El médico indignado

Columnista:

Óscar Pastrana Londoño

Otro colega ha fallecido a causa del coronavirus. Esta vez el dolor es mayor porque se trata de uno de mis profesores de cuidado intensivo del Hospital Universitario Mayor de Méderi, el centro médico con el mayor número de camas de cuidado crítico en el país. Según el Instituto Nacional de Salud, han muerto 15 trabajadores de la salud por COVID-19 en Colombia, siete de ellos eran médicos.

El doctor Francisco Eduardo Anaya tenía 43 años, era un profesional comprometido con sus pacientes, disciplinado, muy inteligente y practicaba fisicoculturismo. Murió en su casa, tal vez haciendo honor a una terca y poco conocida “autopromesa” que nos hemos hecho algunos médicos: “Prefiero una muerte digna en casa y no el encarnizamiento terapéutico en una UCI”. 

Casi al mismo tiempo que recibía la lamentable noticia de la muerte del doctor Anaya, me llegaban al celular varias fotos de una agresión contra el personal de urgencias en el Hospital del Bosque, en Barranquilla. Imágenes muy fuertes, llenas de sangre, difíciles de asimilar y que contrastan con los aplausos, homenajes en las redes y las palabras de aliento y admiración que promueve el presidente desde su espacio televisivo vespertino. 

Pero lejos de ser los únicos problemas, a la discriminación en la calle y el dolor por la muerte de colegas y amigos a causa del coronavirus, se suma la precarización laboral denunciada hasta la saciedad por agremiaciones, sindicatos, colectivos médicos, líderes de opinión pública y activistas. Y, a pesar de todo esto, no se ha logrado ningún acuerdo en materia de formalización laboral.

En abril se presentó un brote por coronavirus en una clínica de Pereira, muchos de los intensivistas y el personal de apoyo resultaron infectados y tuvieron que ser aislados en un hotel. Varios profesionales fuimos contactados por las directivas del centro hospitalario para que apoyáramos dicha contingencia. Muchos especialistas en un acto de buena fe decidimos trasladarnos desde diferentes ciudades con el ánimo de ayudar. Pero la necesidad de no parar la atención (y la facturación) en la UCI era tanta, que la clínica no tuvo tiempo de hacer un contrato laboral. 

Así es, por increíble que parezca, trabajé en una UCI COVID-19 como intensivista sin ningún tipo de vínculo laboral formal. Para desgracia mía a los pocos días de estar desarrollando mis actividades asistenciales presenté síntomas respiratorios y también tuve que someterme a aislamiento preventivo. Durante el periodo de convalecencia recibí una carta de la clínica donde me notificaban que mi contrato laboral (que no existe) había sido terminado de forma unilateral. Y como si fuera poco el atropello, Coomeva, la Empresa Promotora de Salud (EPS) a la que estoy afiliado, me informó que la clínica tampoco había pagado los aportes correspondientes a seguridad social del mes de mayo. Es decir, me echaron mientras estuve enfermo y no me pagaron la EPS. Con esos antecedentes creo que no tengo que explicar que tampoco me han cancelado los meses de salario que me adeudan. 

Lo más triste es que todo esto ocurre con el beneplácito de los organismos de control y el ejecutivo, que conocen en detalle la calamidad del día a día del personal de salud en Colombia y, en lugar de reconocer la deuda histórica con el gremio y encarar una reforma laboral estructural, se han dedicado a promover discursos sosos y bonificaciones que se entregarán en el pico de la pandemia para intentar apaciguar el desánimo y el sentimiento de indignación que crece entre los médicos.

El sometimiento al que hemos estado sometidos los médicos es tanto, que parece el fiel reflejo de un “realismo mágico”. “Después de una ardua jornada en el hospital, arriesgando su propia salud por curar a los apestados, el doctor Juvenal Urbino llegó a su casa donde lo esperaba su mujer Fermina Daza, pero los vecinos lo recibieron a piedra”, escribió Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera y, al parecer, sigue vigente.