En la década de los 80 llegaron a Colombia los grandes colosos del carbón, las multinacionales carboníferas, a los departamentos del Cesar y La Guajira, buscando el gran botín ‘el oro negro’, el mineral preciado que les daría según sus cálculos ganancias y poder. A su producción se le ha llamado en la actualidad la “locomotora” minero – energética, la gran esperanza económica para el Gobierno y la solución de tantos males para esa región colombiana.
Más de 20 años explotando carbón han convertido a Colombia en el quinto mayor exportador en el mundo y el primero en Latinoamérica en materia de producción y reservas. Empresas como el Cerrejón, con propiedad en las transnacionales BHP Billiton, AngloAmerican y XStrata, en La Guajira; Drummond Ltd. Colombia, Grupo Prodeco, Glencore Plc y Colombian Natural Resources S.A.S., en el Cesar, han alcanzado más de cien millones de toneladas en producción en el último año según el Plan Nacional de Desarrollo. Pareciera que el país estuviera en bonanza minera, pero la realidad es otra.
Esa “locomotora” ahora es una aplanadora, que ha arrasado con el medioambiente, los derechos laborales, la salud de los habitantes de esa zona y el progreso económico. En otras palabras, carbón y ganancia para las empresas, miseria y pobreza para Colombia. De todo esto el gobierno colombiano ha sido cómplice.
Desde el 2004 hasta la fecha se han otorgado permisos para la minería equivalentes al 10 por ciento del territorio nacional. En el Cesar, por ejemplo, se han concedido títulos pertenecientes a más 183.000 hectáreas. Y a esto se le suma las licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), quien ha dado vía libre a estas empresas para que hagan de su antojo con el plan de manejo ambiental de esas regiones.
Gobierno nefasto, solo ha servido para darle las ganancias del carbón a las multinacionales y pobreza a los más necesitados. Su tal “locomotora” está llevando al país al abismo económico, social y ambiental.
Los hechos recientes han demostrado que al Gobierno no le importa el país. Hace más de un mes la Anla mediante la Resolución 384 de 2016 autorizó a la empresa Drummond ampliar sus operaciones y con ello desviar el río San Antonio en La Jagua de Ibirico, Cesar. Así mismo, ha surgido la discusión por el realineamiento del arroyo Bruno, afluente del río Ranchería en Albania, La Guajira. Esto ha abierto el debate entre la explotación minera y la conservación del medioambiente. La naturaleza no ha sido la única perjudicada por la “locomotora”, hay más tela por cortar.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), poblaciones como Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, en el Cesar, y Fonseca, Barranca, Manaure y Maicao, en La Guajira, tienen los registros más altos en pobreza, en promedio el 70 por ciento de sus habitantes viven con carencias económicas y materiales. Cifras que revelan algo más, estos lugares son los peores para vivir. Parece incomprensible que pueblos tan ricos por las regalías del carbón sean los más pobres por el cáncer de la corrupción del Gobierno. Poblaciones desafortunadas que les ha tocado convivir con la incompetencia de la mala administración de sus gobernantes.
¿Qué ha pasado? Se preguntan los pobladores del ‘corredor minero’ en medio de su ignorancia por los índices bajos en educación, con sus necesidades básicas insatisfechas y un servicio de salud deficiente. Tan delicada es la situación que la explotación carbonífera ha dejado los suelos estériles para la producción agrícola, los ríos sin peces para el comercio, ecosistemas disminuidos y lo más terrible, la contaminación ambiental. Tanto la población como el medioambiente se encuentran desprotegidos frente a la acelerada y egoísta máquina minera, apoyada por el Gobierno colombiano.
Imagen: Expocarbon
El libro Minería en Colombia Institucionalidad y Territorio, Paradojas y Conflictos ha demostrado que estas poblaciones sufren serios problemas de salud. Las historias clínicas indican que los problemas de salud van desde la columna, al deterioro auditivo y visual, así mismo enfermedades gastrointestinales y las relacionadas con las vías respiratorias y la piel, además se suman las que padecen los trabajadores como lumbalgia, silicosis, trastornos del sueño, estrés laboral, hernias discales. Nada alentador el panorama.
Aunque a esta “locomotora” la ha frenado en los dos últimos años los bajos precios de las materias primas, las huelgas laborales en El Cerrejón, la suspensión de la licencia a la multinacional Drummond para el cargue y descargue en el puerto de Santa Marta, y la restricción en el horario de la circulación de trenes del carbón en el Cesar y Magdalena, no ha bastado para que tanto las multinacionales carboníferas como el Gobierno reaccionen ante la problemática social y ambiental que tienen al frente.
En definitiva, ¿qué le va a dejar la “locomotora” minero – energética a Colombia cuando se cumplan las metas de exportar 160 millones de toneladas anuales de carbón en el año 2020? Porque lo que ha dejado hasta ahora es pobreza, contaminación ambiental, corrupción y mucho abandono por parte del Estado. Que venga el diablo y escoja, porque ni el Gobierno nacional, ni los departamentales, ni los municipales han podido solucionar esta situación, se les ha salido de las manos. Si esto sigue así, dentro de unos 15 años cuando se acabe el carbón y se vayan las empresas carboníferas, esta región será la tierra del olvido.
Publicada el: 23 Jun de 2016
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