La dignidad humana a precio de mercado

Columnista:

Julián Andrés Escobar Ávila

La situación que ha revertido el coronavirus está dejando un gigantesco desastre en materia de salud y garantías de supervivencia. Según las cifras del DANE, Colombia cuenta con un 47,7 % de su población trabajando informalmente, y sin servicio de salud; a esta cifra se añade un 13 % de desempleados y desempleadas en el país y, como si fuera poco, para el año 2020, la población de inmigrantes venezolanos, que transita en la geografía colombiana, alcanzó la cifra cercana de 2 millones, es decir, hay un total de 15 millones de personas que están a la deriva económicamente, rayando con una situación cercana al desahucio y la ignominia.

La actual crisis por la que atraviesa nuestro país es fruto de las reformas neoliberales que se han venido impulsando a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Tenemos un sistema privatizado gracias a la ponencia de Álvaro Uribe Vélez, con el consentimiento del Partido Liberal, donde el resultado ha sido un vergonzante servicio de salud convertido en una mercancía, es decir, un negocio especulativo donde las EPS se han lucrado durante años con resultados negativos, como lo han sido la desfinanciación de medicamentos y la nula cobertura del sistema de salud en las periferias del país.

Por otro lado, el trabajo que es fuente de toda riqueza, se ha ido mercantilizando gradualmente. Ahora las políticas que han apuntalado hacia la terciarización laboral tienen a un ejército de trabajadores cercano a los 3 millones 600 mil personas, quienes están esperando firmar ingenuamente un contrato laboral por días, meses o, por horas, sin alguna garantía laboral.

Pero el panorama no solo se ensombrece con estas cifras. La seguridad alimentaria es otro de los factores a tener en cuenta, ya que el Gobierno de Iván Duque siguió ejecutando la misma política de comercio exterior de Juan Manuel santos. La importación de productos agrícolas de nuestro país se convertirá en un dolor de cabeza, teniendo en cuenta que la gran mayoría de naciones en el mundo han cerrado los mercados y cooptado el abastecimiento en un momento donde la alimentación cobra mayor importancia que nunca. Este fenómeno incrementará el costo de los productos de la canasta familiar, pues Colombia se convirtió productivamente en un apéndice de las dinámicas petroleras y extractivistas, matando la industria agrícola, entre otras fuentes de riqueza sostenible, socialmente hablando.

Desempleo, inmigración descontrolada y, una economía golpeada por las pérdidas de las empresa privadas, parece ser el peor escenario para que el Estado se ponga a vociferar una cuarentena. Ya hasta los propios dueños del mercado nacional, como lo es por ejemplo Sarmiento Angulo, comenzaron a consolidar una estrategia sin precedente.

El banquero más poderoso del país donó el pasado lunes 80 mil millones de pesos con el objetivo de estimular la economía y promover el consumo en los ciudadanos. Pero, ¿a quién le dio semejante cantidad de dinero?, pues al Estado, quien paga a los bancos privados para que estos administren los dineros de los colombianos, para así obtener beneficios de capital constante, es decir, ¿está Sarmiento Angulo donando o invirtiendo dinero en estos momentos de crisis? Parece que hace lo último, ya que el dinero en los bancos cobra sentido por su utilidad, mas no por su valor circulante, y esa es precisamente la estrategia de liquidación y ganancias del grupo AVAL.

Lo que comenzamos a denotar es una perversa estrategia ideológica que interpone la cuarentena como medida ante un evidente rescate económico por parte del Estado hacia las empresas privadas. Los flujos inyectados a la economía del país no son más que la estrategia que busca estimular a las compañías más afectadas por esta crisis del virus y del petróleo. Lo inadmisible del asunto, es que el Estado en cabeza de Iván Duque rescate las empresas privadas desde una medida keynesiana teniendo en cuenta que, según las últimas cifras del Banco de la República, la deuda externa del país ha incrementado a causa de la desvalorización del peso colombiano, el cual ha caído 10 veces su valor ante el dólar estadounidense. El problema social que apreciaremos en unos meses se deberá a la irrisoria idea de privatizarlo todo, luego querer rescatar estas en un momento crítico de endeudamiento nacional y recorte en la producción y el consumo en todo el territorio colombiano.

Todo parece señalar que el mundo se ha puesto patas arriba, la teoría de la no intervención estatal (neoliberalismo) ya cayó por su propio peso. Ahora son los Estados rescatando a la banca y al mercado. Deberíamos exigir todo lo contrario. Quienes están desempleados y han sido forzados a salir de sus territorios, son las poblaciones más vulnerables en una situación social y mundial que parece inducir un cambio en el paradigma laboral y de la pobreza. Ahora son las personas de bajos ingresos quienes obligadas a estar en sus hogares comienzan a desesperarse por sobrevivir en una cuarentena clasista y autoritaria, que no garantiza las necesidades básicas de cada hogar vulnerable, pero impone la vigilancia y el castigo como formas de control en un momento crítico de nuestra sociedad.

Actualmente, son miles de familias vulnerables quienes no aparecen registradas en la base nacional de datos para recibir esas “ayudas” estatales, obligándolas a un confinamiento que cada día parece develar su verdadero rostro, el de la importancia de la economía por encima de la vida humana.

Fotografía: cortesía de Santiago Saldarriaga.