La renuncia de Álvaro Uribe a su condición de Congresista es un hecho político, ético, moral y jurídico de gran importancia para el país.
Sus consecuencias inmediatas y futuras aún no se pueden dimensionar, aunque podríamos estar ante el principio del fin de un político y ex presidente cuestionado, investigado y confrontado moral y éticamente por sectores del aparato judicial, de la sociedad y del propio Establecimiento.
De igual manera, estaría el país frente al debilitamiento de lo que se conoce como “el uribismo”, que no corresponde a un legado ideológico y programático propiamente dicho, sino más bien, se trata de una cofradía de políticos, empresarios, militares, sacerdotes, académicos y ciudadanos del común, que comparten ideas y prácticas asociadas a un ethos mafioso y al talante autoritario del ex gobernador de Antioquia, en el marco de un proyecto de sociedad y de Estado que oscila entre el regreso a la Constitución de 1886, con Estado de Sitio a bordo y la consolidación de un Estado al servicio de unos pocos (El Estado de Opinión).
Lo cierto es que detrás de la dimisión del “combativo y frentero” político antioqueño hay factores y actores que presionaron la intempestiva y sorpresiva decisión adoptada por el reconocido caballista y latifundista.
En primer lugar, están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo llamaron a indagatoria por la posible comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, en el contexto de investigaciones que comprometen al ex presidente y a su hermano Santiago, con la conformación y financiación de grupos paramilitares.
En segundo lugar, aparece el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien en su momento fue demandado por los abogados de Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos con el propósito de enlodar el nombre del senador y líder del Centro Democrático y asociarlo con agrupaciones paramilitares. En este caso, el ex presidente pasó de demandante, a demandado, con las consecuencias ya conocidas.
En un tercer momento hay que señalar el trabajo periodístico adelantado por el periodista y columnista, Daniel Coronell. El columnista de la revista Semana es, de tiempo atrás, un fuerte contradictor del ganadero y latifundista antioqueño; Coronell y Uribe se han enfrascado en agrios enfrentamientos y señalamientos que han terminado en los estrados judiciales, en los que el ex presidente ha calumniado e injuriado al reportero, al señalarlo de tener vínculos con mafiosos, en particular con Pastor Perafán; Coronell aprovecha su espacio en la señalada revista para divulgar información delicada sobre los procesos judiciales que la justicia (1) lleva en contra de Uribe, pero también, para aludir en ciertos momentos, a hechos relacionados con su paso como director de la Aerocivil, la muerte de Pedro Juan Moreno, los negocios de sus hijos, su cercanía con el Clan de los Ochoa y con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Eso sí, huelga decir que el trabajo periodístico adelantado por Coronell obedece a un empeño personal, que no se puede asociar de manera universal a las acciones informativas y editoriales de la Gran Prensa colombiana, encaminadas a demostrar que efectivamente Uribe es culpable y/o responsable de todos los delitos por los cuales la CSJ, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo investigaron, lo investigan, lo están investigando o lo debieron investigar.
Por el contrario, el ex mandatario (2002-2010) gozó de la complacencia mediática durante sus dos periodos de gobierno, siendo el Noticiero Noticias Uno el único medio que de tiempo atrás ha confrontado a Uribe periodísticamente.
Y aún hoy, cuenta con el apoyo de periodistas del sistema informativo de RCN (2), como Claudia Gurisatti y Hassan Nassar, entre otros, que hacen ingentes esfuerzos para mantener su vigencia política y defender la cuestionada honorabilidad del caballista.
La jugada de Uribe
La sonada renuncia del senador Uribe Vélez a su investidura conllevará debates jurídico-políticos en torno a si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene su competencia para procesar al ex mandatario o si por el contrario, su caso pasaría a la Fiscalía General de la Nación.
La dimisión, muy bien calculada por sus abogados, en primera instancia buscaría que el dimitente logre zafarse de la Corte Suprema de Justicia, para caer en las manos del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien en su momento dijo que Uribe era un “patriota”.
La acción dimitente de Uribe hace recordar los casos de varios de sus congresistas investigados por sus relaciones y vínculos político-electorales con paramilitares, que en su momento renunciaron a su investidura, buscando con ello llegar a la justicia ordinaria (Fiscalía General) y beneficiarse de la notable incapacidad y la debilidad histórica del ente investigador para castigar a la clase política. La entonces Corte Suprema de Justicia señaló que mantenía su competencia porque los delitos y las faltas a la ley penal se cometieron durante el ejercicio como congresistas, asunto que no limitaba la jurisdicción por el hecho mismo de la renuncia.
