $24 474 000 de nuestros impuestos.
Por otro lado, según información registrada en la página web del Inpec, en Colombia:
Hay 132 establecimientos carcelarios, los cuales tienen capacidad instalada de 80 940 internos y alberga actualmente 104 610 reclusos, lo que indica que hay hacinamiento del 29.2 % [sic], de los cuales 27 135 internos, es decir el 26 % [sic] están privados de la libertad en condición de sindicados, y de estos en promedio el 15 % [sic] (4.000 internos) llevan entre 2 y 5 años privados de la libertad esperando sentencias en primera, segunda instancia e incluso en Sala de Casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Por último y no menos importante la estructura orgánica y distribución de los juzgados en Colombia, país que tiene en promedio 11 jueces por cada cien mil habitantes, en tanto que la OCDE establece que han de destinarse 65 juzgados por cada 100 000 habitantes lo que evidentemente nos ubica muy lejos de ese promedio y de paso vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia que establecen el preámbulo y los artículos 228 y 229 de la Carta Magna, asunto que implica el crecimiento de la congestión judicial, problema mayúsculo que al parecer no tiene dolientes.
Estos datos son los pésimos indicadores que permiten sustentar las razones por la cuales es necesario una reforma estructural al sistema judicial y que ofrezca soluciones de fondo y no de forma como ya se dijo anteriormente.
Nos corresponde a los ciudadanos en general como constituyente primario, convertirnos en veedores de la reforma judicial que se avecina, porque el objetivo central del Gobierno será simplemente, como ya lo ha planteado muchas veces en su doctrina, eliminar las Cortes y dejar una sola, cuyo único fin es salvar el pellejo del señor Uribe Vélez y dejando a la deriva un monstruo de mil cabezas a punto de causar un daño irreparable a nuestra democracia.
«no me siento ni a la izquierda ni a la derecha, amo mi país y estoy convencido que el poder de la palabra es mayor que el de las armas.» debes tener una orientación política, al negar la izquierda y la derecha lo haces de forma personal, pero no puedes negar la realidad y tu como sujeto político entraras en un espectro ideológico. Tu postura romatica deja mucho que desear para alguien que intenta analizar la realidad de un país, esa idea universal de la validez de las palabras por encima de las armas no es mas que un ideal, pero la realidad política es diferente, hemos visto como la palabra desde belisario betancur no ha podido con el poder de las armas, negociación tras negociación, tanto de gobiernos conservadores como gobiernos liberales no han podido silenciar el poder de las armas, la actual coyuntura del proceso de paz evidencia que en nuestra realidad social el poder de las armas es mayor que el poder de las palabras, o que lo digan los miles se lideres sociales asesinados por creer en esta consigna. tu perfil romanticista se presta para que escribas poemas o versos, pero para analizar la realidad política del país debes partir de la realidad misma no de tus posturas ideológicas. tómalo como una critica constructiva