La débil institucionalidad estatal en Colombia deviene históricamente asociada al nocivo ejercicio del poder, sea político, social o económico, y al tóxico liderazgo de los miembros de unas élites, bogotana y regionales, que han sido incapaces de liderar procesos civilizatorios e institucionales que permitan consolidar un Estado Social de Derecho y erigirse como referentes morales y éticos, para una sociedad que no ha aprendido a resolver sus conflictos a través del diálogo, el respeto a las instituciones y a las diferencias.
El mayor fracaso de las élites en Colombia es que no pudieron edificar un Estado alejado de intereses privados, que, para el caso, devienen pérfidos y asociados a prácticas que transitan en los ya borrosos límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo legal y lo ilegal. Por el contrario, han logrado naturalizar un orden político mafioso y criminal. Al final, un Doble Estado, que se expresa de manera clara a través de funcionarios estatales que están al servicio, bien de mafias de políticos (clientelismo), de poderosos agentes de la sociedad civil, de mafias de narcotraficantes, paramilitares, contratistas y grupos subversivos, entre otros. En fin, una peligrosa amalgama de intereses privados que han logrado someter las instituciones estatales y derivar de esa circunstancia, una institucionalidad débil y comprometida política y éticamente.
Es, en este contexto, en el que se debe inscribir la actual situación jurídica y política que atraviesa el país (en mayor medida, el país citadino) por cuenta del llamado a indagatoria que le hiciere la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
Es preciso discurrir en torno a los efectos políticos y jurídicos que la acción judicial produce y producirá en el nuevo gobierno que inicia el 7 de agosto y, por supuesto, en la operación al interior del Congreso. También, es preciso aludir a los efectos sociales, mediáticos y culturales que ya produce el requerimiento que la CSJ le hizo a quien es considerado, por sectores de la opinión pública como una especie de “intocable”, un “Mesías”, “Patrón de patrones”, “eterno presidente”, “el Gran Colombiano”, o un Dios Todo Poderoso”.
Recientemente, el exguerrillero y excongresista del Centro Democrático, Everth Bustamante, señaló que “al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”. Debe bastar la frase del exmiembro del M-19 para comprender el lugar en donde muchos colombianos ubican al político antioqueño, circunstancia esta que confirma el débil sentido que de la institucionalidad tienen tanto congresistas, operadores judiciales, políticos profesionales, exfuncionarios y ciudadanos.
Efectos mediáticos y políticos
Ante la anunciada renuncia de Uribe y la estratégica tardanza en la radicación de la misiva en la Secretaría del Senado, los mayores efectos, por ahora, han sido de carácter mediático [1], por cuanto la era Duque, apenas comenzará el 7 de agosto. Y aunque ya se instaló el nuevo Congreso, las consecuencias políticas del eventual retiro del senador del Centro Democrático (CD) se evidenciarán cuando el gobierno de Iván Duque Márquez empiece a tramitar su agenda de proyectos ante un Legislativo alineado en sus mayorías a los intereses corporativos que defenderá quien fuera llevado a la Presidencia por el propio Uribe, con el apoyo de la coalición que lograron consolidar liberales, conservadores y otras fuerzas políticas, para evitar que el proyecto “populista” de Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño.
En el ámbito mediático, la Gran Prensa bogotana se viene moviendo entre la obligación periodística de cubrir el hecho político-noticioso y la presión que evidentemente ejercen sus propietarios, con el claro propósito de deslegitimar la acción misma de la Corte y su condición de juez natural para procesar al iniciado.
Huelga recordar que detrás de los canales privados y de sus noticieros Caracol y RCN están poderosos gremios económicos, que en los tiempos de la era Uribe, cerraron filas en torno a su talante y a la política de seguridad democrática, a pesar de hechos y escándalos como las interceptaciones ilegales del DAS a la propia Corte Suprema de Justicia, a la penetración paramilitar en varias instituciones del Estado y los “Falsos Positivos”, entre otros casos.
Para muestra, el siguiente botón: recién se conoció el llamado a indagatoria al poderoso iniciado, el noticiero Caracol Televisión, en una primera entrega, hizo un interesante despliegue de las pruebas en las cuales la Corte soporta el llamado a indagatoria a Uribe, en un ejercicio periodístico que supo poner en contexto este caso que supera ya en interés al vivido con el Proceso 8.000. Posteriormente, dio cabida a fuentes que, comprometidas judicial y éticamente en el caso, se han encargado de confundir a la opinión pública, al hablar de un “complot” en contra del político, caballista, latifundista y ganadero antioqueño.
