Columnista:
Brayan Montoya
En plena crisis por la pandemia se dice que la tablita de salvación de este país, que se viene hundiendo desde que empezó a existir, no es otra que el sector minero energético. Todo hay que decirlo. Recuperar la economía no es un problema menor, pero de pronto de pronto, (por no decir que así será invocando la clarividencia de Hassan Nassar) seguir el camino que se está trazando podría significar agravar las problemáticas socioambientales, que a su vez desencadenarían mayores zafarranchos por el acceso a la tierra y sentarían aún más las bases del conflicto moderno que tenemos en nuestro bello platanal (Me haré la autopublicidad y los invitaré a leer mi columna “Tierra querida”).
Según El Tiempo, un medio abiertamente gobiernista, nos cayó literalmente una oportunidad dorada. Nos ganamos la lotería porque la onza de oro ya no vale 1.200 dólares, sino 2.000. Mejor dicho, ese incremento del 60 % es justo lo que necesitamos en esta pandemia. Al fin de cuentas lo dicen los refranes populares «el tiempo es oro» y «por la plata baila el perro» (esta es mi interpretación y no la del periódico). Nunca hemos escuchado decir que la medida de riqueza sea el agua o la vida de los pueblos. Por algo el amarillo es el color más ancho de la bandera (aunque con los días que corren debería ser el rojo).
Tan así es la cosa, que ya el Ministerio de Minas y Energía, nos está vendiendo proyectos como Soto Norte en los Santanderes, cual realidad impajaritable. A pesar de no tener todavía la licencia ni la delimitación del páramo. Aunque, teniendo en cuenta que la palabra final la tiene Carrasquilla, el ministro de Hacienda que funge como ministro de Ambiente ad hoc para este tema, es fácil entender por qué están cantando victoria anticipada.
El ministro Diego Mesa dijo en julio, durante el panel “Energía y recursos naturales” de KPMG, que esta apuesta de Minesa era uno de los cuatro proyectos mineros que pararían la economía del país (Buriticá, Quebradona y Gramalote son los otros tres), que juntos atraerían 450 millones de dólares en inversión extranjera y crearían 12 000 empleos. «Colombia ha sido un país minero y no podemos darle la espalda al desarrollo minero, menos ahora cuando es necesario para la reactivación económica».
Pero de eso tan bueno no dan tanto, otro es el cantar en los municipios mineros desde hace mucho tiempo. En Jericó, Antioquia por ejemplo, denuncian manipulaciones y chanchullos de AngloGold Ashanti — dueña y señora del proyecto Quebradona— en el Concejo Municipal y la Alcaldía. A tal punto de señalar una supuesta coadministración entre el Gobierno local y la multinacional.
El alcalde repitente, David Alonso Toro, no solo está pasando rendiciones de cuentas conjuntas con Quebradona, según se cuenta. En su pasada administración (2012-2015) firmó convenios con la minera (003 en junio de 2012, 004 en junio de 2013, 005 de diciembre de 2015) echándose al bolsillo 1.700 millones de pesos, sin ningún control político. Supuestamente esa platica fue para poder cumplir con el Plan de Desarrollo de Jericó. Así lo argumentó el mandatario cuando cuñó esos convenios al presupuesto con el decreto 012 del 2015 sin dar mayores detalles de gastos, de actores involucrados y sin decirle al Concejo Municipal; que al no estar enterado de ese tapa’o no pudo hacer control político.
Eso por no hablar de otras denuncias como las hechas por el medio digital ifmnoticias.com: Dineros de la Anglo para las últimas campañas políticas del municipio (ellos dicen que a todos les dan plata para «fomentar» la democracia), entrega de platas a una fundación directamente relacionada con un concejal, viáticos para rectores de instituciones educativas en sus viajes al extrajero, y algunas carticas intimidantes a los concejales, enviadas por el alcalde Toro a finales de 2019 (cuando estaba electo, pero no en ejercicio) con intención de acabar con el proyecto de EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) que pretendía blindar el municipio de minería de metales (proyecto que curiosamente se cayó por falta de quórum).
Y si aún no son evidentes las ventajas de una administración comprada para hacer y deshacer, este apartado de una publicación del portal informativo que mencioné anteriormente, lo resume de manera magistral: «la Alcaldía [de Toro] omitió revelar y denunciar ante las autoridades ambientales las presuntas violaciones ambientales cometidas por la empresa a finales de 2011, incluyendo el daño a uno de los acuíferos subterráneos que surte la quebrada La Fea en el pozo 10 de perforación objeto de proceso sancionatorio (…).
¿Se investiga en el país el detrimento del patrimonio capital crítico natural? ¿Quién respondería por un daño incompensable como la rotura de un acuífero subterráneo, o complicidad en su ocultamiento y la dilación en el trámite?» Si así es la movida sin empezar la explotación, imagínense lo que se viene.
AngloGold Ashanti se disfraza de minería con propósito social económico y ambiental, pero plataformas como el COA (Cinturón Occidental Ambiental), una articulación de organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y sociales, promotoras de las formas propias de habitar el territorio y defensores de la vida, desmienten esto señalando situaciones como la ocurrida al inicio de la cuarentena obligatoria con el supuesto apoyo de la multinacional a algunos jóvenes a través de un mal llamado PREICFES.
La AngloGold Ashanti, por medio de la señora Luz Alba Villegas, le solicita al rector de la institución educativa [San Francisco de Asís] entregar las listas de los estudiantes y referenciar a los supuestos opositores, propiciando la estigmatización y exponiéndolos al fuerte conflicto social que persiste desde hace más de diez años en el municipio y que, en el contexto del país, estos listados han sido utilizados para agredir a opositores, líderes sociales y a sus familias.
Por otro lado, los hidrocarburos también tratan de venderse como salvadores. Felipe Bayón, en el mismo panel de KPMG dijo que — palabras más, palabras menos— el sector energético, es el propio para cerrar las brechas en Colombia. Mientras tanto, en ese mismo evento, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, le hacía lobby al fracking como un eco del ministro de Minas y a la vicepresidenta Ramírez que insisten en que el sector minero es clave en la reactivación: «los pilotos van a desmentir y se descubrirá que esta técnica se puede hacer bien, de manera seria y responsable» comentó. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, creo que la historia no les da la razón. Ni la más reciente ni la que acompaña el nacimiento de la industria petrolera.
En el 2016, los ambientalistas opositores al fracking en el Cesar, denunciaron amenazas contra uno de sus voceros, Carlos Andrés Santiago, perteneciente a la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec). En el 2018 también denunciaron amenazas a opositores en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, el mismo sitio donde Los Rastrojos mataron en el 2009 a Lucho por denunciar las afectaciones que estaba dejando la construcción de la hidroeléctrica Hidrosogamoso y defender a los pescadores.
Barranca ya tiene cuero grueso en estas luchas después de décadas de explotación petrolera y saben que es un mal negocio «¿Qué nos ha dejado eso? Nada. Vivimos frente a una ciénaga, de la que se nutre Ecopetrol, pero el pueblo no tiene acueducto con agua potable. No tenemos vías, no tenemos puestos de salud», dijo un líder sin nombre (por amenazas contra su vida) al portal verdadabierta.com en el 2019.
Esta era una comunidad de pescadores, abundaba el pescado. ¡Vaya saque ahora un pescado a ver si es capaz! (…) Con esa propuesta de hacer fracking, que según entiendo requiere cantidades enormes de agua, ahora sí nos van a dejar sin ciénaga.
Oponerse es cargar el obituario en la espalda, o quedar «fichado» como mínimo. Así ha sido desde siempre, desde los tenebrosos inicios de la industria petrolera que traen consigo el etnocidio de los Yariguíes en la década de 1910 y la de los Barí (mal llamados Motilones) en 1930; cuando el Estado le dio carta blanca a empresas extranjeras, como la Colombian Petroleum Company y la South American Gulf Oil Company, para perseguir y matar a los indígenas que «detuvieran» el «progreso» tal y como está consignado en un diario oficial de 1931 que contiene la ley 80 del mismo año «El gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes».
El sector de la hidroenergía, no se queda atrás en su cuestionable discurso de salvamento. Por ejemplo, en el oriente antioqueño, donde los conflictos socioambientales se relacionan profundamente con los ríos y las hidroeléctricas, como lo he contado en otras columnas (Véase De la paz corporativa y otros demonios I y II) pretenden montar varios proyectos energéticos, y aunque no deseo repetir cosas que ya he dicho, es necesario recordar que en esta zona se encuentra el único río libre del departamento (El Samaná Norte) y la mayor hidroeléctrica del país (Punchiná) hasta que se componga Hidroituango.
Aquí también se dice que lo bueno de toda esa matriz de centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas no es mucho. Ha sido más lo malo. Cambio del microclima por los espejos de agua, sedimentación que produce metano, cambio de la vocación del territorio, destrucción del habitat de especies endémicas, descampesinización del campo, desarraigo e incumplimiento de la ley 1448 (Ley de Víctimas) son el triste y violento legado de ese modelito de desarrollo que llegó cogido de la mano con el conflicto armado y que todavía hoy sigue haciendo estragos, generando despojo y desplazamiento en familias campesinas que ya van a ajustar 3 o 4 salidas de diferentes partes del territorio, unas por grupos armados y otras por las empresas. Entonces, cabe preguntarse ¿pesa más el derecho de las víctimas o el de los privados?, como me dijo alguna vez una señora en San Carlos: «No nos mató la violencia, pero nos va a matar la ayuda» (léase “ayuda” con tono sarcástico).
Con este panorama uno esperaría que organizaciones como Corporación Prodepaz estuviera firme con las personas que habitan y defienden el territorio, pero en vez de eso se regalaron como caballito de batalla para promover los proyectos que se quieren instalar en el Oriente «mercenarios del extractivismo» los llamamos en el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).
Y Prodepaz se ganó este remoquete, al dejar en evidencia su propia contradicción, a través una carta que enviada al Concejo del municipio de Cocorná, invitando a la socialización del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo programada para el 10 de septiembre, argumentando:
Reconocemos la importancia de encontrar actores estratégicos que puedan articular sus acciones a las propuestas de desarrollo y paz ofrecidas por Prodepaz. En esta vía, se ha establecido una alianza con EPM con el objetivo de facilitar encuentros de participación, como la socialización del proyecto PCH Santo Domingo, visionado por este grupo empresarial.
Este, como los otros ejemplos, evidencia que el sector minero energético, tal cual está concebido, va en contra de los esfuerzos de las comunidades que pretenden echar nuevamente raíces en los territorios violentados y pareciera que responde a intereses diferentes a los de la gente y al bien común. «Ninguna decisión sobre nuestros territorios, sin nosotros» decimos en el Movete y así, con estas palabritas que recogen todo el carretazo de esta columna, quiero terminar preguntando si la reactivación es solo para los grandes poderes, si tendremos que seguirle pidiendo a empresarios y políticos que «nos lo saquen tantico» y si la reapertura de la que hablan no es de la economía, sino una reapertura de patas, para que nos sigan violando como país.
