En los últimos días la administración de Bogotá condujo a la quiebra una de sus empresas para repartirla entre varias organizaciones privadas; esta acción fue aplaudida por el Superintendente de Industria y Comercio y aceptada tácitamente por las entidades de control dejando un importante detrimento patrimonial en perjuicio de los bogotanos.
Se comprende que los servicios públicos son un negocio rentable para los privados: además de dejarles jugosas utilidades, cuentan con clientes fijos y, si tienen pérdidas, en muchos casos, son subsidiados por el Estado; de allí, que haya una fuerte rapiña alrededor del negocio de la recolección de basuras; el cual significa $4.8 billones durante los próximos ocho años y para obtenerlo era necesario sacar a Aguas de Bogotá.
Es evidente que cuando los privados se apoderan de un servicio público, se pierde la noción de brindar bienestar a la ciudadanía y puede afirmarse que se somete el Estado a los intereses de los particulares, desviando incluso los recursos destinados a subsidiar la población vulnerable para dirigirlos hacia estos grupos económicos quienes están protegidos por la Constitución y las leyes, motivándolos incluso captar las empresas comerciales o industriales que son parte de la administración pública; esta práctica se conoce como el ejercicio de la libre competencia; sin embargo, deben establecerse límites claros y es, desde todo punto de vista, reprobable acabar con una empresa pública eficiente para permitir el ingreso de una privada.
La falta de una legislación transparente ha permitido que existan vacíos en el control que se hace a estas actividades y, a pesar de que, con el ingreso de los privados, se ha venido minimizando la inversión social y produciendo un alza desmedida en las tarifas, los entes de control no actúan. Este es un indicador del nivel en el cual, el interés de los privados prevalece sobre el bien colectivo.
El proceso seguido por la Alcaldía para llevar a la quiebra a Aguas de Bogotá fue abrir una licitación donde se incluía el territorio donde ella estaba laborando y con esto la obligaba a participar en las mismas condiciones que los privados.
Dijo Felipe Herrera, ex-asesor de Peñalosa y quien se opone esta privatización[1]: “Con la licitación, [Enrique Peñalosa] busca repartir el mercado. Es como si CLARO saliera a repartir sus clientes. Y lo peor, en un proceso en el que entrará a competir en desventaja, corriendo el riesgo de quedar por fuera. Esto es ilógico y ahí es donde se daría un posible detrimento para la ciudad… hay que defender ese patrimonio[2].”
A pesar de las diversas recomendaciones que se le hicieron a Peñalosa, incluyendo la de la Procuraduría, decidió colocar en la palestra a Aguas de Bogotá a sabiendas de que una empresa pública, al buscar el bienestar ciudadano, está sometida a decisiones de tipo político y no puede competir, en las mismas condiciones, con una empresa privada cuyo único objetivo es la utilidad; por ello las aseguradoras no aceptaron “el riesgo político” que significaba otorgar una póliza de garantía a Aguas de Bogotá, y esta fue respuesta que dieron.
De las 11 aseguradoras que participaron en el proceso tres fueron explicitas y no expidieron la póliza por “riesgo político”; las demás dieron excusas diferentes: tres argumentaron falta de capacidad para reasegurar la póliza; dos de ellas indicaron que podían ofrecer pólizas por una cantidad menor a la solicitada y una de ellas indicó que podía expedirla solo hasta el día siguiente después del cierre de la licitación[3].
Se intuye que, en general, las aseguradoras consideraron aceptable la situación financiera de esta empresa, pero sabían que Enrique Peñalosa y otros sectores no querían trabajar con ella por razones políticas.[4]
A partir de esta decisión, Aguas de Bogotá quedó por fuera del negocio y su territorio fue repartido entre los privados.
Después de esta acción quedaron varios interrogantes:
- ¿La Contraloría sabe cuánto cuesta Aguas de Bogotá; una empresa pública que manejaba eficientemente el 52% del territorio; estaba dejando una utilidad de $40.000 millones y se proyectaba a atender ciudades intermedias?; y si lo sabe, ¿Por qué razón permitió este detrimento patrimonial?
- Si la Procuraduría estuvo de acuerdo con la Acción Popular emprendida por el ex-asesor de Peñalosa y recomendó no realizar esta licitación, ¿Por qué no ha tomado ninguna acción?
- ¿Cómo se entiende que, a raíz del incumplimiento de los operadores que ganaron la licitación, la UAESP está cambiando las condiciones iniciales de la misma? ¿Esto es legalmente permitido?[5]
- ¿Cómo es posible que la administración Distrital soporte su acción a partir de una mentira, informando que de acuerdo con el fallo emitido por el Tribunal de Cundinamarca el esquema de aseo actual quedaría sin sustento legal en febrero de 2018? [6] y más aún, ¿afirmar que el tribunal ordenó desmontar el esquema de aseo que implementó Petro en 2012? [7]
Imagen tomada de El Tiempo
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[1] Ricardo Herrera Carrillo, alejado de la administración, hoy impulsa una acción popular para tumbar esa licitación. Su argumento es que, dejar avanzar el proceso de contratación podría generar un daño irremediable a la ciudad.
[2] https://www.elespectador.com/noticias/bogota/licitacion-de-aseo-proceso-innecesario-articulo-721864
[3] IDEM
[4] http://lasillavacia.com/silla-cachaca/el-no-que-hundio-aguas-de-bogota-64580
[5] http://caracol.com.co/emisora/2018/01/31/bogota/1517423485_758377.html
[6] https://www.elespectador.com/noticias/bogota/licitacion-de-aseo-proceso-innecesario-articulo-721864
[7] http://lasillavacia.com/silla-cachaca/detector-la-cadena-que-culpa-petro-de-la-crisis-de-basuras-64589
Interesante artículo, que pone sobre la mesa la disyuntiva de lo privado y lo público y que desvirtúa varias diferencias del arcaísmo que fundamenta el imaginario cultural de izquierda y derecha.
Dentro de la responsabilidad social del Estado se encuentra la de garantizar el acceso a los servicios públicos a todos los ciudadano, sin distingo y sin óbice de que constituyan adicionalmente un gran negocio.Debemos mantenernos alertas contra el Estado totalitario que usurpa el control del aparato productivo y lo estatiza, como sucedió en Cuba o Venezuela. Pero los servicios públicos deben mantenerse en manos del Estado y sus excedentes financieros, que no utilidades, deben ser reinvertidas en la ampliación de la calidad y cobertura de cada servicio . Magnífico el artículo
La privatización del estado es la entrega de éste a los privados para no intervenir y alejar responsabilidades en su actuar.
Esa es una norma de la derecha. Pasó con la salud y poco a poco con servicios como el gas acueducto energía, educación. Lo que no entiendo es el silencio de los entes de control. ..
Llevamos tres días de operación y en el barrio donde vivo no se ha visto un solo escobita.
¿Y qué pasará con las zonas verdes?
Y que sacamos con saberlo, aca la ciudadania solo se baja los calzones para que los gamonales de turno aporreen sus flaccidad nalgas. Somos un pais de masoquistas .