Después de toda clase de maniobras para evitar el adecuado ejercicio de la función judicial, en una guerra frontal contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el temor que les produce a empresarios y políticos implicados en el conflicto armado interno en nuestro país que se sepa la verdad, todo parece indicar que esta tiende a imponerse.
No les bastó a los enemigos de la verdad con sacar a los terceros de la JEP, pues se dijo que los empresarios, políticos y agentes estatales no militares que habían cometido delitos en el marco del conflicto, no estaban obligados a acudir a la Jurisdicción Especial, estableciéndose que podían acogerse a esta de manera voluntaria.
La excepción constituyó una de las primeras cortapisas a lo convenido en el Acuerdo Final, teniendo en cuenta que la justicia ordinaria no ha sido capaz de establecer responsabilidades en los casos de los mencionados terceros y, por tal razón, dejar a su voluntad el sometimiento a la JEP se vio como un irrespeto a las víctimas, un obstáculo para conocer la verdad y una forma de seguir promoviendo la impunidad. De paso, también quedaron por fuera los expresidentes.
También pretendieron, por todos los medios, sacar a los militares y crear una jurisdicción paralela para su investigación y juzgamiento. Vanos esfuerzos. Como lo señala Yohir Akerman en su última columna de El Espectador, contrario a lo deseado por ellos, la jurisdicción especial está funcionado y se empiezan a conocer verdades del conflicto, como las barbaridades cometidas por miembros del Batallón de Artillería La Popa del Ejército Nacional en el César, lugar donde se desarrollaron ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), por la necesidad de conseguir resultados operacionales a como diera lugar. Los acontecimientos se conocieron, según el periodista, por el sometimiento del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo a la JEP.
Además de otras perlas que no vale la pena recordar, para enrarecer y perturbar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial se les ocurrió engavetar por más de un mes el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, luego de emitida por la Corte Constitucional la sentencia de control automático de constitucionalidad del articulado, para de esta manera, dilatar el trámite de la sanción presidencial. Evidenciada la marrullería y remitido el proyecto al despacho del presidente de la República, el último día del plazo constitucional este objetó seis artículos.
La objeción por “inconveniencia”, como se ha establecido, fue un mecanismo que utilizó el presidente, azuzado por el Fiscal General de la Nación, para desconocer la sentencia de la Corte Constitucional C-080 de 2018, violando la independencia judicial y la cosa juzgada. Importantes juristas sostuvieron incluso que los congresistas que votaran favorablemente las objeciones podían estar incursos en el delito de fraude a resolución judicial.
En el afán desmedido de boicotear el funcionamiento de la mencionada jurisdicción, ocultar la verdad y sacar adelante las objeciones, volvió al ruedo el Fiscal General de la Nación con la tesis del “articulejo”, haciéndonos creer que si el Congreso las hundía se acababa la extradición, con las graves consecuencias que ello podría traer a nivel internacional para el país. No sabemos si le estaba haciendo el mandado a los que viven con miedo en Colombia por la revelación de la verdad, o a los gringos; pues estos resultaron interviniendo en este asunto interno de nuestra nación, por intermedio de su embajador, quien presionó a los congresistas con amenaza implícita de cancelación de visa, para que votaran a favor las objeciones y, especialmente, lo relacionado con la extradición.
Por último, ante la contundente derrota en la Cámara de Representantes, al Gobierno y al Centro Democrático no les quedó más remedio que tratar de obtener las mayorías en el Senado de cualquier manera. Y lo hicieron. No solo lograron que varios senadores violaran la ley de bancadas, desconociendo el sentido del voto acordado previamente en su partido rechazando las objeciones, pues se abstuvieron de votar, sino que particularmente, se afirma en los medios, a la congresista Maritza Martínez, del Partido de la U, le nombraron un cercano copartidario en Cormacarena, razón por la que se dice, en contraprestación, abandonó el recinto al momento de la votación, lo que generó suspicacias al comparar su caso con el de Yidis Medina.
Recordemos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de junio de 2008, condenó a Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho propio, imputándole la conducta punible porque “aceptó condicionar su voto en un determinado sentido, en razón de las prebendas que le fueron ofrecidas respecto del proyecto de reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata”.[1]
No obstante, todas las estrategias fueron infructuosas, pues los que están empecinados en que no se conozca la verdad no lograron imponerse en el Congreso, por lo que es casi un hecho que el presidente deberá sancionar el texto original de la Ley Estatutaria de la JEP, de acuerdo con el examen inicial realizado por la Corte Constitucional y contenido en la sentencia C-080 de 2018, siendo evidente que la razón tiende a imponerse, a pesar de los múltiples ataques que se promovieron y los que se avecinan con las propuestas de reforma constitucional y legal que ya tienen preparadas (plan b), para garantizar la protección de sus intereses personales y seguir ocultando la verdad. Pero en el juego de la democracia el camino es largo y no hay que desfallecer.
[1] Cfr. C. S. de J. Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de abril de 2005, radicado 20403.
La verdad siempre saldrá a la luz, eso no falla . Porque quien es la Luz del mundo está de parte de la luz o sea de la verdad.
Qué bueno sería unirse los 10 millones que votaron por Duque y los 8 por Petro, para pedir la revocatoria del mandato de el títere Duque, por mentiroso, subió al poder con engaños al electorado y con ayuda del registrador, esto no puede seguir pasando.