Columnista:
Laura Preciado
La obesidad es una enfermedad provocada por diversos factores como los ambientales, culturales, familiares, etc. Sin embargo, el consumo de alimentos procesados y las bebidas azucaradas han demostrado ser una de sus principales causas. Cristiano Ronaldo le dijo no a estas bebidas, pero eso no significa que las personas dejen de consumirlas solo porque él lo hace. Acá le explicamos para que lo piense. Una lata de bebida azucarada puede tener 40 g de azúcar que aproximadamente son 10 cucharadas y eso equivale casi al límite de ingesta de azúcar diaria propuesta por la Organización Mundial de la Salud.
Muchas personas piensan que un alimento es bueno y nutritivo por el simple hecho de la publicidad que hacen las compañías que los fabrican. Siempre se muestran amables, salen personajes divertidos y celebridades, su empaque dice que trae fruta, vitamina, fibra, se pueden ganar premios y también, tienen la mágica promesa de hacer crecer a los niños de la familia. Lo cierto es que muchos de estos productos deliciosos, que son consumidos día a día, son nocivos para la salud por su contenido de nutrientes críticos como el sodio, azúcar y grasas.
A mediados del año 2019 un grupo de investigadores de la Universidad Javeriana, Nacional y Carolina del Norte (EE. UU.) realizaron una investigación en la que se analizó la tabla nutricional de 6708 productos en Colombia y se concluyó que más del 80% tienen gran cantidad de nutrientes críticos.
Comparado con otros países de América Latina, Colombia está quedada. Varios países han implementado en sus políticas públicas medidas para que las grandes industrias alimenticias estén más reguladas y sus ciudadanos mejor informados. Algunas disposiciones van desde poner impuestos hasta prohibir la venta de estos alimentos en establecimientos como colegios. Uno de ellos es Chile que aplica estas políticas desde 2016. A lo largo de este tiempo, se ha visto estadísticamente que el consumo de bebidas tuvo un decrecimiento del 23,7 % y el consumo de productos altos en azúcares y grasas tuvo una reducción del 51 % al 44 %. Países como México, Uruguay y Perú han optado por etiquetas que sean fáciles de leer, con información verídica de lo que el comprador va a consumir.
Desde 2017, Colombia ha tenido la intención de llevar cartas en el asunto. Hasta el momento se presentaron 3 proyectos de ley; dos se hundieron y el último proyecto de ley de comida chatarra pasó a aprobación en el cuarto debate en la Comisión Séptima del Senado. El congresista Mauricio Toro, coautor de esta iniciativa afirma:
«Con este proyecto estamos garantizando que los colombianos tengan información honesta, sencilla, para cuidar su salud, y poder tomar decisiones sobre el consumo o no de productos con excesivos niveles de azúcar, sodio, grasas y edulcorantes. Luego de tres intentos en los cuales el proyecto había sido archivado por el lobby de la industria antes de su primer debate, en esta oportunidad hemos logrado con el apoyo de casi todos los partidos políticos, sacar adelante una propuesta que es urgente y necesaria para promover mejores hábitos de alimentación»
Para que este proyecto se convierta en realidad, solo le hace falta la conciliación que se tiene que dar antes de las 12 p. m. del 20 de julio. Algunos congresistas dijeron no a este etiquetado, porque, según ellos, afectarían las ventas de las industrias comestibles y bebidas azucaradas… pero es que hay uno que otro interés por ahí. Se estima que al menos 5 representantes a la Cámara y 4 senadores fueron financiados en sus campañas del año 2018 con más de $800 millones. Estos senadores son parte de la Comisión que verá si se aprueba esta ley, antes de junio de este año. Los representantes y senadores son: Alejandro Carlos Chacón y Fabio Arroyave Rivas del partido Liberal, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, Cristhian Garcés Aljure, Gabriel Jaime Velasco y Milla Romero Soto del Centro Democrático, José Daniel López Jiménez y Carlos Motoa Solarte de Cambio Radical y José Ritter López del Partido de la U.
Algunas de estas campañas, según el portal Cuentas Claras, fueron financiadas por Comestibles Aldor que son los fabricantes de chupetas Yogueta, Pin Pop y gomas y caramelos de mascar Trolli y Frunas, Postobón, Ríopaila, Manuelita, Castilla y Mayagüez.
Cada uno de los siguientes representantes recibieron estas sumas:
| José Daniel López Jiménez: | $18 millones de la empresa Postobón S.A. |
| Gabriel Jaime Vallejo Chujfi: | $10 millones. |
| Cristhian Garcés Aljure: | $100 millones de los ingenios azucareros: Manuelita, Mayagüez, Castilla, Río Paila y La Cabaña. También tiene algunas sociedades de cultivadores de caña del Valle del Cauca, junto a empresas como Comestibles Aldor que son los fabricantes de chupetas Yogueta, Pin Pop y gomas y caramelos de mascar Trolli y Frunas. |
| Fabio Arroyave Rivas: | $140 millones. |
| Alejandro Carlos Chacón: | $90 millones. |
Algunas de estas campañas, según Cuentas Claras, fueron financiadas por Coca-Cola, Postobón y Bavaria.
Cada uno de los senadores recibió el siguiente dinero:
Milla Romero Soto: $100 millones de la empresa Postobón S. A.
José Ritter López: $18 millones.
Gabriel Jaime Velasco: $13 millones.
Carlos Motoa Solarte: $179 millones.
Hasta el momento, ninguno de los congresistas se han pronunciado a través de sus redes sociales para dialogar acerca de la aprobación de este proyecto de ley en su cuarto debate.
Este etiquetado frontal de alimentos, cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, se ha tenido que ver sometido a la Asociación de Empresarios de Colombia y al Ministerio de Comercio que en el cuarto debate trataron de hacer todo para que no se diera. