La gran crisis de las Fuerzas Militares de Colombia

Columnista:

Julián Escobar

Espionajes a periodistas y políticos de la oposición; corrupción, asesinato selectivo, tráfico de drogas y cocaína, persecución y control exacerbado y ahora esto, una violación a una niña indígena de una comunidad Embera en Risaralda. ¿Qué está pasando institucionalmente en el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares? ¿Cómo una de las instituciones más importantes del país está sumergida en una crisis sin precedente? Y aún más importante, ¿quiénes son los verdaderos culpables y responsables de esta debacle?

Primero, quiero señalar que esta columna de opinión la escribo desde la orilla de la subjetividad, no pretendo hacer aquí juicios de valor respecto al análisis de la actual y deplorable situación por la que atraviesa el Ejército Nacional solo porque sea un tema de coyuntura, ya que es sabido que “por sus frutos los conoceréis”, diría el fundador del cristianismo.

Hoy escribo —por qué no— desde la centralidad institucional, como hijo de un fallecido sargento mayor, quien con su estricto y disciplinado carácter, me hizo comprender, por más antagónica que sea la rigidez estatal políticamente hablando, el rol central que tiene el Ejército en el desarrollo de la confianza institucional y, por lo tanto, del progreso en el país.

Y así como he departido en sitios en los que he compartido con familiares y militares retirados y hemos llegado a excelentes conclusiones sobre la institución en el papel de la historia de Colombia; hoy tengo que ser crítico, o si se quiere autocrítico, con el Ejército colombiano y el nefasto tratamiento institucional que le está dando el ‘subpresidente’ de la República Iván Duque Márquez como cabeza de las Fuerzas Militares.

El pasado 11 de marzo del presente año, cuando todas y todos los colombianos nos comenzábamos a irritar por la totalitarista culpa del encierro de la cuarentena, el general del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, se vio obligado a dar una entrevista en RCN. Allí, comenzó a recordarnos una a una las visiones y los valores del aparato estatal militar, señalando siempre que la institución jamás traicionaría los valores fundacionales de la República de Colombia, en la cual supuestamente, la vida, es lo primero.

Un mes antes, estallaba uno de los peores escándalos del Ejército después del bombardeo a finales del 2019 a un campamento guerrillero del ELN donde murieron siete menores de edad. Aquí nace un curioso fenómeno en el que las redes sociales, como los propios medios de comunicación masivos, comenzaron a profundizar. Las y los colombianos comenzamos a conocer todo sobre la Operación Bastón, una operación de contrainteligencia hecha por los altos mandos del Ejército Nacional en su afán por depurar las podridas estructuras delincuenciales inmersas en la institución.

El resultado fue macabro. Según los informes de esta operación de contrainteligencia, el mismo Ejército señalaba que la propia institución había violado protocolos de derechos humanos al interceptar los teléfonos celulares de periodistas internacionales y varios periodistas nacionales quienes hacían cobertura del proceso de paz. Además de exponer que algunos políticos de oposición estaban siendo tomados como objetivo de inteligencia militar. Asunto totalmente ilegal constitucionalmente hablando.

El engorroso resultado de la Operación Bastión se empata desafortunadamente para la institución cuando comenzaron a salir los reportes de nuevos casos de ‘falsos positivos’ en el país.

Recordemos que según una publicación del New York Times titulada Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales, puso en jaque los oscuros métodos de bajas de enemigos impulsados por el exgeneral del Ejército Nicasio Martínez Espinel, quien por una aparente situación familiar deja el cargo en plena investigación adelantada por la Fiscalía y por los asesinatos a excombatientes de las FARC en el año 2019.

Estos resultados no son más que la justificación de un malestar que ya se venía denunciando desde el Senado. Por ejemplo, como lo fue uno de los casos de corrupción más grave que ha tenido la institución, cuando en abril del 2015, más de treinta y cinco militares, un par de médicos y un par de civiles, hurtaron más de 24 mil millones de pesos del sector salud de las propias Fuerzas Militares. Y qué decir de la funesta situación que se está librando entre campesinos y jóvenes soldados profesionales en el Catatumbo y en las profundas selvas del Cauca. En estas geografías del terror se han venido registrando varios asesinatos a campesinos por parte del Ejército en la virulenta y fratricida batalla por la erradicación de cultivos de coca.

Este malestar interno en el aparato estatal del Ejército, es finiquitado con la sucia “Operación Silencio” liderada por algunos altos mandos del Ejército en su afán por mandar a callar a todos los otros militares, quienes bajo el juramento de su ejercicio ético, están denunciando las dinámicas criminales inmersas en esta importante institución.

