Desde que en 2016 se definió la Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia por medio de la Ley 1804, los niños y niñas menores de seis años en el país, en teoría, se ven cobijados por acciones diferenciales que le aseguran atención integral que garantice su desarrollo integral, valga la redundancia.
De acuerdo con el ICBF, las madres comunitarias y padres comunitarios son agentes educativos comunitarios, responsables del cuidado de los niños y niñas de primera infancia que, según el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, no son funcionarios públicos aun cuando devengan un salario mínimo mensual y tienen un contrato laboral, por lo que se hace justo establecer acciones solidarias que permitan incentivar su actividad.
Por ello, es representativa la iniciativa ciudadana que desde el Colectivo de Abogados y Abogadas del Centro Jurídico Comunitario de Barranquilla han realizado junto con madres comunitarias de la misma ciudad, que propone la aplicación del beneficio tributario del 100% de exención del pago de impuesto predial a más de dos mil Madres Comunitarias de ese Distrito.
La iniciativa fue radicada en el marco del debate que se dará al Proyecto de Acuerdo Distrital N° 002-2019 en su artículo 31 “por el cual se modifica parcialmente el estatuto tributario del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Decreto 180 de 2010 y se dictan otras disposiciones”; el beneficio aplicaría donde funcionan Hogares Comunitarios modalidad tradicional, FAMI (Familia, Mujer, Infancia) y sustitutos de bienestar familiar en la ciudad de Barranquilla.
Según Alexis Castillo, líder de esta iniciativa y fundador del Centro Jurídico Comunitario, ellos están “liderando esta iniciativa porque reconocemos la labor que realizan las madres comunitarias y nos parece una medida equitativa con el trabajo que realizan los 12 meses del año por nuestra niñez, y tomamos como inspiración la experiencia de otras ciudades”.
La decisión del colectivo se basó en los antecedentes normativos que han reconocido la importancia de apoyar el trabajo de las madres comunitarias modalidad tradicional, FAMI y sustitutas en el cuidado y formación de la primera infancia en nuestro país, reconociendo de esta manera, el aporte físico que hacen al colocar a disposición sus bienes inmuebles, beneficiándolas con la medida de la excepción en el Estatuto Tributario del pago de impuesto predial, como ha sucedido en ciudades como Bogotá, Cartagena, Villavicencio y Neiva.
Según Yosiris Quintero, madre comunitaria del barrio Las Malvinas en Barranquilla, “Esta es una excelente iniciativa que nos beneficia como madres comunitarias, ya que cada año nos vemos alcanzadas para pagar este impuesto, aun cuando ponemos a disposición nuestros hogares para el beneficio de la niñez, en un programa que lidera el Estado, nos parece que es una medida justa”.
Recordemos que el pasado 13 de marzo la Corte Constitucional aceptó las objeciones realizadas por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos al proyecto de Ley que buscaba brindar garantías laborales a las madres comunitarias del país, al vincularlas como personal del ICBF, devolviéndolo para debate al Congreso de la República que tiene hasta el próximo 20 de julio para tramitarlo de nuevo.
¿Habrá luz verde para esa iniciativa en una legislatura tan caldeada como la actual?
Ojalá el Concejo Distrital de Barranquilla apruebe esta iniciativa, que sin lugar a dudas representaría un gran alivio para las madres comunitarias, que de manera solidaria aportan a la construcción de colombianidad desde el cuidado a nuestro más tierno presente.
Foto cortesía de: Canal Universitario Univalle
