En nuestro país la extrema derecha aboga por una paz, una democracia y un Estado de derecho a su medida. El líder del partido de Gobierno quiere la paz, pero no así como se planteó en el Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado y las FARC. En esto lo secunda el presidente.
El hoy senador necesita una paz en la que no se sepa la verdad del conflicto armado interno en Colombia y se asegure impunidad para los que participaron en este, del lado de la “legalidad”, entre los que se cuenta él, con una justicia vindicativa y no restaurativa, cuando es esta última la que tiene como fundamento la verdad, justicia, reparación y no repetición y cuyo eje central son las víctimas.
Por lo anterior, el expresidente “eterno” está de acuerdo con un referendo que, muy seguramente, es él quien promueve, así diga lo contrario, a través de un grupo ciudadano denominado Movimiento Libertad y Orden.
Por medio de este mecanismo de participación democrática se pretende derogar la JEP, suprimir las altas Cortes y crear una sola corporación judicial como órgano de cierre de todas las jurisdicciones, y unificar las dos cámaras del Congreso de la República, entre otras cosas.
Todo lo anterior, justificado con la inventada noción del Estado de opinión, que dice, el actual senador, es la “expresión superior del Estado de derecho”, cuando realmente ello es todo lo contrario, como lo expresé en columna de la semana pasada.
A través del voto manipulado (opinión) de las mayorías en las urnas, no se puede desconocer la estructura y el modelo de Estado democrático, ni la separación de poderes o el sistema de pesos y contrapesos, mucho menos los derechos fundamentales, especialmente los de las minorías, que se armonizan con los de los demás (mayorías), precisamente con la intervención de las instituciones creadas constitucionalmente para su garantía y protección, como lo viene haciendo la Corte Constitucional.
Frente al esperpento que constituye la propuesta del movimiento ciudadano mencionado, entiéndase Centro Democrático, el presidente de la República solo manifestó, desde Londres, que las iniciativas ciudadanas deben respetarse.
Es decir, que está de acuerdo con una variación de la estructura del Estado para llegar a la modificación del modelo y adaptarlo a la medida del que necesita su mentor. Ya no es solo paz sí, pero así no. Ahora es: Estado de derecho sí, pero así no.
Afortunadamente, todo referendo constitucional requiere de una ley de convocatoria, debidamente aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras, y un control de constitucionalidad, anterior al pronunciamiento popular, por la Corte Constitucional.
Tenemos, aún, controles que permitirán establecer, sobre todo en la Corte, los vicios de procedimiento de la ley de convocatoria (que incluye el test de sustitución), pero no deja de preocupar, así la proposición sea con fines netamente electoreros, como dicen algunos, la posición, tanto del partido de Gobierno como del Gobierno mismo, de la manera como conciben el Estado de derecho. ¡Qué horror!
Otro que tiene una extraña concepción de Estado de derecho es el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. ¿Se acuerdan que en su discurso de despedida dijo que renunciaba por un asunto de conciencia y “devoción por el Estado de derecho”, ante la aplicación de la garantía de no extradición por parte de la JEP a alias Jesús Santrich?
Pues bien. Se supo, por una publicación en La Nueva Prensa del periodista Gonzalo Guillén, el pasado 24 de mayo, que en la Fiscalía General se mantiene:
“Un eficaz plan de interceptaciones ilegales a comunicaciones de magistrados de las altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y contradictores del Gobierno Nacional y el Grupo Aval”.
El hecho se conoció, se informa en la comunicación, por revelaciones efectuadas por agentes del CTI de la fiscalía, que señalaron haber hecho parte en la comisión de esas conductas ilícitas, por medio de órdenes verbales y perentorias de trabajo.
Al mismo tema se refiere el periodista Julián Martínez en su columna publicada en el canal de Youtube Revelados, el pasado 20 de junio, titulada “Vuelven las chuzadas.”
Se menciona que fueron interceptados, entre otros, los periodistas Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Cecilia Orozco Tascón, Iván Serrano, Yohir Akerman, Gonzalo Guillén, corresponsales extranjeros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Todo indica que la devoción del exfiscal general por el Estado de derecho es de “dientes para afuera”, pues en el propio ente encargado de la investigación y acusación de los delitos en Colombia, funcionan o funcionaron durante su gestión salas de interceptaciones ilegales, lo que constituye la presunta comisión de conductas punibles de violación ilícita de comunicaciones, respecto de las cuales, según las notas periodísticas comentadas, su organizador y determinador fue Martínez Neira.
¡Vaya, vaya! ¡Y qué raro que de este escándalo solo se haya ocupado la prensa independiente!
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Foto cortesía de: Centro Democrático
EXCELENTE ES ESTE MEDIO.