Y es que este vacío de valores por parte de algunos uniformados en la institución no es viejo. Los problemas políticos ya se venían acrecentando desde la llegada del uribismo al poder. Es curioso observar que el ordenamiento político y militar hecho por el propio senador Uribe, se vea reflejado en la denigrante realidad del Ejército como una empresa privada que ejecuta órdenes bajo el manto ideológico y populista del uribismo, que solo ha utilizado al Ejército para capturar votos de este sector civil, pero en lo que respecta en su situación económica y política, el uribismo ha jugado sucio y ha hecho que el Ejército desempeñe un papel deplorable ante la propia ciudadanía colombiana.

Con la llegada del uribismo, se fecunda un significante vacío de lo que se interpreta como empresa de armas. No debemos de olvidar, por ejemplo, el mercachifle de las cámaras de seguridad, quien llegó a ser ministro de Defensa (Guillermo Botero) y la negación a un imperativo proceso pedagógico humanista en la formación militar. Y qué decir del oscuro regreso de la política de la muerte sustentado por los estatutos de combate escritos por el exgeneral Mario Montoya, ahora acogido paradójicamente por la JEP.

Parece que el papel que tiene delegado actualmente el Ejército no es el de proteger a la población civil, sino de perseguirla; amenazarla en estos momentos en los que la paz en Colombia debe ser el gran objetivo de todos.

Curiosamente el coronel y columnista Pedro Javier Rojas Guevara, director del Centro de Adoctrinamiento del Ejército Nacional de Colombia, escribía, ya hace unos meses, una columna de opinión en El Tiempo titulada El soldado desconocido. Allí, nos recuerda el valioso papel que queda en el anonimato de esos guerreros que pasan a ser héroes cuando la patria se ve amenazada tanto por enemigos internos como externos. Habría que preguntarle al coronel, si no es este el momento para que los soldados anónimos se manifiesten a partir de una integración democrática en la que el mismo Ejército contribuya a orientar las futuras políticas de este país. Pero las cosas hay que analizarlas a mayor profundidad para no recaer en el señalamiento y la generalización que se hace de dicha institución, ya que existen muchos soldados que son realmente héroes de este país. El problema institucional, es que esto solo tiene unos responsables y son Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. ¿Hasta qué punto la ética del Ejército se opone a la tiranía del Gobierno?

¿No son estos políticos quienes quieren enlodar la institución solo para que esta les haga el trabajo sucio? Y es que el descaro de la mercantilización de la institución ya pasó fronteras. Hasta Donald Trump hace uso de las Fuerzas Militares con el fin de asediar a ese otro país —inmerso en crisis por doquier— llamado Venezuela. Aquí no se salva nadie.

El Ejército le debe aclarecer a la inconforme ciudadanía muchas respuestas; como por ejemplo, hacernos entender, aunque ya sabemos, por qué en esta institución que se promueven valores familiares y cívico-ciudadanos, se presentan desagradables casos como la reciente violación de una niña de la comunidad indígena Embera en Risaralda, otro penoso suceso que nos remite a la denuncia hecha por el historiador colombiano Renán Vega Cantor, donde en un informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, narrara paso a paso, la manera en la que soldados estadounidenses en compañía de soldados colombianos, abusaban sexualmente de menores de edad en el municipio de Melgar-Tolima.

Con franqueza, solo cabe apelar a la esperanza orientada por una pulsión democrática nacida en el interior del Ejército, como única solución que pueda interpelar las equívocas decisiones que se están tomando en materia administrativa y política en esta institución, comenzando desde la Presidencia. Y puedo decir que esta queja que hago como ciudadano e hijo de un militar ya fallecido, es el eco de millones de colombianos anonadados por la penosa situación en la que se está viendo comprometida esta importante institución del país.

Es hora de que se interpele la política desde lo político, es decir, de quienes encarnan el horizonte institucional del Estado a través de la confianza con los propios ciudadanos. ¿Será un poco irrisorio o si se quiere, soñador, pedir que el Ejército se despolitice de una vez por todas? ¿Será mucho pedir, de igual manera, que el Ejército colombiano sea ejemplo para la decadencia institucional que se está viendo en las Fuerzas Armadas de todo el mundo? Empezando por la estadounidense.

El reto es ético, y solo se puede superar en cuanto nuestras propias instituciones comiencen a renovarse desde adentro.