Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
No se le puede restar importancia a la tragedia que ha generado la COVID-19, transmitida por el virus SARS-CoV2, pues las muertes aumentan todos los días a nivel global, y el fácil contagio entre las personas ha obligado al presidente de la República a adoptar una medida excepcional de aislamiento preventivo obligatorio, que busca aplanar la curva epidémica para ayudar en algo, alrededor del proyectado aumento de las cifras de infectados, al desborde previsto de la capacidad del sistema de salud para atender la emergencia en Colombia. ¡Preocupante asunto!
Mientras la pandemia y las medidas para tratar de contenerla ocupan el primer lugar en los medios de comunicación tradicionales, con un flujo de información desmedido que además nos tiene atiborrados, la violencia en Colombia no se detiene y nos muestra que esta es un virus más letal, hasta ahora, al que esos medios ya no le dan importancia.
Así nos lo recuerda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, mediante comunicado número 62 del 26 de marzo pasado, condena el asesinato de Marcos Ribadeneira, dirigente político y social en el Putumayo, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, perpetrado el 19 de marzo; así como el de la lideresa social Carlota Salinas el 24 del mismo mes, miembro de la Organización Femenina Popular (OFP) en San Pablo Bolívar.
La Comisión advierte sobe el elevado número de asesinatos de líderes sociales en nuestro país a partir de 2020 que, según su seguimiento, asciende a 24 personas y rememora, entre otros, los homicidios de Gloria Ocampo, Albeiro y Luis Hugo Silva Mosquera.
Por eso, desde estas líneas creemos que, a pesar de la importancia de la pandemia y del confinamiento, el que a propósito no cumplen las organizaciones criminales en Colombia, las autoridades del Estado, especialmente la Fiscalía, la Policía Judicial y los jueces, deben seguir cumpliendo su labor de investigación con el fin de establecer quiénes son los autores y determinadores de esos asesinatos, y lograr lo más pronto posible su sanción de acuerdo con las penas señaladas en la ley.
El exterminio de defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientalistas en nuestro país no lo detiene el coronavirus y la garantía de la vida e integridad personal de quienes se encuentran en riesgo debe ser también prioridad.
Ahora que se habla de solidaridad con los más débiles, de apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y viven del rebusque, con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio, las autoridades del Estado y, la ciudadanía en general, olvidan que es obligación de este no solo ocuparse de la atención de dicha población, sino también de los defensores de derechos humanos y líderes sociales bajo amenaza, a quienes igualmente se les deben garantizar sus derechos fundamentales.
Y es que la actividad estatal no puede orientarse a privilegiar el crecimiento económico por encima de la vida, la salud y, en general, de los derechos humanos, como lo hace el Gobierno Nacional en estos momentos, amparado en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, tomando medidas que no tienen finalidad distinta a la de auxiliar a los bancos en época de recesión y emergencia sanitaria. ¡Un verdadero despropósito!
También se viene echando en al baúl de los recuerdos un asunto de suma importancia para el país: el de la ‘Ñeñepolítica’. Hace cuatro días, en el programa Semana en vivo, María Jimena Duzán realizó una importante entrevista a Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez, periodistas amenazados por sus denuncias, y al abogado Miguel Ángel del Río.
En el desarrollo de la conversación con los invitados, se fueron conociendo hechos muy graves y que han pasado desapercibidos para la opinión pública: una presunta manipulación de pruebas, en ese asunto de la ‘Ñeñepolítica’, y el hostigamiento por parte de la Fiscalía en contra de los funcionarios de la Policía Judicial que participaron en la interceptación legal de las comunicaciones a José ‘Ñeñe’ Hernández, de las que se deduce, según los audios conocidos, la compra de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pasadas, en favor de Iván Duque.
Según el abogado entrevistado, existe una denuncia de los mencionados agentes de Policía Judicial en contra del fiscal Daniel Hernández, en la que se indica que el citado funcionario presuntamente constriñó de manera ilegal en una diligencia judicial a un investigador, para que reconociera irregularidades en el proceso de interceptación del abonado telefónico del investigado y luego asesinado en extrañas circunstancias ‘Ñeñe’ Hernández, obviamente con la intención de deslegitimar y demostrar, de manera amañada y planeada, la ilegalidad de esas pruebas y dejar sin sustento las investigaciones originadas de las grabaciones de las interceptaciones.
Se afirma que una de las víctimas de acoso por parte de la autoridad judicial manifestó en la denuncia que se ha iniciado una persecución por parte del Estado y la Fiscalía en contra de los investigadores que hicieron su trabajo, dejando constancia sobre el riesgo para su vida, debido a la manera insidiosa como se desarrolló la diligencia a la que fue citado para declaración, o mejor interrogatorio, de manera irregular.
Se infiere y, así lo advierten los entrevistados, que lo que se evidencia de la trama de la ‘Ñeñepolítica’ es una nueva era en la historia de la participación del narcotráfico en la política y en todas las esferas de la sociedad y el Estado, que supera la parapolítica: un nuevo capítulo de la narcodemocracia colombiana.
De suma gravedad que se utilice a la Fiscalía para echarle tierra a los grandes escándalos que involucran a los dirigentes del Estado y líderes políticos, lo que parece se ha vuelto una constante desde la administración de Néstor Humberto Martínez Neira, como se vio con el manejo que se le dio al asunto de Odebrecht, y ahora con el de la ‘Ñeñepolítica’ en la actual de Francisco Barbosa.
Respuestas son las que necesita la sociedad colombiana, y no persecución y montajes auspiciados por las autoridades del Estado en contra de los periodistas que denuncian y de los funcionarios que sí actúan bajo los parámetros señalados en la ley.
Es evidente entonces que la vida sigue, sobre todo en la especialísima y excepcional democracia colombiana. Aquí no todo es COVID-19, y esta época de encierro y recogimiento familiar debe aprovecharse también para reflexionar sobre otras enfermedades que aquejan a nuestro país.
En este país, quien dice la verdad es un delincuente, un terrorista y un mal elemento. Por eso es importante que en éste tiempo de ésta terrible pandemia, el Dios todopoderoso venga a hacer justicia, porque a los gobernantes de nuestro país se les olvidan los buenos principios. Desde hace más de 60 años vengo escuchando que muchos de nuestros gobernantes, vienen atracando el producto de nuestros impuestos y NO PASA NADA. Vásquez Puyo se robó 5 mil millones de pesos hace muchos años de la empresa de energía y regresó al país
después de 20 años de cometido el delito, cuando ya había prescrito y no pasó nada.