Autora:
Patty Suescún
En la mañana de este viernes, Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín por el Centro Democrático —partido opositor al alcalde Daniel Quintero— publicó un hilo en Twitter donde cuestionó, a modo de denuncia, presuntas irregularidades en la contratación de la adecuación de la Clínica Saludcoop de la 80 para la atención de pacientes con COVID-19.
Así pues que decidimos hacer un análisis punto por punto de lo escrito por el concejal Ramos Maya, y esto fue lo que encontramos.
Pasando de largo sobre las respuestas
En su primer interrogante, el excandidato a la Alcaldía de Medellín escribió lo siguiente:
“¿Por qué si Quintero dijo que (el comodato de la clínica) no costaría un solo centavo, se hizo un convenio interadministrativo con la EDU para la adecuación de la clínica por $13.102.000.000 millones)? ¿Cuánto, además, valdrán los equipos médicos y la dotación hospitalaria para atender el Coronavirus?”
Ramos hace mención al Contrato Interadministrativo 4600085550 firmado entre la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU.
Sin embargo, acá viene la primera curiosidad; al nosotros intentar buscar el contrato que señala el político uribista en el Servicio Electrónico de Contratación Pública SECOP, este no aparece. De hecho, pudimos constatar que las imágenes que publica Ramos en su tuit hacen alusión al Contrato de comodato número 4600085480. Vale la pena mencionar que algunas de las preguntas que, con ironía se hace Ramos, las responde este mismo documento.
Sobre el primer interrogante, en el mismo documento que enseña Ramos, se puede leer en la Cláusula Sexta Estado de los bienes, lo siguiente:
Al momento de la firma del contrato el inmueble se encuentra en adecuadas condiciones de infraestructura (pero) con deterioro general por ausencia de mantenimiento y falla en el servicio de ascensores sin funcionamiento, verificando al momento de la entrega el estado del servicio eléctrico y con servicio público de energía activo, sin servicio de acueducto y gas natural.
Parágrafo: teniendo en cuenta el estado actual de los servicios públicos domiciliarios, el comodatario (o sea, la Alcaldía) adelantará las gestiones necesarias para la adquisición de contadores de servicios públicos independientes a fin de poder asumir el costo de los mismos solamente con cargo al consumo de la ejecución del contrato.
En síntesis, si bien el comodato se realizó por valor de cero pesos, obviamente, y dado el evidente deterioro que habría sufrido no solo la fachada, sino el interior de la clínica —además de la adecuación de los nuevos contadores de servicios públicos— se debía realizar una inversión para poder tener en óptimas condiciones dicho espacio.
Ramos también habla del costo que tendrían los equipos médicos y la dotación hospitalaria con la que esta contaría.
Al respecto, valga decir que: A) Los contratos que pudimos observar sobre la adecuación de la Clínica de la 80, no hablan de dotación de material hospitalario. B) Hay que recordar que la empresa privada hizo generosos aportes para la consecución de estos elementos que fueron direccionados por parte de Antioquia Solidaria para dicha institución de salud, por lo que se pensaría que estos no tuvieron un costo o, de tenerlo, no es tan abultado como el concejal uribista quiere hacerlo ver.
¿Qué es de quien?
En la segunda pregunta, Ramos increpa lo siguiente:
“Una vez se termine el comodato con Saludcoop, ¿se quedarán de manera gratuita todas las inversiones hechas en adecuaciones para los dueños de la clínica privada?”.
Para sustentar su interrogante anexa una imagen del párrafo número ocho de la Cláusula Tercera Obligaciones del Comodatario (la Alcaldía).
Sin embargo, causa curiosidad que su pregunta se la contesta el punto anterior que él citó. En el parágrafo de la Cláusula Segunda Uso autorizado, se lee que:
Los bienes que se adquieran por parte del Comodatario para la prestación excepcional y transitoria del servicio de salud en la infraestructura objeto del presente contrato (es decir, la Clínica de la 80), serán de propiedad del mismo (la Alcaldía) y serán retirados una vez culmine el plazo de ejecución.
