Columnista:
Germán Ayala Osorio
La lucha por la tierra en Colombia es, de tiempo atrás, la fuente de innumerables conflictos socioambientales, político-militares y económicos, generados por una oligarquía terrateniente enemiga de los pueblos ancestrales y de los campesinos.
De esa élite han hecho parte activa presidentes, ministros, militares, empresarios y, colonos furtivos, cuyas lógicas de posesión jamás se articularon a un proyecto de producción que hiciera posible que el Estado cumpliera con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Por el contrario, no solo se buscó que el Estado incumpliera con ese propósito, sino que se hizo todo para que las comunidades autosuficientes perdieran la soberanía alimentaria y, por ese camino, obligarlas a emplearse como jornaleros, afectando así sus culturas. Hoy se produce “comida para los carros” (alcohol carburante), cocaína y se especula con la tierra a través de una ganadería extensiva de baja producción.
En nombre de la tierra —y de sus formas de posesión concentrada— se vienen cometiendo todo tipo de atrocidades y arbitrariedades, muchas de ellas amparadas por el largo conflicto armado interno, cuyo origen agrario, “justificó” la creación de los grupos paramilitares. Esa fuerza militar ilegal operó bajo las órdenes de latifundistas y ganaderos y logró que a cientos de campesinos se les arrebataran entre 6 y 8 millones de hectáreas.
Pero no solo ha sido a través de la violencia armada que se ha garantizado la concentración de la tierra, sino también a través de argucias institucionales y por acciones propias de políticos con poder económico, amparados por gobiernos neoliberales enemigos de la economía campesina. Con la captura que de la Superintendencia de Notariado y Registro hicieron los paramilitares, se logró el traspaso legal, pero ilegal, de predios que les interesaban a ganaderos y latifundistas.
Millones de hectáreas de baldíos en la Altillanura vienen siendo apropiados de manera irregular por poderosas familias como Sarmiento Angulo y los Eder del Ingenio Manuelita, según se desprende de un informe publicado por la Contraloría General de la República, en cabeza de Sandra Morelli. Dicho informe está soportado en denuncias realizadas por el congresista Wilson Arias Castillo.
Varios baldíos vienen siendo acaparados —en otras partes del territorio nacional— por ministros e incluso, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien deberá devolver un predio que anexó a su hacienda El Ubérrimo de forma irregular.
La Agencia Nacional de Tierras sostiene que ese predio, conocido como El Laguito 2, de 8,3 hectáreas, constituye un baldío que debe ser devuelto a la nación. El mismo expresidente le reconoció a los periodistas de La Vorágine que esa acción, a todas luces ilegal, le podría generar un escándalo. En el portal periodístico se lee lo siguiente:
“A finales de agosto de 2020, Vorágine adelantaba una investigación sobre un terreno de origen baldío que estaba en manos de El Ubérrimo S.A.S., la empresa que administra las tierras de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que tiene como representante legal a la señora Lina Moreno, esposa del exmandatario. Se trataba de un hecho desconocido hasta ese momento para la opinión pública. Según dos instancias judiciales, El Ubérrimo S.A.S. había usufructuado desde hacía más de siete años un lote de 3.400 metros cuadrados conocido como El Laguito 2 que pertenecía a la Nación. Moreno de Uribe, sin embargo, adelantó acciones para quedarse definitivamente con el terreno”.
Todo lo anterior hace pensar en que unas cuantas familias en Colombia no solo concentran millones de hectáreas (con un Gini de 0.89), sino que han construido una relación atávica que los ha llevado a violar normas y derechos de comunidades campesinas que, por ley, deberían de recibir las tierras baldías para trabajarla.
La búsqueda de un capitalismo agrario, ajustado a los mezquinos intereses de hacendados, terratenientes y, empresas agroindustriales, hizo posible que afros y campesinos sean hoy las mayores víctimas del despojo de sus tierras. Al final, lograron que les fueran despojados millones de hectáreas.
“La reforma agraria, una política de carácter liberal y que pretende desarrollar el capitalismo agrario, es una deuda con la población colombiana, en particular con aquellos habitantes del espacio rural que después de décadas de hostilidades ocasionadas por la violencia y el modelo de desarrollo, aún intentan vivir y aportar al conjunto de la sociedad con un microfundio o Unidad Agrícola Familiar” (Suescún, 2013).
El ministro Álvaro Leyva Durán le dijo hace un tiempo a Uribe que él hacía parte del conflicto colombiano, pero no solo por haber sido presidente y por las responsabilidades políticas (y quizás penales) que debe asumir, sino porque con la apropiación ilegal del predio El Laguito 2, entró en el listado de los despojadores de tierras de la nación. ¡Vergonzoso!
