El escándalo de Reficar: no es la corrupción, es la ley

Opina - Política

2016-05-08

El escándalo de Reficar: no es la corrupción, es la ley

¿Será que lo que está mal no son las desviaciones de la ley sino las mismas leyes? El mayor desangre de dinero en Colombia no viene de la corrupción o de la delincuencia, sino de las “sensatas” decisiones de quienes están a cargo de lo público. No es un puñado de corruptos el que arrasa con el grueso de la riqueza común, son aquellos que ponen en práctica ideas validadas por sectores influyentes.

Salvo algunos profetas en el desierto, se ha predicado el “desarrollo” como un dogma de fe incuestionable.

Tres de estos dogmas podrían ser: 1) Dejarás entrar a las empresas multinacionales que por fin invertirán en Colombia y crearán muchos empleos en regiones olvidadas; 2) traspasarás los bienes públicos del Estado ineficaz para entregarlos a empresas privadas, porque ellas sí los administran bien (sobre todo si son europeas, canadienses o estadounidenses) y 3) firmarás tratados de libre comercio que permitirán abrirnos al mundo, sacar nuestros productos, adquirir mercancías a bajo costo.

Siguiendo estos preceptos, sucesivos gobiernos cedieron el control de una refinería pública a una empresa privada y la empresa generó un sobrecosto de 4.000 millones de dólares por la construcción y ampliación de su planta en Cartagena. Es la historia de Reficar, que senadores como Claudia Lopez y Jorge Robledo califican como el mayor desfalco del país.

Robledo argumenta que los ministros y miembros de la junta directiva de Ecopetrol sabían lo que pasaba y no lo denunciaron. El Estado, aplicando la teoría privatizadora, que argumenta que si venden las empresas públicas, se puede dedicar a sus tareas fundamentales mientras las empresas administran eficazmente los bienes, puso los cimientos de este despropósito. Es lo que Slavoj Zizek, catalogado por muchos como el intelectual más importante de nuestra época, llama la ideología de nuestro tiempo, un orden moral conducido desde altas esferas económicas que no solo dirige el futuro de los recursos sino de la gente.

El autor alude a “la definición sorprendentemente relevante del apóstol Pablo: «Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los líderes, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra la maldad espiritual en los Cielos» (Efesios 6, 12). O, traducido al lenguaje actual: «Nuestra lucha no es contra individuos corruptos, sino contra aquellos en el poder en general, contra su autoridad, contra el orden global y la mistificación ideológica que lo sostiene». (p.12)

La cita traducida a colombiano quiere decir que nuestra lucha principal no es precisamente contra ladrones de celulares, carros, supermercados o billeteras en transmilenios, aquellos que muestra la Policía en sus ruedas de prensa y que ocupan los noticieros con los entretenidos videos de cámaras de seguridad; sino contra los mecanismos para desfalcar al país diseñados por aquellos que están en el poder ya sean presidentes, expresidentes, ministros, expertos, directores, empresarios, etc.

La pregunta es cómo plantear esta lucha.

En el caso de la refinería de petróleo de Cartagena difícilmente alguien pagará cárcel, porque todo está dentro de la ley. La Contraloría poco o nada puede hacer porque se trata de maniobras de empresas privadas que se aseguraron de blindarse con abogados y más recursos. Para el presidente Santos se trata de un pecadillo por no planear bien.

 

Pero si alguien pagará, seremos los colombianos, porque las reglas de juego están hechas para que perdamos. La aprobación de tratados de libre comercio contemplan cláusulas de protección para que los conflictos entre Estados y empresas se diriman en tribunales internacionales donde el mercado en nombre de la estabilidad y la confianza inversionista tiene todas las de ganar. Estamos a punto de perder otros miles de millones en pleitos internacionales con empresas mineras.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sabe que con cada privatización, con cada tratado de libre comercio, con cada contrato inteligible en el que las empresas ponen las condiciones, los Estados quedan más debilitados en cualquier asunto de defensa de sus intereses y a merced de tribunales internacionales manejados por lobistas que trabajan para los intereses de los más adinerados y poderosos del mundo.

Cada que pierde el Estado, ya sea por sobrecostos como los de Reficar, por un pleito internacional como el que se tiene con las mineras, o por la venta de un bien público como Isagén, crecen las fortunas particulares, aumentan los carros lujosos en el Laguito de Cartagena, se abultan las cuentas de los directivos de las empresas que administran nuestra riqueza, y todo es perfectamente legal.

Mientras tanto perdemos todos y sobre todo los pobres, o sea 1 de cada 3 colombianos, pierde quien espera 4 meses para una cita médica porque no hay una infraestructura decente de hospitales públicos, pierde quien no puede ir a la universidad pública porque no hay cupos, pierde el que fue asesinado en una oscura calle sin alumbrado público y un largo etcétera.

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Lina Marín
Periodista - Máster en políticas sociales. Investigo sobre procomún, modelos colaborativos y desigualdad.