Palo pa’ unos, silencio pa’ otros
Posteriormente, Alfredo Ramos pregunta:
“¿Por qué se utilizó la figura de contrato interadministrativo con la EDU, que encarece el contrato $591.432.422 (casi 5% más), si con la emergencia se podría contratar infraestructura hospitalaria de manera directa por parte de Secretaría de Salud?”.
Sobre esto hay que analizar varias cosas. La primera de ellas es que teniendo en cuenta que la mayoría de los centros de salud de la ciudad tienen copados sus servicios de UCE y UCI, ¿con quién se hubiera hecho la contratación directa que pide el concejal si ninguna clínica está en condiciones de hacerlo?
¿Se imaginan ustedes a los directivos de una clínica bajando a sus pacientes de las camas de UCI para poder tenerlas libres y así contratar con la Alcaldía?
Hay que decirlo, la única opción era la Clínica de la 80 porque sus espacios estaban vacíos. De otro lado, la respuesta a Ramos le llega directamente de su copartidario el presidente Iván Duque.
En desarrollo del estado de excepción el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo N°440 del 20 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”, el cual modifica transitoriamente los procedimientos en los procesos de contratación durante el término de emergencia; lo que hace necesario atender esta disposición con el fin de disponer de este espacio en funcionamiento en el menor tiempo posible.
Además, la misma EDU escribió que:
“Los recursos para financiar las actividades a ejecutar se encuentran incorporados en el presupuesto de la Entidad y, por lo tanto, con ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta se ordenó realizar los trámites presupuestales requeridos para la adquisición de manera directa de bienes, obras o servicios necesarios para conjurar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado para contener y mitigar la pandemia asociada al virus COVID-19”.
Igualmente causa curiosidad que la empresa Tronex, financiadora de la campaña de Ramos y, de la cual él fue gerente, también se vio beneficiada por este método de contratación con una compra por un valor de más de 500 millones de pesos, sin embargo, acá el concejal no hizo denuncia pública con la misma vehemencia con la que lanza sus trinos e insulta senadoras.
¿Mentiras regionalistas?
En su cuarto tuit, el hijo de Luis Alfredo Ramos escribió:
“¿Por qué se escogen a dedo contratistas bogotanos para las obras de adecuación por $7.096.896.154 y la interventoría por $549.210.017? ¿Acaso no existen contratistas de Medellín que pudieran hacerlo, en momentos difíciles para la economía local?”.
Sobre este particular, el concejal tiene razón en parte. Llama la atención que, en tiempos de precarización económica para todos, se celebre contrato con una persona foránea. No obstante, hay que ser justos con el elegido con el Contrato Nº 3302-78 de 2020 de la EDU.
El contratista para las obras de adecuación y, puesta en funcionamiento de la Clínica de la 80 en Medellín por 90 días, es el bogotano Luis Óscar Vargas Abondano, identificado con la cédula número 19.362.135. Vargas ha participado en diversos proyectos de ingeniería civil en varias ciudades del país, entre ellas, Medellín. De hecho, es contratista del mencionado municipio desde el año 2016, como consta en el Contrato N° 15-1-144565.
Además, puede que el señor Vargas sea bogotano, pero lo más seguro es que la mano de obra sea local, ya que suena ilógico que él se traiga un ejército de obreros desde Bogotá a los que deba pagarles manutención en Medellín. Por lo que concluimos que lo dicho por Ramos Maya es mentira.
Frente al tema de la interventoría, según el contrato de la EDU, de esta se encarga la firma bogotana Consultar Con Profesionales S.A.S., de la cual no hay mucha información disponible. Sin embargo, para efectos de vigilancia, control y verificación del cumplimiento a satisfacción del contrato, la EDU estableció como coordinador a un profesional designado por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la misma entidad. Por lo que se esperaría un control riguroso a las obras.
