Columnista:
Chrístofer Hidalgo
Manejo de datos, un dilema ético
Las medidas de aislamiento en el mundo se han expedido en casi la totalidad de los países, lo que ha llevado a las personas a estar desde sus casas trabajando, estudiando o dedicadas al ocio. Independientemente de la acción, en la mayoría de hogares el uso de Internet y, de plataformas virtuales, se ha incrementado. Dicha situación ha dejado ver las distintas medidas que han tomado, tanto las empresas, como los Gobiernos, en relación con la seguridad cibernética, cuya aplicación se ha vuelto un dilema.
En un artículo de The Washington Post, se identifican algunas vulnerabilidades graves de la plataforma Zoom, que es usada por millones de personas en el mundo, con varias intenciones; desde una reunión de trabajo, hasta una videollamada familiar. La falla de protección expone a los usuarios a ser espiados fácilmente, debido al precario sistema de seguridad que ha desarrollado la plataforma.
Sumado a lo anterior, los Gobiernos con el afán de usar los datos que tienen al alcance para evitar el número de contagios, han desarrollado sistemas que permiten el uso de datos personales indiscriminado; si bien en la actual circunstancia, parece lógico que se usen todos los recursos que se tienen al alcance para el bienestar de la ciudadanía, queda el interrogante del uso que se le den a esos datos, luego de que no sea necesario aplicarles un control, como el que se está dando debido a la actual coyuntura.
En gobiernos como el chino y el coreano, el uso de datos personales va en contravía de la libertad personal, ya que se han apoderado indiscriminadamente de estos, haciendo uso de los mismos y, de su ubicación, para alimentar las bases de datos de control estatal. Hace unas semanas, periodistas chinos denunciaron censura por parte del Gobierno de ese país, relacionada con la información sobre la situación en Wuhan; la actuación de este, hace ver que se usan maniobras para mitigar la información en donde se exponen las falencias con el manejo de la información oficial, que, según los periodistas chinos involucrados, no es la real.
En países de la región como Costa Rica, México, Chile, y también en España, la aplicación de medidas tecnológicas ha suscitado dudas, ya que la información que se recopila es confidencial, por lo que se requiere un comportamiento ético por parte de las autoridades para que los datos sean usados en bienestar de la población y no en su contra. Por lo pronto, en Latinoamérica no se ha registrado una situación social similar, como las ya vueltas cantinelas, en Italia y España, por lo que las medidas en torno al control de datos, por lo menos, teniendo como base lo que se conoce, no se han hecho invasivas.
Situación en Colombia
La información oficial de los Gobiernos, como el de Colombia, se ha hecho ver en distintas plataformas y, los mensajes que desde esos canales se emiten, no son ajenos al filtro político. Las cifras de contagios que publica el Ministerio de Salud, por ejemplo, han sido celebradas en el país por los políticos y ciudadanos que están a favor del Gobierno, como Paloma Valencia; y criticadas por los detractores, como Gustavo Petro, que trasladan el debate político a las redes sociales, ante una tribuna innúmera de espectadores que se alinean al discurso más llamativo.
Sin embargo, hay otras medidas que no han tenido eco en el país, pero que pueden repercutir a futuro, similares a las que ya se han aplicado en otros países, en los que se han tomado las intenciones del Gobierno con cierto recelo. El Decreto 464 del 2020, “Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”, expedido por el Ministerio de las TIC, en el parágrafo segundo, del artículo 4, se menciona lo siguiente:
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet deberán reportar, mínimo cada dos días, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones el comportamiento del tráfico de sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas a implementar para priorizar contenidos o aplicaciones, durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, deberán reportar la evidencia suficiente que justifique la priorización de las aplicaciones o contenidos antes mencionados, al menos 24 horas antes de iniciar la priorización de la que trata el presente parágrafo transitorio. Este informe deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio y la fecha y hora exacta de finalización de la priorización, sin que pueda exceder la durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. En ningún caso, la priorización implicará el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido, salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley. Fuente: MinTIC
El monitoreo del que se habla en la norma, deja abierta muchas posibilidades, ya que no se especifica de qué forma se protegerán los datos de los usuarios en Internet que están siendo monitoreados. La redacción del parágrafo, deja varios hilos sueltos, que pueden repercutir en violaciones graves a la privacidad, si se tiene en cuenta, que se crea un aparato de vigilancia estatal amplio.
A su vez, la forma en la que se presentan los datos por parte de las empresas proveedoras del servicio de Internet, no es del todo clara, pues no se determina si la información recolectada es personalizada (en donde se incluyan datos que puedan hacer identificable a una persona), o si se hará un paneo general del contenido que están consumiendo los cibernautas en cuarentena, de una forma impersonal como el que implementó Google desde el 1 de abril (más allá de que se nutre de la información de personas plenamente identificadas en sus aplicaciones móviles que han activado el uso de la opción “Historial de ubicaciones”) .
Además del manejo de datos, también cobran relevancia los sitios web estatales que se han implementado para dar a conocer información a la ciudadanía. Hace poco se evidenciaron las falencias en la base de datos del portal Ingreso Solidario, que se creó para administrar la información de los beneficiarios del subsidio que entrega el Gobierno, para personas que actualmente no reciben otros subsidios y, que por sus condiciones económicas, requieren de la ayuda.
Tal fallo hace ver la dificultad que conlleva la implementación de entornos digitales, que se da en un contexto en el cual la gran mayoría de personas hacen uso de las plataformas tecnológicas. También, se tendrán que valorar los alcances que ha generado dicha falla, ya que los errores reportados pueden repercutir en el uso indebido de los subsidios que está repartiendo el Gobierno.
Fotografía: cortesía de Gerd Altmann.
