Columnista:
Caro Mejía
No solo desde el 28 de abril la ciudadanía colombiana está dividida entre buenos y malos. Nos dejamos instaurar esa idea en el cerebro y en el corazón desde hace décadas y quienes se benefician de que sigamos pensando así se mantienen indiferentes, porque por nada del mundo piensan perder sus privilegios.
Mantener al pueblo dividido contra sí mismo es una estrategia, no solo antiquísima, sino despiadada, porque promover que las personas no sientan pena ni compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno no puede llamarse de otra forma. No caigamos en eufemismos, las cosas por su nombre.
El Gobierno nacional y los medios de comunicación tradicionales, alientan el odio de los unos contra los otros, concentrando sus esfuerzos para viralizar acciones que criminalizan la protesta social, caracterizándola como vandalismo exacerbado. Su objetivo, que unos ciudadanos levantemos el dedo acusador hacia otros, llevándonos incluso a convertir en adversarios a muerte, con el propósito de encubrir su incapacidad de gobernar justamente.
Y es que salir con un tuit cada tanto, diciendo que, «como país nos duele la muerte de cada colombiano» y que «las autoridades avanzan para dar con el paradero de los responsables y que sean juzgados con determinación» no es lo que se precisa en este momento de la historia colombiana; se necesita seguridad y garantías que protejan la vida de cada ciudadano, así piensen diferente.
Es inaceptable la indiferencia e insensibilidad del jefe de Estado y su equipo de trabajo ante la ciudadanía que protesta, porque tiene hambre, porque exige trabajo digno, acceso a la educación, justicia por el asesinato de un familiar, o porque quiere manifestar su descontento ante las decisiones y manejos de su gobierno, que les ha llevado a perder la esperanza en el presente y el futuro.
Nuestro país se encuentra en llamas y esta es la mayor revuelta de los últimos 70 años. Iván Duque y gobiernos antecesores nos han convencido de que somos enemigos del vecino si acaso piensa diferente, pero es nuestra decisión si permanecemos con los ojos vendados o, por el contrario, empezamos a trabajar colectivamente por cambiar el panorama hostil que cada día se recrudece.
Del Gobierno nacional queda claro que no podemos esperar intervenga para que la ola de violencia que sufrimos actualmente cese. Más allá de un tuit cargado de falsas condolencias o una recompensa miserable con aparentes intenciones de justicia, es mejor no esperar nada. Por el contrario, en respuesta a los manifestantes, modificaron el Decreto 003, que no solo le otorga facultades para decidir cuándo una manifestación es pacífica o no, sino que legitima el abuso de las fuerzas del orden público en el marco de la protesta social.
Con la noticia de hace unas semanas sobre Santiago Ochoa, joven de Tuluá, que apareció decapitado, debemos reconocer que nos hemos dejado llevar a terrenos en donde no hay posibilidad alguna de que salgamos bien librados, ni como sociedad ni como individuos. No es posible que sigamos permitiendo que atrocidades así sucedan, nadie merece morir de esa forma. Este es el momento de unirnos como ciudadanía y proponer alternativas en donde prevalezca la vida.
Empecemos por eliminar de nuestros corazones esa semilla de odio y rencor que está creciendo con desenfreno, o nos vestiremos de luto indefinidamente.
Lamentablemente en nuestro sistema de gobierno se ha impuesto la mentira y sembrando el odio logran sostener el poder que hoy ostentan. Corrupción, prepotencia, indiferencia y opresión, son maneras que ponen en práctica para acabar con los deseos de cambio que tanto espera el país.
Por eso odian al magisterio por cuanto lo consideran enemigo de su sistema, pues al formar en el pensamiento crítico, en la lectura y el análisis, ponen en peligro los oscuros intereses del poder y ponen en evidencia el menosprecio por las clases populares.