Mientras avanzan por estos días las declaraciones orales de las víctimas que sufrieron el secuestro al que las Farc los sometió por varios años, la bancada del Centro Democrático (CD) lidera los anunciados (des)ajustes al Acuerdo Final que hiciera el entonces candidato, Iván Duque Márquez, y que bien confluyen en su ya conocida frase “Ni trizas, ni risas”.
La frase de campaña, convertida en una suerte de mantra para las bancadas en el Congreso que acompañan al gobierno de Duque, es el marco de acción ético-político bajo el cual viene actuando el llamado “uribismo”, en consonancia con el Ejecutivo, para ir (des)ajustando el Acuerdo Final a los objetivos políticos de quienes tienen miedo de que el país conozca la verdad de lo sucedido en más de 50 años de guerra interna. Pero no solo buscan entorpecer el camino para que haya Verdad, sino poner todo tipo de trabas a la reforma rural integral.
Poco a poco y, en un proceso dosificado, el Gobierno de Iván Duque viene cumpliendo la sentencia que lanzara en su momento el exministro Fernando Londoño, quien abiertamente señaló que “había que hacer trizas ese maldito papel”. Y no porque el ladino y sancionado exfuncionario sea el líder del Centro Democrático, sino porque el sentido de su sentencia-propósito-amenaza, es compartido por quienes hacen parte de esa cofradía que el mismo Londoño calificó como un “partido de derecha”.
Razón le cabe a la dirigencia del partido de la rosa, al llamar la atención de los países garantes, a la ONU y pedir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia. Está claro que desde que se firmó y ratificó el Acuerdo Final en La Habana y en el teatro Colón, hubo resistencias en sectores del Establecimiento, las mismas que fueron recogidas por quienes impulsaron el No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
De continuar el trámite en el Congreso y de aprobarse las reformas a la JEP, corresponderá a la Corte Constitucional revisar la legalidad de lo que se apruebe en el legislativo, en aras de evitar que lo acordado en La Habana y ratificado en el teatro Colón de la capital del país, termine con la aspiración de la mayoría de las víctimas y sectores societales de conocer la Verdad de lo ocurrido en Colombia, en el marco y en razón de un conflicto armado que se degradó.
Ampliar el número de magistrados deslegitima a los jueces de la JEP y a la jurisdicción misma. Insiste, además, en el manto de duda que ya había puesto el Centro Democrático cuando quiso poner límites o cortapisas de carácter ideológico al perfil al que debían responder los magistrados que harían parte de la JEP.
Es evidente que el CD buscará poner magistrados de bolsillo o, por lo menos, cercanos al sector castrense. Es más, podrían llegar jueces con experiencia en la justicia penal militar. En el fondo, buscan ampliar el número de magistrados para «darle manejo» a las versiones de los militares de lo ocurrido, por ejemplo, con los llamados «falsos positivos». Uribe tiene miedo de que en esas versiones, algún oficial diga y explique cómo operó la «política oficial» de «producir más y mejores resultados operacionales».
De manera equivocada en el CD creen que favoreciendo a los militares evitarán en buena medida que se sepa la verdad de lo ocurrido con los «falsos positivos» y con operaciones militares en las que claramente se demostrarían errores operacionales, tácticos e incluso, desidia a la hora de apoyar, por ejemplo, a estaciones de Policía atacadas por las Farc, por varias horas, sin que el Ejército los haya apoyado. «Se están dando un tiro en el pie» se les advirtió hace un tiempo. Y es así porque la CPI está vigilante del proceso e investiga a más de 25 militares por el asesinato de civiles.
Con lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República en materia de propuestas de reforma a la JEP y, en materia de tierras, se confirma que el gobierno de Iván Duque Márquez y el CD están articulados y trabajan de manera coordinada para torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final II y golpear el corazón del tratado de paz: la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Es claro que la JEP y la Verdad están en la mira de ese sector de poder que no solo se opone a la construcción de la Verdad Histórica del conflicto armado, sino que hace y hará ingentes esfuerzos por mantener el principio del enemigo interno y, por esa vía, perseguir a todos aquellos que no están con ellos.
Colombia necesita conocer, saber y comprender qué fue lo que pasó durante más de 50 años de conflicto armado interno. Urge que la sociedad colombiana conozca el talante ético y moral de los responsables, civiles y combatientes que aportaron a la extensión en el tiempo del conflicto armado y a su degradación.
Al reconocer de qué fueron capaces de hacer empresarios y combatientes, legales e ilegales, será más fácil perdonar y reconciliarnos, sobre la base de reconocer que de la condición humana se puede esperar lo más sublime, pero también lo más execrable.
Para construir paz es necesario quitarle la máscara a quienes desde lugares privilegiados, azuzaron la comisión de todo tipo de delitos. Al quitarles las máscaras, será más fácil reconocernos en la misma condición humana que compartimos.
De esta manera, será posible superar la falsa dicotomía desde la que suelen muchos hablar de la guerra interna colombiana: hay unos malos, la guerrilla; y hay unos buenos, los militares y el resto de la sociedad. Aquí no se trata de señalar quiénes son los buenos y cuáles los malos. Por el contrario, lo que se requiere es verlos a todos los participantes y agenciadores, desnudos, con toda y la perversidad que les acompaña por compartir la misma condición humana.
Negar el develamiento de la verdad, es extender en el tiempo odios y resquemores entre miembros y sectores de una sociedad escindida y envuelta en una lucha de clases que justificó todo tipo de acciones criminales cometidas y perpetradas por agentes estatales, miembros notables de la sociedad civil y, por supuesto, de los combatientes de las guerrillas y las Fuerzas Armadas.
Adenda
El gobierno de Duque está, poco a poco, consolidando y exacerbando un enorme malestar social, que bien podría catapultar a un líder populista, civil o militar. Con la reforma tributaria que acaban de presentar al Congreso, es claro que están jugando con candela.
Foto cortesía de: RCN Radio.
Es indudable que la cuadrilla del centro demonìaco en cabeza del narcoparaco82 quieren seguir encubriendo las verdades que ya la mayoría del pueblo colombiano sabe, y obvio que ese diabólico personaje le tiene miedo a que el país sepa la verdad de lo que èste degenerado ha propiciado criminalmente.