Otro asunto a tener en cuenta es si las conductas o delitos investigados guardan relación directa con el ejercicio como congresista. Para el caso de Uribe Vélez, algunos juristas sostienen que las presiones a testigos en las que posiblemente incurrió el senador del CD para enlodar a su contradictor político y también senador, Iván Cepeda, guardan directa relación con su rol, lo que hace que a pesar de la renuncia de Uribe a su curul, la CSJ mantendría la competencia para continuar con el proceso que lleva en contra del político antioqueño.
Es claro que Uribe intenta burlar la justicia. Conoce muy bien la débil institucionalidad estatal, por cuanto él mismo, durante 8 años, aportó para que esa condición se naturalizara. Ojalá los magistrados de la CSJ entiendan que la renuncia a la curul tiene ese tufillo y la intención de mofarse de la competencia de esa corporación judicial.
Los efectos políticos e institucionales
En la labor legislativa en el Congreso, sin duda el Centro Democrático sufrirá la ausencia de su líder. La bancada uribista solía obedecer a pie juntillas al senador Uribe. No quiere decir que con su ausencia habrá conatos de indisciplina. Nadie duda de la obediencia y de la comprometedora lealtad que exhiben los congresistas que Uribe llevó a esa corporación a través de la lista cerrada. Sentirán el vacío en los debates, no solo por la presencia intimidante de Uribe, sino por su carácter montaraz y pendenciero con el que asume las discusiones, en particular cuando se ponen de presente los asuntos familiares que tanto lo atormentan y por supuesto, los que tienen que ver con su paso por la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República.
En lo que concierne con el Presidente electo, Iván Duque Márquez, hay que señalar que este tiene la oportunidad de tomar distancia de su mentor y tratar de gobernar sin que su sombra enturbie las decisiones que como Jefe de Estado deberá tomar. Muy seguramente no lo hará, a juzgar no solo por el comunicado que leyó recién conoció de la renuncia del senador, en el que insistió en la “honorabilidad y en la inocencia” de Uribe, sino por el talante sumiso exhibido por Duque durante la campaña presidencial.
De resultar culpable Uribe de los delitos por los que la CSJ lo indaga, es posible que la propuesta de “unificar” las Cortes termine siendo un imperativo para el gobierno de Duque, de cara a detener cualquier otra imputación o fallo definitorio en contra del ex mandatario. Es claro que Uribe cuenta con un gran respaldo dentro de una parte importante del Establecimiento, lo que hace que su figura deba ser preservada para garantizar asuntos, incluso, que tocan con la seguridad nacional y las maneras como el poder político funciona de tiempo atrás en el país. Es decir, no será fácil condenar a un expresidente como Uribe, no solo por su condición de ex mandatario, sino por lo que él representa para sectores conservadores de la sociedad colombiana (legales e ilegales).
El solo llamado a indagatoria que le hizo la CSJ pondrá a prueba no solo la separación de poderes, sino la institucionalidad judicial misma, por los fueros presidencial y el de senador que acompañan a Uribe, y por las interpretaciones jurídicas que en diversas instancias se van a dar en torno a qué instancia deberá asumir en adelante el caso por el cual renunció a su curul.
He aquí dos preguntas que muy seguramente debe estarse haciendo ese medio país que no comparte el ethos que ha guiado la vida de Uribe Vélez: ¿habrá la suficiente capacidad moral, ética, jurídica, institucional y política para someter a Uribe a la justicia? y ¿Será el final de Uribe?
Nota: al momento de publicar esta columna, se conoce de una reunión liderada por Paloma Valencia, en la que se solicita a Uribe que reconsidere su renuncia. La carta de dimisión aún no se registra en la Secretaría General del Senado.
Fotografía cortesía de Cablenoticias
- Unos 22 en la Corte Suprema de Justicia. Y más de 100 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
- En su momento, la periodista Vicky Dávila simpatizó con las ideas de Uribe y su accionar. Posteriormente, ‘tomó distancia’ por el sonado caso de la violación de la periodista Claudia Morales, dado que, a pesar del mensaje cifrado de la denuncia de Morales, el país asoció la identidad del “poderoso” violador con Álvaro Uribe Vélez.
[12] Véase:
[13] Véase:
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Dudo mucho que se haga justicia con este señor. Como lo señala el columnista, Uribe y otros más se han encargado de moldear el sistema a su favor. Tengo más esperanza de la desaparición de Timochenko y los farianos que asumieron en el congreso. Porque serán voces muertas y ratas en minoría acorraladas .por otra especie de ratas.Muy pocos los apoyan. En cambio Uribe goza de poder político, ha untado a otros grandes dentro de la política, grandes empresarios y más. Como dice Ayala Osorio. Un ethos mafioso.