Origen del Conflicto Armado
Las fuentes del conflicto armado colombiano pueden rastrearse por lo menos a la década de 1920. La expansión de la economía cafetera y la imposición del conservadurismo chocaron con el inicial desarrollo del modo de producción capitalista en la hasta entonces economía y sociedad esencialmente rural.
El desarrollo industrial demandó la liberación de mano de obra barata, millones de campesinos, pequeños y medianos propietarios fueron despojados por grandes terratenientes para obligarlos a trabajar como jornaleros sin tierra o adaptarse a la débil economía urbana-industrial, lo que a la larga desencadenó la organización campesina y obrera alrededor de reclamos sobre la propiedad rural y las condiciones de trabajo, por lo que fueron brutalmente reprimidos, y lo que debilitó el dominio del partido conservador sobre el Estado y extendió la luchas populares a la década de 1930 y hoy.
La Propaganda de Guerra contra las FARC-EP
El discurso hegemónico de la radical derecha colombiana no teme falsificar la historia, mentir, distorsionar, valerse de explicaciones simplistas y mitológicas-mitómanas, ni de aprovecharse de los reducidos niveles educativos de la población, de la ignorancia, del sensacionalismo, del miedo ni del dominio que posee sobre los medios masivos, para contar una versión irreal de su némesis: la insurgencia armada. Así pues, siendo la verdad uno de los componentes fundamentales de cualquier proceso de construcción de paz, se hace necesario desenredarla de esa maraña de mentiras que deben ser refutadas.
“Las FARC-EP son terroristas”
El terrorismo como tal NO EXISTE, no como se ha planteado desde el once de septiembre de 2001. El discurso antiterrorista no es más que un discurso político, lo que significa que se fundamenta en los intereses y el poder, no en la razón, por ello, son los países desarrollados, centros de poder económico, político, ideológico y militar, los que definen quién es y quién no es terrorista en el mundo, casualmente, lo que comparten todos los individuos y organizaciones así catalogadas es que se oponen a intereses norteamericanos o de grupos dominantes locales.
Una categoría que encuadra como “auxiliador del terrorismo” al gobierno cubano y no al Estado de Israel, responsable de genocidio contra el pueblo palestino carece de cualquier seriedad. Por otro lado, conceptualmente no se trata de una valoración que revista coherencia alguna, no cuando abarca fenómenos tan distintos como las insurgencias armadas en Latinoamérica y a los extremismos religiosos de oriente medio, menos aún si se considera que no existe una definición canónica de “terrorismo”.
“Las FARC-EP son los principales responsables del conflicto armado en Colombia”
Es una de las principales falsedades interiorizadas y repetidas por muchos incautos. Se puede refutar esta patraña fácilmente por una vía fáctica y por otra no fáctica. En primer lugar, el informe: “¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad” que constituye el balance quizás más elaborado y completo en cuantificación y análisis cualitativo sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, establece claramente como mayores victimarios al paramilitarismo y las fuerzas del Estado, que componen un solo y mismo bando en el conflicto, atribuyéndoles no solo la responsabilidad por causar mayor cantidad de víctimas, sino por cometer los más graves actos de degradación y sevicia: torturas, desapariciones, ejecuciones y masacres.
Esto se explica porque la política contra insurgente, de la que hacen parte las fuerzas estatales y para estatales, tiene como eje exterminar las bases sociales de la subversión, esto es, al campesinado y los movimientos sociales en general. (Consultar: “¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad” paginas 35, 36,55, 87 y 86).
En segundo lugar, desde el punto de vista teórico, la actividad de las FARC-EP a lo largo de su existencia, ha sido básicamente de ejercicio del derecho humano de rebelión, derecho que se entiende como un último recurso, que solo ocurre cuando el Estado ha incumplido sostenidamente sus obligaciones para con los ciudadanos y se busca remediar unas condiciones que hacen imposible la vida misma.
De tal modo, no pueden ser las FARC-EP los máximos responsables del conflicto armado, por cuanto su razón de ser empieza en la inobservancia del Estado respecto de su esencia misma: un acuerdo mutuo entre gobernantes y gobernados, en que el primero administra los valores sociales para proveer justicia y satisfacer necesidades básicas, a cambio, los segundos le deben obediencia y lealtad.
El ejercicio del derecho de rebelión, que puede llegar a ser armada, NUNCA en la historia de la humanidad ha sido una decisión advenediza o tomada con ligereza por individuo o grupo alguno.
Nadie se embarcaría, sino como necesidad absoluta, en la empresa de luchar contra un ejército o Estado que posee medios técnicos muy superiores, al contrario, oponerse por la vía armada a un Estado es siempre la última opción posible, el mecanismo final al que se puede recurrir, el único camino que le ha quedado a los pueblos para superar condiciones de opresión y explotación que le han sido impuestas.
En el caso colombiano, ejemplo de lo anterior ha sido el permanente despojo de tierras a pequeños campesinos por grandes terratenientes y la negación de las vías pacíficas, como se evidencia con y desde la Masacre de las Bananeras hasta el genocidio de la Unión Patriótica.
“Las FARC-EP son narcotraficantes”
Es este otro de los más frecuentes sofismas de la propaganda de guerra, no solo es una afirmación carente de veracidad, por cuanto no guarda relación alguna con la realidad, sino que es además una distorsión de los conceptos.
Por narcotraficante se entiende el individuo u organización cuyo fin es la actividad económica de comercialización de narcóticos, es aquí donde se convierte en una artimaña dicha premisa; las FARC-EP existieron durante décadas antes de que el fenómeno del narcotráfico ocurriera en Colombia, lo que desvirtúa sin esfuerzo la idea de que su esencia está ligada al negocio de los narcóticos, de hecho Pedro Antonio Marín (Tirofijo) participó de las guerrillas liberales. La economía de los narcóticos solo aparece como un factor secundario a la actividad subversiva, cuya naturaleza es la rebelión y combate al Estado.
Por otro lado, el negocio de las drogas ilícitas es un fenómeno transversal a toda la sociedad colombiana, desde la Iglesia Católica hasta los equipos de fútbol han estado involucrados.
En realidad, la participación de FARC-EP en dicha actividad comercial, más allá de lo que se pueda afirmar desde los noticieros, es fundamentalmente de cobro de impuestos a toda producción que genere determinado nivel de ingresos en un territorio, así pues, se trata de una práctica conocida como “kilaje”, consistente en recaudar una cantidad determinada de dinero por cada kilo de cocaína producido.
Bajo el entendido de que las FARC-EP han llegado a constituirse en un Estado dentro del Estado: desempeñan monopolio de la fuerza en algunos territorios, gozan de ciertos niveles de legitimidad y aplican normas de control social etc., resulta consecuente que ejerzan funciones de recaudo fiscal.
La segunda falacia de este “argumento” está implícita, y es consecuencia lógica de la primera: “si son narcotraficantes, lo son para su enriquecimiento” sin embargo, quienes esto exponen en iracundos discursos no aportan prueba alguna y no lo hacen porque no pueden.
Imagen cortesía de: confidencialcolombia.com
A diferencia de los miembros del ejército gubernamental, más allá de los medios para la campaña militar, NINGÚN guerrillero de las FARC-EP recibe beneficio económico alguno por su militancia o en ejercicio de la misma, se someten a una guerra contra un enemigo mejor equipado, padecen privaciones imaginables y si su interés fuese el lucro individual, lo último que harían sería unirse a las FARC-EP, donde prácticamente no se permite la propiedad privada o no hay posibilidad alguna de gozar del supuesto botín, menos aun existiendo otras actividades ilegales más lucrativas.
Es pues profundamente cínico que personas que viven en el barro, en la lluvia, con hambre y sin techo (la guerrilla) sean catalogadas como narcotraficantes por gente que vive en millonarias haciendas y se movilizan con cientos de escoltas en autos blindados. Ante todo esto, habría que preguntarse cuántos miembros del glorioso y siempre victorioso ejército colombiano saldrían a “defender la democracia maestro” si no que les pagaran por ello.
No resulta claro si cuando los fanáticos de ultraderecha dicen: “las FARC son el cartel más grande del mundo” lo hacen con deliberada intención de engañar o solo por ignorancia. El cartel de drogas más grande el mundo es el Cartel de Sinaloa y en su momento lo fue el de Medellín, cuyo legado político ha recogido la extrema derecha.
Por último, aunque es parte de otra discusión, cabe apuntar que quienes han sido más beneficiados por el narcotráfico son las élites empresariales, ganaderos, latifundistas y banqueros del país. La demanda de tierras para el cultivo de coca y amapola desde década de 1980 valorizó en cuantía la propiedad rural, favoreciendo a grandes terratenientes.
La economía de las drogas ilícitas permitió la expansión del paramilitarismo que vació grandes regiones, expulsando a 6 millones de personas, quedando la tierra libre para especuladores y multinacionales del agro y minería. El empresariado urbano se lucró al tener una fuente de mano de obra barata y disponible compuesta por desplazados y su descendencia. La banca por su parte vivió una gran activación gracias al lavado de activos.
En general, todos los grupos dominantes de Colombia se vieron beneficiados, al encontrar en el narcotráfico la causa suficiente para motivar un mayor intervencionismo norteamericano, en la forma de guerra contrainsurgente enmascarada de “guerra contra las drogas”.
“Las FARC-EP no gozan de legitimidad”
La legitimidad es una fantasía del Estado liberal burgués, que en los estados contemporáneos se puede crear mediante aparatos ideológicos como los medios masivos y mecanismos como la propaganda o las encuestas. El problema al respecto radica en que la realidad social es demasiado compleja para agotarla en urnas o en una pregunta de SI o NO.
Las FARC-EP gozan de profunda legitimidad en buena parte de la población colombiana, solo que esto ocurre en aquel segmento de la sociedad cuyas demandas no recoge la “opinión pública” ni transmiten RCN o Caracol, en poblaciones y personas cuyas voces no tienen derecho a ser escuchadas, bajo pena de asesinato, censura y persecución.
Por otro lado, en una visión más amplia del concepto de legitimidad, resulta necesario entender que “la razón no es democrática”, lo que implica en este caso que las propuestas políticas de las FARC-EP corresponden objetivamente y recogen buena parte de los intereses del campesinado y de la población urbana, aquí algunas de ellas:
- Reforma agraria y distribución de la propiedad rural mediante la eliminación del latifundio y de acuerdo al principio de “la tierra para el que la necesita y la quiere trabajar”.
- Rechazo a la economía neoliberal y desarrollo de la economía solidaria.
- Democratización de los medios de comunicación.
- Participación popular en los órganos de poder.
- Relaciones internacionales bajo principios de autodeterminación de los pueblos, defensa de la soberanía nacional e integración latinoamericana.
Tomado de “resistencia.org”
La resistencia de una insurgencia armada durante 50 años implica necesariamente su inserción en capas de la población que los acoge, respalda, legitima y protege, de lo contrario NO hubiese sido posible su persistencia.
La subversión armada ha representado una amenaza, durante toda su historia, fundamentalmente para aquellos sectores MINORITARIOS de la sociedad que encuentran defensa de sus intereses en el Estado, pero que son los que determinan la orientación de las políticas reproductoras de realidades ampliamente inconvenientes para las mayorías.
En otras palabras, los enemigos de las FARC-EP son los mismos que han ejercido de enemigos del pueblo colombiano. Nada tienen que temer los que poco o nada poseen a un improbable “Gobierno de las FARC-EP”, los que sí han de temer con justa causa son los que derivan su opulencia de la pobreza de millones.
“Somos una democracia amenazada por las FARC”
Resulta una afirmación tan artera como cínica. La sociedad y el Estado colombiano distan de encajar en cualquiera de las múltiples maneras de entender la democracia que existen. No es concebible una democracia donde se cometen genocidios políticos como el de la Unión Patriótica, porque se atenta contra el derecho de participación política, libertad de reunión y pensamiento.
No es democrático, según las nociones liberales de democracia, que exista monopolio privado de los medios de comunicación, porque se atenta contra la libertad de información y expresión.
No es democrática una sociedad donde según cifras oficiales (ósea que la realidad es peor) hay 32 millones de personas entre pobres y miserables, de un total de 48 millones (62%) porque la gente que debe rebuscar y pasar hambre no es libre para pensar y elegir a sus gobernantes.
Definitivamente no es posible pensar una democracia donde hayan al menos 9mil presos políticos, encarcelados por sus ideas, porque se atenta contra la libertad de pensamiento. Nunca cabrá en un concepto serio de democracia, un Estado que como regla general reprime brutalmente la protesta social. Tal vez en Colombia gozamos de una democracia al estilo propio, una que funciona muy bien, solo que para unos pocos.
A fin de cuentas, la paz no puede construirse sobre los ardides y engaños con los que la extrema derecha ha edificado su discurso de guerra, como fieles seguidores de la doctrina de la propaganda desarrollada por el ministro de guerra nazi Joseph Goebbels. Debe construirse sobre la verdad, lo que exige rescatarla de la oscura noche en que la someten oscuros individuos como Fernando Londoño, Salud Hernández, Gurisatti, Dávila y Arismendi entre otros.
Gracias por el análisis.