Una duda sin explicación
Una de las preguntas hecha por el concejal tiene lógica; pero hasta ahora no le hemos podido hallar una explicación lógica. Ramos se pregunta lo siguiente:
“¿Por qué se hizo un anticipo del 50% del contrato de obras de adecuación, que está prohibido por ley, por un valor de $3.548.448.077, disfrazándolo de compra de aires acondicionados?”.
Lo de la prohibición ya lo aclaramos al explicar que los modelos de contratación tradicionales están suspendidos por la declaración de urgencia manifiesta. De otro lado, el anticipo es lo curioso, ya que según la misma EDU, el contrato hecho con Vargas señala que la ficha técnica del proceso de selección da cuenta que el contratista cumple con los requisitos financieros para la celebración del contrato.
O sea que, si Vargas fue elegido entre otras cosas por su “músculo financiero”, ¿por qué debería pedir un anticipo para comprar unos elementos que tarde o temprano debería adquirir para el cumplimiento del contrato? Acá sí cabe la duda del concejal.
Pago del “miti-miti”
Luego Ramos repunta inquiriendo lo siguiente:
“¿Por qué no se paga el 50% restante del contrato de obras de adecuación cuando se entregue a satisfacción el contrato, como se hace en todos los contratos, sino que se pagará cada semana de acuerdo con lo avanzado en las obras?”.
En el mismo contrato de la EDU está la respuesta, ya que la entidad señala que:
“Se pagará semanalmente el valor correspondiente a la obra ejecutada, siempre y cuando se haya realizado el acta de acuerdo de precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de obra y acta de valores pactados, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Coordinador del Proyecto designado para el efecto por la EDU”.
También se lee que:
“El valor del acta de pago será la suma de los productos de hito de avance terminado al 100% que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios pactados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por el contratista y aprobados por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos. Por ningún motivo se realizarán pagos de actividades de hitos no terminados al 100%, los Hitos de Avance serán definidos por la supervisión del contrato”.
Si bien es cierto entonces que se pagará semanalmente, solo se pagarán los avances de la obra que estén ejecutados al 100 % y no sí o sí como lo está haciendo ver de manera equivocada el exsenador uribista.
Además, causa curiosidad que esta misma cláusula aplique para el Contrato Nº 3302-79 de 2020 de adecuación de la clínica con una firma —que también es proveída por Tronex— por valor de $3 968 054 441, sin que el concejal alzara su voz de protesta.
Sobre las donaciones
Posteriormente Ramos señala que:
“Si se hacen donaciones a la clínica, ¿por qué no se menciona que esas donaciones beneficiarán al contratista de la adecuación de la obra, que las recibe, pero no tiene que incluirlas dentro del valor del contrato?”.
Lo primero que hay que decir es que la intervención de la clínica se hizo oficialmente a finales de marzo, mientras que el contrato al que hace mención Ramos es del 13 de abril de 2020. Es decir que tanto la Alcaldía como la EDU tuvieron casi 15 días para hacer un inventario de donaciones que debían ser excluidas de los costos del contrato.
Además, hasta donde se tiene entendido, las donaciones no se hacen para un hospital en específico, sino que son canalizadas a través de iniciativas como Antioquia Solidaria, para su control económico y su entrega efectiva en donde se requieran.
Tras esto, se podría decir que lo expuesto por el concejal no solo es mentira, sino también tendencioso.
¿“Descontrol” político?
Finalmente, Ramos termina su hilo diciendo que:
“Es muy importante que entre todos hagamos control a los recursos públicos que se utilizan durante la emergencia del Coronavirus, para que no existan abusos aprovechándose de la contratación directa que permite la ley para estos tiempos excepcionales”.
Y, claro que desde acá apoyamos la iniciativa y, como siempre lo hemos hecho, seguiremos ejerciendo ese control desde lo periodístico.
Pero lo que no podemos dejar pasar es que hay personajes como Ramos que se escudan en dicho control para hacer politiquería. Una politiquería —con aires revanchistas y medias verdades escondidas— en tuits que buscan más “encantar” a sus seguidores que velar por la correcta contratación en tiempos de pandemia.
