Autor: Chrístofer Hidalgo
Desde la desaparición de los auxilios parlamentarios en la Constitución de 1991, en Colombia apareció la figura de los cupos indicativos, que vienen a ser lo mismo, si se habla de artificios burocráticos para desangrar el presupuesto de la nación. Esa práctica favorece los intereses de ciertos sectores políticos, que ven en los recursos de los cupos indicativos, la oportunidad para manejar el presupuesto de sus regiones, con el que se financian; y ayudan la gestión de terceros que ven la oportunidad para conseguir jugosos contratos.
Según la versión de Lyons, quien tiene activos varios procesos por corrupción —en el que se destacan, los relacionados con el cartel de la hemofilia—, el exsenador Musa Besaile Fayad consiguió una gran cantidad de recursos para el departamento del Córdoba, haciendo funciones de lobista dentro del Congreso. El grueso del presupuesto era repartido a terceros amigos que obtenían contratos, y en dádivas y comisiones entre colegas del Partido de la U.
Las declaraciones de Lyons dejan al descubierto la forma en las que los grupos políticos corruptos se apropian de los dineros del Estado para repartírselo cómodamente; sin embargo, lo particular, en este caso, radica en la relación estrecha entre Besaile y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien está involucrado en el Cartel de la toga y tiene procesos activos relacionados con los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.
El negocio es redondo, si se tiene en cuenta que los tres poderes del Estado participan en el festín del desfalco. Lyons asegura que Ricaurte también era cercano a Alfredo Bula, director de Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Este último le habría otorgado un contrato a Ricaurte aprovechando su relación personal.
Tras lo dicho por parte de Lyons se puede ver cómo el Estado da el presupuesto a algunos senadores, que lo distribuyen a su antojo; y quienes investigan las acciones de los senadores, se benefician de contratos de entidades del gobierno, que son dirigidas por amigos de senadores. Es decir, hay un círculo vicioso que tiende a apropiarse del poder del Estado en toda su dimensión.
Las instituciones del Estado, en ocasiones, se convierten en un puente que enlaza al poder de quienes las controlan y al enriquecimiento ilícito, que es camuflado en inversiones para las regiones. Si bien el Ministerio de Hacienda es el órgano que determina el presupuesto, en este caso son los legisladores quienes reciben los dineros para ejecutar proyectos que van encaminados en el desarrollo de la nación; pero en Colombia, no siempre se cumple con ese noble designio.
Los colombianos son quienes pagan las altas dádivas que se inmiscuyen en el legislativo. Los proyectos sociales, viales o de cualquier índole ocasionalmente llegan a implementarse ya que el presupuesto de la Nación muchas veces queda en manos de mercaderes como Besaile y el también señalado “Ñoño” Elías.
De acuerdo a lo leído en este articulo basado en las declaraciones del señor Lyons ex Gobernador de Córdoba se ratifica la figura de la existencia de Carteles al servicio de Congresistas al interior de los ministerios que manejan y asignan recursos para ejecución de proyectos en las diferentes regiones del país municipios y departamentos . La forma de operar es que al interior de los diferentes ministerios o entidades que otorgan contratos o asignan los dineros para la ejecusion de los mismos y en los ministerios o entidades tienen a personas claves que aprueban , viavilizan o desaprueban dichos proyectos a peticion o influencia de los congresistas que influyen en su aprobacion y en los municipios o departamentos existen los coimes que son los que tienen equipos como ingenieros que arman y montan los proyectos y se lo dan al contacto en los ministerios o entidades para que los radiquen para su viavilizacion o aprobación con la condición que quienes elaboren los proyectos cuando los recursos sean asignados se les respatara la contratación o sea ellos trabajan en elboracion de los proyectos a cambio de que la ejecución de los mismo estara a cargo de quienes participaron en la elaboracion del proyecto . Y si algún Alcalde no quiere utilizar ese sucio cartel para la elaboración y radicacion de cualquier proyecto de beneficio para su comunidad, por muy bien presentado este cumpliendo con todos los requisitos de ley en dicho ministerio o entidad no le aprueban el proyecto, se lo rechazan o lo engavetan o en el peor de los casos lo desaparecen . Y estos carteles tanto al en el interior de los ministerios o entidades de esa indole cobran un 10% por aprobar y tramitar la asignación presupuestal para dicho proyecto y el congresista pide otro 10% del valor del proyecto y el Alcalde pide otro 10% del mkismo o sea estamos hablando de la perdida de un 30% del valor de los recursos asignados para tal proyecto . De esa manera Corrupta se maneja la contratacion de obras en Colombia y despues sumele a ese 30% los impuestos que el ente territorial le cobra al contratista que oscila aproximadamente en un 20% o des estamos hablando casi de un 50% menos de loes recursos y eso va en detrimento de la Mala calidad de la obra y quienes llevan la peor parte son los obreros por que el contratista parte de la plata que paga en co¿imas e impuestos se la saca a los obreros con unos malos salarios .
Haber si con esta declaraciones, tenemos nuestra gente Colombiana sin abrir los ojos , y decir: de todos nuestros antepasados más o menos de 30 años para acá, ninguno de los que nos han gobernado han sido decentes, casi todos unos corruptos de mandar a recoger, no más , ni más, fuera senado , congreso, magistrados y jueces.