Si algo tiene la reforma tributaria, además de ser horripilante, es que todos los sectores (menos los gobiernistas) están en contra de ella, incluso ha unido a los más antagónicos ─reacción natural─, pues desde luego a nadie, desde el más rico hasta el más pobre, le gusta que le quiten su dinero y mucho menos si es producto de su trabajo.
Esta reforma tiene una particularidad por el debate que ha generado el “impuesto saludable”, que según palabras del ministro de Salud: busca atacar un problema de salud pública, la obesidad. Dicho impuesto ha generado gran controversia entre los sectores populares, ya que ha encontrado numerosos partidarios de la medida benéfica en pro de la salud de los colombianos, como a otros inconformes que creen que ésta no tiene otro fin más que sacarle dinero al pueblo.
Partiendo del punto de vista de los simpatizantes de la medida, cuyos argumentos sobre la obesidad no son nada falsos, también cabe recordar lo dicho por la Corte Constitucional en una de sus sentencias de constitucionalidad: “Si yo soy dueño de mi vida, a fortiori, soy libre de cuidar, o no, de mi salud; cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”. Esto es, que el gobierno nacional no debe imponerme a través de ninguna forma (impuestos y leyes) lo que debo y lo que no debo comer, según lo que él estime que es bueno y que es malo para mí. Vivir en libertad conlleva un riesgo más alto que debe asumir el ser humano: sufrir obesidad es, por ejemplo, el que acarrea incluir la bebida azucarada como parte de su dieta.
Siguiendo la misma línea de la sentencia de la corte, educar objetivamente sobre los distintos hábitos y sus consecuencias, sin infundir temores y falsedades, es el deber del Estado. Por lo que se podría decir que desde este punto de vista, el gobierno nacional estaría violando principios básicos de la carta política.
Ahora bien, asumamos la idea ─que para nada es descabellada─ y es muy común en nuestro país: el dirigente depone de los principios constitucionales para imponer, a través de su poder, lo que a su juicio cree que es bueno para los demás. ¿Sería lógico que en el país donde el desempleo y la informalidad es la regla general a nivel laboral, el gobierno opte por una medida “altruista” que, de hecho, pone en riesgo las empresas de gaseosas regionales y con ello casi 3.000 empleos? Dirá el lector que es una medida saludable por el bienestar general.
Viéndolo así, y partiendo del hecho de que este impuesto busca generar hábitos saludables: ¿no sería más práctico y menos lesivo que el gobierno quitara, o por lo menos reduzca significativamente el IVA sobre los productos que considere a su juicio que son buenos para los ciudadanos, como las frutas y las verduras, por ejemplo?
Implementar esta medida ─que a mi juicio sería más práctica─, significaría que el gobierno nacional dejaría de recibir dineros al quitar ─o reducir─ el IVA sobre los productos que considera saludables; pero también implica que el ciudadano tendría más acceso e incentivo a consumir productos que mejorarían su calidad de vida, con el agregado de que otro sector de ciudadanos no estaría en alto riesgo de perder su empleo. Después de todo, el bienestar en los colombianos es lo que busca principalmente el gobierno con su “impuesto saludable”.
Se podría preguntar uno si es que no se le ocurrió a nadie en el gobierno una medida para mejorar la salud que afectara el menor número de personas posibles. Por supuesto que sí, pero ocurre que así se reduciría el ingreso de dinero del colombiano común a las arcas del Estado, y siguiendo la lógica de la reforma tributaria, éste quiere todo lo contrario a eso. Por tal, pensar que al gobierno de las EPS de un día para otro le dio por preocuparse por la salud de los colombianos, no deja de ser una absurdo que se cae por su propio peso.
Aún así, cabe admitir que, de entrada, la medida suena muy bien, desde su nombre hasta leer lo que implica en primer plano; solo empieza a verse el lado malo cuando se lee o se escucha la letra menuda, pues el impuesto no solo busca reducir el consumo de bebidas azucaradas, sino que el dinero recaudado, según el propio ministro de Salud, terminará, nada más y nada menos, que en las arcas de las EPS.
Así es, las que han desfalcado las arcas con los multimillonarios cobros dobles al sector de la salud, y que al día de hoy no han devuelto la plata; las de los paseos de la muerte, las que invierten dineros en clubes sociales con canchas de golf y en equipos de basquetbol. Definitivamente, esta es toda una medida benéfica por parte del gobierno.
