¿Alguien recuerda el escándalo de “las chuzadas del DAS”? Seguramente sí, pero como en Colombia somos tan desmemoriados, no está de más recordar. Fue una especie de empresa criminal que funcionó durante los periodos presidenciales del actual senador Álvaro Uribe Vélez, a través del grupo de inteligencia G3 del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en donde de manera ilegal, aunque parezca una obviedad, no sólo se interceptaban las comunicaciones de diversos personajes y sectores opositores al gobierno de turno, sino que se crearon manuales específicos para intimidar y amenazar a los “investigados”.
Si bien se han proferido ya 20 sentencias condenatorias y existen en la actualidad más de 70 procesados, por su presunta participación dentro de esta verdadera estrategia de persecución política, quien ordenaba y se beneficiaba de manera directa del accionar ilegal, aún está sin identificar. Los rumores dicen que puede estar en una finca montando caballo y tomando café al mismo tiempo, en el Congreso de la República, obstaculizando acuerdos de paz, mejor dicho, en cualquier lado. Lo cierto, es que, tal cual torero, pero con un fuero como capote, ha rejoneado la justicia a su antojo.
Pero el tema central de esta columna no lo constituyen las chuzadas del DAS sino las posibles chuzadas del nuevo DAS, es decir, el Departamento Nacional de Inteligencia, DNI. En los últimos días, el exdirector del CTI, Julián Quintana, en declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, afirmó valientemente que la información que utilizó la Fiscalía General de la Nación en el famoso caso del “hacker” Sepúlveda, que aparentemente obtenía información ilegal del proceso de paz y la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, fue entregada de manera directa por el almirante Álvaro Echandía, Director General del DNI.
Parece ser que el almirante trató a toda costa de que Quintana, digamos, pasara por alto el suministro de la información utilizada en el mencionado caso judicial en su declaración ante la Corte Suprema, así lo afirma el ex director del CTI y lo niega a la vez Echandía. La ilegalidad del accionar de este último será difícil de evidenciar; demostrar que el DNI fue utilizado dentro de las jugarretas políticas en la carrera a la presidencia será una tarea ardua. A veces lo evidente es difícilmente demostrable.
Lo curioso del asunto, es que podría inferirse entonces, que en las pasadas elecciones presidenciales se pagaron con la misma moneda, es decir, yo te intercepto, tú me interceptas, nosotros nos interceptamos y tranquilo que los colombianos pagan.
La conclusión, es que la utilización de la inteligencia nacional (que repito, pagamos todos) por parte de los gobiernos de turno para proteger sus propios intereses políticos, es una situación descubierta y discutida hace décadas en Colombia, desde el polémico Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay en adelante, pero parece siempre pasar desapercibida u olvidada con rapidez, como lamentablemente pasa con muchas atrocidades en este país.
¡Hable ahora, Almirante Echandía!, exclamó con vehemencia el periodista José Manuel Acevedo en su más reciente columna de opinión virtual de la revista Semana. Me uno a esa exclamación. La verdad tiene que ser revelada, porque tal parece que algunas “mañas” de los gobiernos pasados siguen siendo replicadas por el actual.
Publicado el: 15 Nov de 2016