En cuanto a los efectos políticos, es apenas evidente que estos los sentirá en mayor medida, la bancada del CD en el Congreso. La ausencia de Uribe puede generar al interior del movimiento político una lucha intestina y el consecuente debilitamiento de la bancada y de su injerencia política en las discusiones legislativas y los debates que se avecinan en esa corporación.
No será fácil remplazar al combativo líder del Centro Democrático. A pesar de la obcecada obediencia de los miembros de su movimiento político, no se vislumbra quién pueda remplazar a Uribe. Ni siquiera el inexperto presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien se erige de tiempo atrás como un obediente y fiel escudero, tiene la sagacidad para remplazarlo.
Lo que suceda al interior del CD podrá ser capitalizado por los partidos y movimientos que se unieron a la campaña de Duque, más por miedo al proyecto político que encarnó la campaña Petro presidente, que, por la real afinidad, reconocimiento y respeto a las ideas y al ethos que guía la vida política de Álvaro Uribe Vélez. Es claro que pudo más el interés burocrático y el propósito de extender en el tiempo la debilidad estatal que tanto le ha servido a la clase política y empresarial de Colombia.
En cuanto al presidente Iván Duque, hay que señalar que su carácter sumiso y la impagable deuda que tiene con Uribe por haberlo puesto en la Casa de Nariño, lo hacen proclive a desconocer la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, en particular, la sala que llamó a indagatoria a su jefe político. Duque, en su calidad de presidente electo, ya puso un manto de duda sobre la Corte, hecho que afecta el equilibrio de poderes y aporta a la animadversión que crece en redes sociales hacia los magistrados que tuvieron las agallas y la entereza para requerir al poderoso ganadero.
La gobernabilidad de Duque está anclada, moral y éticamente a la vida y al proceder de Uribe. Lo que suceda judicialmente con el expresidente, de inmediato afectará la gobernabilidad de Iván Duque, no solo por lo que acontezca con las fuerzas políticas al interior del Congreso, sino por la postura que asuma quien guiará los destinos del Estado hasta el 2022.
Si la investigación contra Uribe prospera y es hallado culpable de los delitos por los cuales es indagado, Duque tendrá la oportunidad para actuar como un verdadero Estadista, poniéndose por encima de los intereses del Centro Democrático y asegurando el respeto al equilibrio de poderes y evitar así, una crisis institucional o por lo menos, impedir que el país vuelva a ver el agrio enfrentamiento que provocó Uribe en contra de los magistrados de esa misma Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el DAS “chuzó” a los magistrados y que Uribe desconoció en varias ocasiones su legitimidad para procesar a sus amigos congresistas por tener vínculos con grupos paramilitares.
En cualquier sentido en el que termine la investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia en contra de Uribe Vélez, esta misma corporación acaba de sentar un importante precedente ético, moral y político, que en lugar de ser usado por los interesados “uribistas” para deslegitimar a la alta Corte, debería de servir para revisar muy bien en qué momento histórico el país, el Estado, las institucionalidad estatal, los medios masivos, el periodismo y la opinión pública, quedaron atrapados en el discurso belicoso, en el talante autárquico, el carácter montaraz y mendaz y en el débil sentido de la institucionalidad que exhibe Uribe Vélez.
Comparto lo expresado por el diario El Espectador, en su editorial del 28 de julio de 2018: “Decíamos el jueves último que el llamado a indagatoria que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le hizo al expresidente Álvaro Uribe, con la tormenta política que ha desatado, era una prueba de fuego para la madurez de las instituciones nacionales… En todo caso, el mensaje claro que debe recibir el país es que ningún colombiano, sin importar de quién se trate, debe poder elegir a voluntad quién prefiere que lo juzgue. Es momento de que nuestras instituciones demuestren su solidez. Por eso reiteramos nuestro llamado a la calma y la prudencia. A no jugar con fuego permitiendo que los intereses políticos se cuelen en las decisiones, pero tampoco olvidando los efectos políticos potencialmente desestabilizadores que puede provocar cualquier movimiento en falso o apresurado. Dejemos que la justicia colombiana cumpla su propósito constitucional. Y confiemos, y vigilemos, en que lo haga con la altura y el profesionalismo que se requiere”.
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[1] En las redes sociales se vive un verdadero enfrentamiento entre quienes invitan a hacer invivible la República, porque consideran que Uribe es intocable, como un Dios y los otros que apoyan la decisión de la Corte Suprema. Esas discusiones se dan en el marco de una sociedad moralmente confundida.
Imagen tomada de El Espectador.
