Informe de la Comisión de la Verdad: desmilitarizar el Estado (I)

Después de quedar en firme la salida del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, el nuevo gobierno, pero en particular el jefe de la cartera de la Defensa, deberá de evaluar los impactos que dicha renuncia dejará al interior de las filas.

Opina - Política

2022-08-04

Informe de la Comisión de la Verdad: desmilitarizar el Estado (I)

Columnista:

Germán Ayala Osorio

 

Aunque el retiro abrupto, pero explicable del general Zapateiro no debería de tener mayores efectos doctrinales, es bueno explorar el ambiente al interior de las Fuerzas Armadas ante la llegada de Gustavo Petro a la condición de comandante supremo.

Una vez cumplida la tarea del reconocimiento y la transición del mando, de inmediato hay que impulsar la discusión de dos temas sensibles: el primero, la salida de la Policía del Ministerio de Defensa, cumpliéndose así la promesa de campaña y la recomendación que hiciere la Comisión de la Verdad en su informe; y el segundo, el desmonte de la doctrina del enemigo interno, lo que debería de llevar a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército, a hacer parte de escenarios de posconflicto, en el entendido en que hoy no existe una fuerza militar oponente, capaz de poner en riesgo la operación del Estado.

Dedicaré esta columna al segundo tema. Dice el Informe de la Comisión de la Verdad que “esta doctrina contrainsurgente se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos” (p.99). Por cuenta de los riesgos y desafíos que acompañaban la existencia y la operación militar de las Farc-Ep, estudiantes, académicos, investigadores sociales, periodistas, sindicalistas y políticos, entre otros, fueron perseguidos, torturados, estigmatizados y desaparecidos por fuerzas oficiales.

Dicha doctrina, entonces, se convirtió en la patente de corso con la que sucesivos gobiernos de derecha permitieron a sus cúpulas militares, violar los  derechos humanos. Sobre las arbitrariedades cometidas por miembros de la Fuerza Pública, en el mismo Informe de la Comisión de la Verdad, se lee lo siguiente: “Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno” (p.158).

El proceso de desmonte de la señalada doctrina tiene dos dimensiones: una de carácter político-formativo que incluye la formación que se imparte en las academias militares (de oficiales y suboficiales) y el compromiso de la cúpula militar y, de la tropa en general, de guardar total sumisión al mandato civil que encarna Gustavo Petro; y la otra dimensión tiene un carácter operativo y militar, que debe conllevar la desmilitarización del Estado. Un paso en esa dirección permitirá la unificación de criterios, pues no se puede seguir hablando de conflicto armado y de enemigo interno, cuando los mismos militares hablan de organizaciones residuales, grupos armados organizados (GAO), sin el ropaje político y revolucionario que en otrora se reconoció, por ejemplo, a las Farc-Ep y al ELN.

Independientemente de si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Gustavo Petro logran concretar un proceso de negociación política, es urgente que se dé el cambio doctrinal y comportamental del Estado. Incluso, esos cambios bien podrían considerarse como un gesto político que posibilitaría el acercamiento con el COCE, con la esperanza de avanzar en el desmonte de esa guerrilla. Eso sí, siempre y cuando el comando central de esta abandone la lógica de la metodología hasta el momento planteada para asumir negociaciones.

En estos términos reconoce la Comisión de la Verdad esa circunstancia: “En el caso del ELN, las conversaciones en diversos momentos (gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos) se han quedado estancadas en el punto de la «Convención Nacional», que para esta guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado. Este es un modelo de participación social que aún requiere ser abordado con una dimensión realista, si se quiere una paz completa y con arraigo territorial” (págs. 118-119).

Es hora de que el ELN como organización armada ilegal entienda el momento histórico por el que está pasando el país. Los tiempos de la guerra y de la revolución armada ya pasaron. En estos momentos, la lucha armada no solo es inviable, sino anacrónica.

Ya veremos si los militares colombianos se ponen a tono con los tiempos de la paz y la reconciliación o, si por el contrario, deciden quedarse en el “modo enemigo interno” con el que Zapateiro guió los destinos del Ejército.

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Germán Ayala Osorio
Docente Universitario. Comunicador Social y Politólogo. Estudiante del doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente.