Mientras gran parte del mundo camina hacia la prohibición del glifosato, el Gobierno colombiano se mantiene firme en la obstinación de reanudar la aspersión aérea de este pesticida, considerado por muchos especialistas como perjudicial para la salud y el ambiente, en palabras de Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente de México, como «El veneno más peligroso del mundo».
Precisamente, hace poco el Ministerio de Medio Ambiente de México anunció que eliminará por completo los herbicidas a base de glifosato durante los próximos cuatro años con una prohibición efectiva para 2024, medida que se atribuye en gran parte a Víctor Toledo, y que busca cumplir una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los funcionarios mexicanos anunciaron que planean un enfoque colaborativo para educar al público sobre los peligros del glifosato con inversiones en educación, campañas de concientización e investigación de prácticas alternativas de manejo de malezas basadas en técnicas agrícolas indígenas.
El decreto emitido por el Gobierno mexicano fue aprobado a pesar de la intensa presión del gobierno de EE. UU. y de los cabilderos corporativos de Bayer / Monsanto, como se reveló en una exposición de The Guardian del 16 de febrero. Funcionarios de la Administración Trump y representantes de Bayer / Monsanto advirtieron a los funcionarios mexicanos que las restricciones al glifosato podrían violar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Un decreto similar casi se aprueba en Tailandia en 2019, pero fracasó después de una campaña de presión similar en Estados Unidos.
Además de México, el glifosato está en camino de ser prohibido en varios países, incluidos Alemania, Francia, Arabia Saudita y Vietnam, y al menos 15 países adicionales restringen su uso. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifica formalmente al glifosato como «probable».
No por nada Bayer / Monsanto pagará hasta US$ 10.9 mil millones para resolver decenas de miles de reclamos por cáncer vinculados a uno de sus herbicidas, Roundup, en uno de los asentamientos más grandes en la ligadura civil de Estados Unidos.
En cambio, frente a este panorama internacional, hace algunos días el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, aseguró que en abril se reanudará la aspersión aérea de glifosato, supuestamente para hacerle frente al problema del narcotráfico; sin embargo, esta medida se enmarca en una política antidroga que la evidencia ha demostrado ha fracasado.
Además, la aseveración del ministro se da pasando por encima de la tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico nariñense, agrupados en el grupo Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda, que logró que la resolución 001 de 2020 de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que había estado en el fondo de la discusión para el regreso del glifosato, fuera suspendida.
Si bien desde 2015 las asperciones aéreas con glifosato están suspendidas en el territorio nacional, las comunidades temen que esta práctica se retome pronto. A este respecto, entre los requisitos que la Corte Constitucional impuso en 2017 para el regreso de las aspersiones aéreas, está el de demostrar que los daños que genera el herbicida se pueden mitigar; no obstante, a la fecha, según varias organizaciones y especialistas, no se cuenta con un estudio riguroso que lo demuestre.
Dejusticia expuso 3 argumentos que cuestionan la implementación de las aspersiones aéreas en el país: 1) Vulnera la implementación del Acuerdo de Paz y las órdenes de la Corte Constitucional de respetar una jerarquía entre métodos de eliminación de cultivos, en la cual la fumigación es el último recurso. 2) No cuenta con información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y caracterizar la aplicación del principio de precaución ambiental. 3) El procedimiento de aprobación del Plan de Manejo Ambiental tenía problemas estructurales en materia de participación ambiental general y de consulta previa.
Como vimos, en Colombia los gobiernos se han mostrado de oídos sordos ante la evidencia científica que relaciona dicho químico con afectaciones a la salud y el ambiente y ante la exigencia de los campesinos que se han visto afectados por esta política que ataca a los pequeños cultivadores que muchas veces se ven obligados a cultivar la hoja de coca debido a la falta de oportunidades para la producción y comercialización de otros productos agrícolas.
Lo cierto es que tampoco la fumigación aérea con glifosato ha resuelto el problema del narcotráfico, ni la violencia, ni la extorsión, ni los asesinatos de líderes sociales ni las masacres. Su prohibición, por el contrario, es una de las políticas que favorecen a los pequeños agricultores y protegen a los consumidores del peligroso pesticida.
