Daniel Mendoza y sus colegas: amenazados por la ‘Ñeñepolítica’

Columnista:

C. Arteaga

Daniel Emilio Mendoza Leal es un bogotano de 42 años, abogado penalista y criminólogo, escritor, investigador y periodista. Como él mismo ha admitido, Daniel surgió en el seno de esas élites económicas criollas, a las que se atrevió a llamar “Élites Caníbal”, en una apasionada y sustentada columna de opinión: La élite caníbal y la lucha existencial.

Es un rebelde nato. Desde su tierna edad, su espíritu no ha podido ensamblar con esas reglas rígidas que cargan, como él mismo llama, simbolismos malsanos para la psicología humana. Y son esas características de su personalidad las que hoy lo tienen en la mira impiadiosa e implacable de los grandes criminales, pues grandes también han sido y son sus batallas: ‘Parapolítica’, ‘Farcpolítica’, Interbolsa, denuncias contra El lujosísimo Club El Nogal, descarnadas, incisivas y ácidas columnas de opinión contra los círculos de poder más densos de la sociedad, como las tituladas Uribe, el asesino que nos puso la mafia, La élite caníbal y la lucha existencial, o sus novelas El diablo es Dios, La mordaza a un escritor, o sus múltiples columnas de opinión y diatribas plasmadas con su prodigiosa y vigorosa pluma en contra de la tauromaquia, contra famosos diarios que podrían estar protegiendo redes de pederastia, y contra la curia católica, a la que califica de pedófila e hipócrita; o sus denuncias penales contra famosos “abogados del diablo” como Jaime Lombana. Su más reciente, decidido y peligroso desafío: El destape de la olla putrefacta de la compra de votos para la Presidencia de Iván Duque por parte de la mafia de la cocaína: la vergonzosamente célebre ‘Ñeñepolítica’.

La apacible noche del 3 de marzo del presente año fue bruscamente agitada por un terremoto judicial y periodístico que agrietó los pilares del Gobierno uribista: Gonzalo Guillén, respetado periodista de investigación y el abogado Daniel Mendoza, publicaban en su portal La Nueva Prensa unas grabaciones del extinto narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández Aponte, en las que se planeaba la compra de votos en los territorios de la costa norte colombiana en favor del entonces candidato Iván Duque Márquez, por órdenes del expresidente, actual senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

La noticia recorrió el país y el mundo sobre el lomo de la Internet y con la pasmosa velocidad que logran solo las primicias informativas de honda relevancia pública. Pero con esa misma velocidad se enlistaban los ejércitos oscuros —enemigos naturales de la luz de la verdad— prestos a matar a los aguerridos denunciantes: a los pocos días de la bomba periodística, llegaban a sus manos —de parte de un senador de la República— las pruebas de un plan en ese sentido. Las conocidas y a la vez desconocidas “Águilas Negras” habían recibido —presuntamente de parte de Álvaro Uribe Vélez— la orden de silenciarlos con el ruido de las metralletas, al mejor estilo de Pablo Escobar en la época de su reinado. Según las mismas pruebas, los sicarios ya habían arribado a la capital colombiana en busca de Mendoza, de Guillén y de otros periodistas como Diana Zuleta y Julián Martínez, quienes hacen parte del equipo de investigaciones en este delicado episodio.

Desde ese día, Mendoza y sus compañeros de trabajo expusieron en redes la denuncia y pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad. Mendoza anexó los videos de las cámaras de su edificio, las cuales captan asidua e inusitadamente a carros y motos sin placa que vigilan el sector, casualmente, desde los días posteriores al estallido del escándalo de marras. De igual forma, Mendoza señala que le llegó una citación a su apartamento con todos sus datos personales de parte del apoderado de Uribe, Jaime Lombana, sin que con antelación haya dado ninguna información sobre él o su lugar de residencia, ¿un mensaje cifrado de que lo tienen ubicado? Y sin embargo, como es su perniciosa costumbre, esa entidad demostró su desdén y desidia con este tipo de peticiones, que son, ante todo, un derecho fundamental de todo ciudadano y un deber ineludible e imperativo del Estado colombiano. No en vano, el deber de proteger la vida de sus nacionales está ordenado en el artículo segundo de nuestra carta magna.

Luego de tres semanas, el esquema asignado a Mendoza ha sido un carro sin blindaje, con bajísima capacidad de reacción ante un atentado, con un conductor y sin escoltas; prácticamente una burla negra y premeditada frente al tamaño del peligro que corre, pues como es bien sabido por la opinión pública criolla y extranjera, una docena de testigos y/o denunciantes contra Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados. “Buenos muertos”, así se refirió este cuando Carlos Enrique Areiza, alias “Papo”, fue ultimado delante de su familia luego de haber declarado en su contra. Uribe es sindicado de ese y otros incontables y horrorosos crímenes como masacres, desplazamiento forzado, genocidio, etc. Cabe recordar que hasta el mismísimo temible “Popeye” (fallecido) aseguraba “abstenerse de hablar de Álvaro Uribe Vélez por seguridad”. Similares declaraciones han hecho los exjefes paramilitares Salvatore “El Mono” Mancuso, Alberto “Pipintá” Guerrero, “Julián Bolívar”, “Don Berna”, entre otros.

Daniel, además, denunció penalmente a Uribe y a Duque ante la honorable Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de fraude electoral, compra de votos y relaciones con el narcotráfico, solicitando también la práctica de pruebas, toma de testimonios y el arresto inmediato de la vetusta y máxima figura de la ultraderecha colombiana. Sobra decir entonces que, como ciudadanos colombianos, reflexivos, y estudiosos del acontecer nacional histórico y actual, hacemos responsable al citado expresidente por lo que pueda sucederle a sus denunciantes.

Así mismo, la responsabilidad recae conjuntamente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), dada su inexplicable, injustificada y omisiva actitud, ¿o acaso la intención de esa entidad es exactamente la contraria a la que profesa su razón social, es decir, no proteger a los ciudadanos? ¿A qué obedece la desobligante forma en la que han sido tratados Mendoza y los otros periodistas, quienes también denunciaron amenazas y seguimientos y a quienes tampoco se les ha brindado tutela alguna? Si el deber de esa entidad es proteger a los colombianos, entonces exigimos que con seriedad, premura, apego a la ley y la Constitución, y de una vez por todas, ¡Protejan a Daniel y a sus colegas!

Adenda: Mendoza Leal denunció en su cuenta de Twitter (@elquelosdelata) que el actual director de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios, también está involucrado en la #ÑeñePolítica.