Columnista:
Gustavo Adolfo Carreño
La ‘Hipoteca Inversa’ es una propuesta para enfrentar la pobreza en población de la tercera edad, asegurando “un flujo de ingresos a perpetuidad para cubrir sus necesidades básicas y fundamentales”, afirma el ministro de Vivienda Jonathan Malagón. El nuevo anuncio, hace parte de las políticas complementarias para paliar los efectos del coronavirus entre la población más vulnerable. La vivienda entregada en respaldo puede estar en cualquier estrato socioeconómico, ser propia, estar saneada (sin deudas ni hipotecas) y pasar previamente por avaluó comercial.
En realidad es un préstamo generador de rentas, dado por entidades financieras privadas a personas mayores de 65 años de edad, en el cual un bien inmueble es la garantía real y prendaria de la deuda, mientras tanto goza y disfruta la tenencia del bien. En Colombia es un nuevo producto financiero, viejo y fallido en otras latitudes, como por ejemplo España, donde fue un rotundo fracaso comercial en el año 2008.
Es un negocio entre privados. El Estado, cual Poncio Pilato, se lava las manos, avala y aúpa con solidaridad inversa la situación crítica de los adultos mayores, blinda de legalidad este disfrazado y disparatado negocio de expropiación, probancario, prorrico, aporofóbico, concentrador de la riqueza, en contravía de la democratización de la propiedad y detrimento de los más débiles, cuando la verdadera y legítima razón de ser de un Estado social y democrático de derecho es atender las necesidades de sus ciudadanos indefensos.
El bisoño ministro Malagón se convierte en otro funcionario “que no pone el alma”, agente del esquilmante y despiadado sector financiero colombiano, evidentemente estamos frente a políticas gubernamentales en favor de los bancos, quienes aprovechando la inexistencia de políticas sociales que garanticen el goce efectivo de los derechos universales, en este caso la pensión, se aprovechan de sus necesidades para adquirir viviendas de manera expedita, con bajos costos para los bancos y a un bajo precio para el ciudadano, mal negocio, se pierde por punta y punta.
Estamos ante una política negadora y encubridora de la difícil situación por la que atraviesan millones de colombianos: derecho a la pensión, el trabajo decente y la seguridad social. Para el efecto es bueno retomar y desempolvar el XII informe nacional de trabajo decente 2019, Trabajo decente y vida digna en Colombia de la Escuela Nacional Sindical. Allí encontramos esclarecedoras cifras sobre la precariedad del sistema pensional colombiano, “solo 27 de cada 100 adultos mayores tienen la tranquilidad de una pensión”, “el 72,6 % restante debe sostenerse por medio de la indigencia o vivir con poca autonomía, dependiendo de sus familiares, amigos u otras ayudas”.
Para Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional sindical, hay otras cifras preocupantes, por ejemplo, solo entre el “30 % y el 35 % están afiliados a la seguridad y pensión”, “en los fondos privados, de cada 4 personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona. En Colpensiones sólo una de cada 3 se pensiona”, “el 65,7 % de los ocupados en Colombia no tiene acceso a salud, pensión y seguridad de riesgos laborales”, esto último se traduce en altísimos y preocupantes niveles de informalidad. En consecuencia, para el investigador social “el sistema colombiano no pensiona, no ampara, no garantiza el derecho a la pensión”.
La política de pensión universal en Colombia jamás tomó la fuerza, apoyo o aceptación del grupo poblacional hacia el cual fue concebida, el mismo estudio reseña al anunciado programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), cuyo objetivo es brindar derecho a la pensión, sobre todo a los trabajadores informales, sobre la base de una pensión por el orden de un salario mínimo legal vigente. Pues bien, el programa está en pañales, de “1’270.050 personas afiliadas a corte 2018, sólo 439.089 ahorran, de estos apenas 293.289 hicieron ahorros BEPS, con un valor promedio de $104.348 mensuales, por debajo de la línea de indigencia”, lo cual evidencia que las personas no tienen capacidad de ahorros.
Una renta mínima monetaria a manera de pensión universal, también mínima, debería partir de la base establecida por las líneas de pobreza y pobreza extrema (indigencia), según el DANE, $257 433 y $117 605, respectivamente para el año 2018; y es que sobrevivir con tan poco es un milagro en Colombia, en donde el aprecio por nuestros adultos mayores está subvalorado, tasado en las contribuciones de los subsidios “adulto mayor”, cuyos aportes promedios mensuales fueron de $62 000 para el año 2018.
Estamos sobrepasando los límites de una sociedad con los roles invertidos, un régimen “sin alma” que tiene la manía de utilizar eufemismos para encubrir sus verdaderas intenciones, “hipoteca inversa”, “solidaridad inversa” “moral inversa”, “restitución de tierras a la inversa”, “memoria histórica inversa”, “adoctrinamiento inverso”, “escala de valores a la inversa”.
Los maestros en cambio utilizamos “la pedagogía inversa”, como en Finlandia, no para adoctrinar, no señor, buscamos enseñar la verdad y nada más que la verdad, con todos sus matices, pluralismo, sin sectarismos, el estudiante aprecia y valora sus intereses, en autonomía, el aula (real o virtual) es un laboratorio abierto a la crítica, construcción y deconstrucción del conocimiento en un ambiente de libertad.
Es inadmisible, cómo este mal Gobierno y, sus socios los banqueros, se van lanza en ristre contra el patrimonio bien habido de los sectores más vulnerables, aprovechándose de las angustias y los azotes existenciales, producto de la pandemia de la COVID-19, estamos frente a una coronavírica iniciativa, desalmada, ruin, expropiante, en favor del gran capital, una perversidad de ultraderecha negadora de derechos.
Como siempre gobierno corrupto y sin piedad