Palmicultores, a “bailar” al ritmo noruego

A partir del 1 de enero de 2020 Noruega cierra sus puertas a los biocombustibles y sus derivados que no sean ecológica y socialmente sostenibles, motivo que debería preocupar a los palmicultores colombianos.

Infórmate - Ambiente

2020-01-09

Palmicultores, a “bailar” al ritmo noruego

Desde el primero de enero de 2020 comenzó en Noruega la prohibición de compra de biocombustibles a base de aceite de palma, según informó The Independent. 

De acuerdo con el portal, dicha decisión tomada por el parlamento noruego busca principalmente salvar las selvas tropicales, prevenir el cambio climático y proteger a las especies y comunidades nativas en peligro de extinción que habitan dichos ecosistemas y que han sido gravemente amenazadas por la deforestación para expandir los cultivos de palma y caña usados como principales materias primas en la elaboración de biocombustibles.

La entrada en vigencia de la medida se justificó en el alto consumo de aceite de palma en biocombustibles usados en el país nórdico que alcanzó un máximo histórico de 84 millones de galones en 2017. Esto gracias a las medidas para reducir el uso de combustibles fósiles en Noruega.

La normativa fue bien recibida por los ambientalistas de aquél país europeo, quienes esperan que esta inspire a otras naciones a seguir su ejemplo.

La decisión del parlamento es un modelo importante para otros países y demuestra la necesidad de una reforma seria de la industria mundial del aceite de palma, dijo Nils Hermann Ranum, miembro de la Rainforest Foundation Norway.

Si bien la medida está destinada a que países como Indonesia, Malasia y la Isla de Borneo –principales proveedores de aceite de palma y biocombustibles de Noruega- tomen medidas que garanticen que la producción de estos combustibles no genere efectos adversos ecológicos; el eco de la nueva ley noruega llegó hasta Colombia.

Esto debido a que gracias las medidas tomadas por el gobierno de Iván Duque, la comercialización para el consumo nacional de biocombustibles se encuentra a la baja, por lo que la exportación de biocombustibles sería una forma de mantener dicha industria a flote.

Según el periódico económico Portafolio, en su publicación del 6 de octubre de 2019:

La decisión del Gobierno de rebajar del 12% al 2% la mezcla de biodiésel en el ACPM para el transporte en Colombia dejó sin mercado a 11 plantas productoras de este líquido a partir del aceite de palma, que suministran este biocombustible vehicular. El impacto del cierre de las plantas se sentirá de manera directa entre los cultivadores de palma que ahora deberán acumular o vender a menor precio la materia prima.

A este problema central de demanda, según el mismo artículo, se suma que los transportadores y los distribuidores de biocombustibles perciben los precios del biodiésel como muy altos. A diciembre de 2019, el galón de biodiesel costaba 11.402 pesos, mientras que el de diésel 8.784 pesos y el de la mezcla de ambos componentes -con el porcentaje aprobado por el gobierno- costaba 9.260 pesos, según cifras suministradas por Fedebiocombustibles.

Los propietarios de vehículos que tanquean con ACPM aseguran que el precio del combustible ecológico es más costoso que el diésel, y que ampliar la mezcla eleva el costo de operación, en tanto que las tarifas de los fletes no pueden ser ajustadas y eso hace inviable su negocio. Fedepalma, gremio de palmicultores, sostiene que el biodiésel es un combustible limpio y, por lo tanto, este precio no se debe comparar con el del ACPM, replica Portafolio.

De acuerdo con el presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, consultado por el medio económico, las medidas adoptadas por el Gobierno, en su papel de regulador de la política de biocombustibles, no han sido las más acertadas.

Y por ello, la exportación de biocombustible sería una forma de subsistencia del sector, siempre y cuando la industria se someta a los exigentes estándares noruegos que muy posiblemente repliquen otras naciones europeas.

Sin embargo, para nadie es un misterio que el negocio del aceite de palma africana en Colombia no ha estado exento de polémicas. De acuerdo con Semana Sostenible, en su publicación de noviembre de 2018:

En zonas del sur del Meta y San José de Guaviare, que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, los frondosos árboles selváticos son cambiados por parcelas lineales de este cultivo.

Si bien el gremio palmero ha hecho las respectivas denuncias ante las autoridades ambientales, la parsimonia de los entes de control contribuye a que el panorama de la deforestación siga en aumento.

Además, vale la pena recordar el famoso Proyecto Carimagua, un proyecto que buscaba beneficiar a cerca de 1.000 familias campesinas desplazadas para que se asentaran con proyectos productivos en la hacienda Carimagua -propiedad de la nación-, de más de 22.000 hectáreas de extensión, ubicada en el departamento del Meta.

Sin embargo, y de acuerdo a las denuncias del senador Jorge Enrique Robledo, en 2008, el proyecto no se realizó y en cambio las ricas hectáreas de cultivo terminarían en manos de varias importantes compañías del gremio palmicultor -con todo tipo de prebendas- gracias al lobby del en ese entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

La inconveniencia del cambio de destinatarios es evidente, pues el gobierno actúa como Robín Hood, pero al revés, es decir, les quita a los campesinos desplazados para favorecer a unos escogidos por magnates, dijo Robledo en su denuncia.

Tras la reculada del ministro Arias, años después el gobierno Santos también contempló la idea de entregarle dichas tierras a víctimas del conflicto en el 2011 para el beneficio de 500 familias desplazadas, pero dicha promesa también quedó en el aire.

En todo caso, con unos antecedentes como este, los gremios palmicultores colombianos tendrán que afinar sus métodos de producción a los estándares noruegos (que posiblemente se repliquen en los demás países consumidores) para poder realizar la exportación que podría salvar su mercado.

Además, dichos cambios -que apuntan a una sustentabilidad ecológica y social- tendrán que realizarse de manera contrarreloj pues por lo menos la Unión Europea ya acordó que en 2030 evitará que sus agremiados compren biocombustibles cuya producción esté asociada con la deforestación y la destrucción de las selvas.

El reloj ya se está moviendo, ¿los palmicultores lo lograrán?

 

Fotografía cortesía de Greenpeace.

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Cristian Álvarez Balbín
Periodista de la Universidad de Antioquia, engomado del ciclomontañismo. Fiel seguidor del rock, los cómics y la literatura.