¿De qué democracia hablamos?

El golpe de Estado que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha asestado a la Asamblea Nacional de ese país, concentrando todo el poder en el Tribunal Supremo, un organismo del bolsillo del Jefe de Estado, ha desatado el rechazo de la dirigencia política en toda la región.

Escucho frases que llaman a la solidaridad con el pueblo venezolano, otras voces piden romper relaciones con el vecino país, como ya lo hizo el Perú que ordenó el retiro de su embajador en Venezuela, y yo no puedo entender cuál es la democracia que todos defienden.

Gritan a voz en cuello que América Latina se precia de ser democrática y yo no puedo dejar de preguntarme de qué democracia hablamos.  A menos que hayan cambiado el significado de esta palabrita tan mancillada, la democracia se define como “el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes”  ¿Podemos de verdad predicar que en Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil o Ecuador, tenemos una auténtica democracia?

A mí me da pena profunda, pero países como Colombia y Chile donde la gente perdió el derecho a pensionarse y la protesta social es arrasada a fuego y sangre porque se volvió terrorismo reclamar, no pueden preciarse de ser democráticos.

Un país como el nuestro, donde un pueblo en consulta popular, en ejercicio de su poder soberano y del derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, decide no permitir la explotación minera en su territorio, y el gobierno nacional sale muy orondo a desconocer el resultado, dando parte de tranquilidad a una empresa transnacional para que no se preocupe porque “la tal consulta no existió” ¿Qué tiene de democrático?

Un país como el nuestro, donde los líderes sociales cuyo único pecado es levantar la voz para denunciar todo aquello que va contra los intereses colectivos de la comunidad en sus territorios, son asesinados a diario, en absoluta impunidad, cuando no encarcelados, ¿Puede predicar que es democrático?

Un país como el nuestro, donde sus legisladores aprueban una reforma tributaria contraria al interés mayoritario, no es democrático.

Lo que sucede en Venezuela es evidente, por lo menos no disfraza sus actuaciones y tanto el pueblo como los vecinos saben a qué atenerse, pero tampoco nosotros, tenemos una democracia de la cual enorgullecernos.  En Colombia lo que se ejerce es la dictadura del poder económico, donde las leyes son dictadas por un señor que es propietario del 40% de las empresas del país, y con ese 40% se hizo dueño de nuestras vidas; es la banca, las eps, las 4 G y lo peor, los medios de comunicación, que nos dictan cómo y en qué dirección debemos pensar… pero allí no termina, el señor es también dueño de la Fiscalía General de la Nación, a través de su abogado de confianza, Néstor Humberto Martínez.

Imagen cortesía de: El Universal

Y de nuestra manoseada Constitución Nacional, mucho qué decir: los constituyentes nos dieron la Acción de Tutela para defendernos del embate neoliberal que también incluyeron en la Carta Política, y el Gobierno se inventó  la “sostenibilidad fiscal”, y entonces la Tutela procede solo si hay recursos, o si costear las demandas inmersas en una acción de tutela, no atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado.  De la descentralización administrativa no queda nada, el Gobierno Nacional concentra los recursos, decide cómo y cuándo se invierte, disque porque la corrupción en los entes territoriales es terrible, como si los mayores escándalos que hemos conocido en los últimos días no tocaran las altas esferas del ejecutivo, las agencias que se inventó para manejar los recursos de las obras públicas, del legislativo y de la justicia.  En materia de corrupción aquí lo que tenemos es un gran “concierto para delinquir” y no hay organismo independiente que pueda meter a cintura a sus criminales.

El país dividido entre santistas y uribistas, como si fueran distintos, cuando la única diferencia entre uno y otro gobierno, es el proceso de paz consolidado por el de Santos, pero de allí para allá, ha sido y sigue siendo más de lo mismo que todos los gobiernos anteriores.  Es claro que de esa dirigencia anquilosada y reencauchada en su descendencia, nada bueno podemos esperar.

En ningún país de América Latina, existe un poder político que defienda la soberanía del pueblo, ni nuestro derecho a elegir y mucho menos controlar a nuestros gobernantes.

La revocatoria del mandato de alcaldes, gobernadores o presidentes, quienes mintieron para hacerse elegir, que se comprometieron con un programa de gobierno que luego no cumplieron, es otro canto a la bandera que no nos permiten ejercer.  Lo que sucede en Bogotá donde la policía encarcela a quienes recogen firmas para revocar el mandato de Enrique Peñalosa, no es democrático.

Nadie puede justificar las actuaciones del gobierno venezolano, como nadie debería poder justificar lo sucedido en Chile con Pinochet, ni Videla en Argentina; seguramente tampoco queremos una dictadura del proletariado, pero tampoco puede alguien justificar lo que tenemos en Colombia.  Si alguien aquí, civil o militar, piensa que tenemos una democracia por defender y sostener, se equivoca de cabo a rabo, y si algo debiéramos hacer, es aprovechar la oportunidad histórica del proceso de paz con el ELN, donde se ha invitado a la sociedad civil a participar de la construcción de un nuevo país, sin más guerras ni violencia, utilizando las palabras por toda arma, para por fin consolidar la democracia que todos y todas nos merecemos.