Las prioridades del presidente Duque

Existe un mecanismo utilizado para evitar que se conozca la verdad y el acceso pleno a la justicia por parte de las víctimas, en claro desconocimiento del propósito de lograr la reconciliación de la sociedad.

Opina - Sociedad

2019-05-16

Las prioridades del presidente Duque

En pleno desarrollo de la Cumbre Concordia Américas 2019, que se realizó en Bogotá en estos días, el presidente Iván Duque señaló en Twitter que:

“El deber moral de todos los Estados democráticos es denunciar los atropellos de la dictadura, afianzar el cerco diplomático y lograr, a la mayor brevedad, que Venezuela tenga ese paso a la libertad y a la verdadera democracia”.

También indicó el primer mandatario que la invitación que se debe hacer a todos los latinoamericanos no es a preguntarse cuándo va a caer la dictadura sino “qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional”.

El interrogante que surge entonces es: ¿por qué el presidente no se pregunta lo mismo en el caso colombiano? ¿Será que los asesinatos de defensores de derechos humanos no afectan también la vida democrática y el Estado social de derecho en nuestro país? ¿Qué hay que hacer en Colombia para mejorar el orden institucional y reforzar la democracia?

En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relacionado con la situación de los derechos humanos en Colombia en 2018, se indica que el 93% de los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos:

“Ocurrieron en contextos regionales con causas estructurales vinculadas a la persistencia de la falta de acceso a los derechos de la población, principalmente el derecho a la justicia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Estas causas generan altos índices de pobreza multidimensional y propician el surgimiento de economías ilícitas, controladas o disputadas por grupos criminales, lo que también provoca niveles endémicos de violencia”. 

Allí se señala, que esas causas estructurales derivan, en buena medida, de la débil o nula presencia del Estado en algunas zonas rurales.

El presidente de un país en el que no se garantizan los derechos humanos, segundo más desigual en América Latina y el Caribe, no se puede dar el lujo de estar más preocupado por la crisis humanitaria de su vecino que por la situación del Estado que gobierna, (si es que realmente gobierna).

Preocupa y, lo pone a uno a pensar, la poca o nula importancia que le generan al jefe de Estado, crímenes como el de Dimar Torres Arévalo, atendiendo a quién lo cometió y la manera vil como se ejecutó y se pretendió ocultar; o el crimen del bebé Samuel David González, de tan solo siete meses de nacido.

Estos homicidios son consecuencia de una inadecuada, o mejor, inexistente política para el posconflicto, en un país cuyo Gobierno es incapaz de garantizar la protección de quienes decidieron dejar las armas y optaron por la legalidad y la política para el logro de sus propósitos de igualdad y anhelos de una vida en paz.

No se concibe que, ante el vertiginoso ascenso de los índices de violencia en Colombia, sea parte del objetivo del Gobierno impedir la plena implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Se advierte, entre otras cosas, con las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que existe un mecanismo utilizado para evitar que se conozca la verdad y el acceso pleno a la justicia por parte de las víctimas, en claro desconocimiento del propósito de lograr la reconciliación de la sociedad.

Y ni qué decir de la plantada del presidente a la minga indígena y a Francia Márquez, después del atentado contra su vida en Santander de Quilichao.

El primer mandatario vive más preocupado por hacerles llamados a los militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, porque para el Gobierno Nacional lo importante es ayudar al regreso de la democracia en Venezuela, con el apoyo de los países de la región. ¿Y nuestra democracia y los derechos de los ciudadanos colombianos?

Todo parece indicar que en ese camino de volver al pasado no se puede esperar nada, en lo que tiene que ver con el propósito de afianzar y reforzar la democracia en Colombia, el respeto de los derechos humanos y el logro de una paz estable y duradera. El presidente Duque se encuentra en deuda con el país y, de continuar su mandato como hasta ahora, su Gobierno será de ingrata recordación.

 

Foto cortesía de: RT

 

 

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Hernando Bonilla Gómez
Abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional y litigante independiente.