Columnista:
Natalia Medina
El desgobierno de Iván Duque, desde 2016, cuando estaban en curso las reuniones en La Habana y en la candidatura de 2018, mostró su rechazo y la propuesta de reformar el Acuerdo de Paz incorporado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018. A pesar de que el ahora presidente no fue claro en cómo «reformaría» el acuerdo y solo fue otra forma en la que, el sector oligárquico, que apoyaba el no, manifestó su inconformidad frente a vivir en un país en paz. Desde que Duque ejerce su papel como presidente o títere de la República, ha sido evidente su falta de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones estatales firmadas en el acuerdo.
Recordemos que gran parte de quienes se opusieron al acuerdo no habían sufrido las atrocidades de la guerra; a partir de sus aparatosas residencias, resultaron completamente apáticos frente a lo que había vivido y todavía vive un pueblo doliente; desangrado a causa de la violencia. Per se es claro por qué el desentendimiento del Gobierno con relación a las garantías que se les deben brindar a los excombatientes; no es en vano que en el Gobierno de turno han muerto más de 240 excombatientes, o que las condiciones en las que viven sean cada vez más precarias debido a la mínima y casi nula, ayuda estatal.
Desde 2018 han venido incrementando las masacres en el país, aumentan los líderes y excombatientes asesinados; pero parece que la última preocupación del Gobierno es salvaguardar la vida de estas personas (creyéndonos el cuento de que son grupos externos quienes están perpetuando las masacres, aunque sepamos que hay casos de excombatientes que fueron asesinados por militares).
Tampoco podemos olvidar la cosificación del excombatiente que se promueve y se ha venido promoviendo por el mismo sector de siempre; los sujetos que utilizan las matrices de opinión a favor de sus intereses y le hacen creer a un pueblo desinformado que los culpables de todos los males son quienes, como objetivo principal, tuvieron la construcción de un país justo y en paz. De por sí es un error querer desmovilizar a las personas y resulta en deseo absoluto por borrar, de forma parcial, y a largo plazo toda idea subversiva o que no les convenga; incorporarlos en una sociedad en la que, de manera errónea, el que combatió por la paz tiene una connotación peyorativa. No es una idea bien pensada.
Una vez que ganó Iván Duque, era más que claro, para quienes conocían y hacían parte del proceso, que el retroceso se vería a gran escala, pero jamás se llegó a imaginar que la negligencia por parte del Estado sería tan grande frente al cumplimiento de los puntos acordados en el acuerdo. Ni siquiera los proyectos económicos, de los que se debería encargar el Consejo Nacional de la Reincorporación (acordado en el punto 3.2.2.6 del acuerdo, con el fin de una completa reinserción), han tenido resultado; las ayudas económicas destinadas al cumplimiento del acuerdo no han sido bien utilizadas.
Además, se burocratizaron los procesos: cada vez son más lentos y complejos, lo que no permite que se lleven a cabo los distintos proyectos económicos que presentan los excombatientes; es más, los firmantes han tenido que acudir a diferentes sujetos o entidades que estén dispuestos a apoyarlos, a ayudar para que sea posible apaciguar la precariedad en la que viven dentro de los campamentos o en sus hogares y que estén realmente comprometidos con la construcción de un país en paz.
La falta de empatía de un Gobierno, que cree que la única paz es la victoria militar, ha de explicar por qué en estos dos años de mandato, han ido en aumento los asesinatos de los desmovilizados, la falta de ayudas económicas, las trabas en los procesos de reinserción, en fin. Para este momento, es nulo lo que se espera del Gobierno Duque frente al acuerdo, pero es nuestro deber realizar procesos de acompañamiento; de concientización; procesos educativos que ayuden a entender realmente el conflicto armado en Colombia; y, todo lo que este envuelve. Apoyar emprendimientos que le apuesten a la paz y trabajarla en todos los espacios.
Es nuestro deber aportar a la construcción del país que queremos y no permitir que este Gobierno de derecha termine con nuestro sueño de vivir en un país en paz, de una Colombia justa; un país con sus territorios libres y su campesinado tranquilo. Que las trabas que se han puesto en los dos últimos años para la incorporación del acuerdo, nos motiven a nosotros a luchar por él y a no permitir que por los intereses de los mismos terratenientes de siempre, terminemos sometidos nuevamente a una guerra absurda.
