Columnista:
Sebastián Prada Gil
Desde el inicio del periodo de cuarentena a finales de marzo, el Gobierno anunció un paquete de medidas económicas para ‘garantizar’ la seguridad alimentaria de la población pobre. Los subsidios serían direccionados a través de la base de datos del Sisbén y los programas sociales del Estado como ‘Colombia Mayor’ y ‘Familias y Jóvenes en Acción’.
Me preocupé, porque sabía que las ayudas no llegarían precisamente a los que más las requerían, y los trapos rojos a lo largo y ancho del territorio nacional, una semana después me darían la razón.
El Sisbén es el instrumento para la identificación de los potenciales beneficiarios de los programas sociales a través del cual se focaliza el gasto social, y su principal virtud es el acceso al sistema de salud subsidiado.
La recolección de la información se realiza por medio de encuesta-entrevista, se tipifica por hogares y se lleva a cabo en lugares donde se conoce previamente la existencia de concentración de pobreza. La puntuación es de 0 a 100 y se entiende que a menor puntaje, mayores condiciones de vulnerabilidad.
Para el año 2016 se diseñó la nueva versión (Sisbén IV) que se implementó desde el 2017 al 2019 y empezó a regir desde este año, sustentado en que la metodología de la versión anterior se había quedado rezagada frente a la dimensión de la pobreza actual: errores de inclusión de quienes no requerían ayudas (653 000 ‘colados’ identificados en el 2015), errores de exclusión de quienes sí las necesitan y alteración por manipulación de la información (correspondiente a datos levantados en el 2011).
Según el documento CONPES 3877 de 2016, la actualización de los datos del Sisbén se soporta en el artículo 165 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del artículo 48 de la Ley 715 de 2001, según el cual le corresponde al DNP definir cada tres años los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios.
En aras de reconocer las verdaderas condiciones socioeconómicas de los hogares, la nueva metodología incluyó un componente para analizar la ‘capacidad de generación de ingresos’ en la población pobre, sumado a los aspectos de salud, educación y vivienda y servicios públicos ya evaluados desde las pasadas versiones. Esto, con el fin de reducir el número de hogares beneficiarios de subsidios.
Para validar los datos que brindaron los hogares se creó un sistema de intercambio de información con 34 bases de datos público-privadas cruzando las inconsistencias y actualizando de manera inmediata, para mejorar la ‘calidad’ de dicha información. Dicha encuesta se desarrollaba bajo la gravedad de juramento y el informante calificado (entrevistado) aseguraba que los datos proporcionados eran veraces, pues, de comprobarse lo contrario sería excluido de la base de datos y se sometería a los procesos judiciales y administrativos del caso.
Los componentes en el instrumento de recolección de los datos son : identificación del hogar (información geográfica); datos de vivienda y hogar (afectación por desastres naturales y servicios públicos); gastos (impuestos, deudas, copagos del sistema de salud, pagos por servicios telefónicos, aportes a pensión); caracterización sociodemográfica (datos personales de cada integrante del hogar, estado civil); salud y fecundidad (accidentes y atención médica, condición de embarazo y alimentación); educación (nivel académico alcanzado); ocupación (actividad económica y búsqueda de trabajo); ingresos (ganancias, razones de las ganancias y subsidios recibidos).
Lo paradójico, es que el Sisbén siendo la política pública promulgada a voces por el Estado para la disminución de la precariedad, ha desdibujado la figura de ‘Robin Hood’ con la que fue elaborada, limitando el reconocimiento de la pobreza a una encuesta inverosímil, recolectando datos que difícilmente determinan si los hogares requieren de asistencia gubernamental.
Así que, contextualizando la metodología para la identificación de potenciales beneficiarios de los subsidios del Estado, una pareja de campesinos que ganan $120 000 semanales, equivalentes a $480 000 mensuales, con tres hijos estudiantes y que pagan arriendo en una casa de dos habitaciones por valor de $320 000, no son ‘merecedores’ de pertenecer a programas como ‘Familias en Acción’ y, en cambio sí, hacen parte de los millones de vulnerables que sacaron su trapo rojo guardando la cuarentena obligatoria sin garantías de subsistencia.
La medición de la pobreza en Colombia, la efectividad del Sisbén y el acceso a los programas sociales, siempre han estado en tela de juicio y dejan más interrogantes que respuestas.
Algunos de los datos para la elaboración de esta columna, fueron tomados de la investigación ‘Experimentando con la pobreza’ de la Fundación Karisma y el CONPES 3877 de 2016. Aquí dejo los links para su consulta:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3877.pdf.
Buenas Tardes
Los felicito por tan buen articulo yo estuve buscando mucha información acerca del sisben pero casi no pude encontrar demasiado. pero gracias a ustedes ahora puedo saber un poco más gracias Dios los bendiga.
Se me olvido comentar, que le a consejo a las personas que ya tienen sisben que investiguen cómo actualizar los datos del sisbén.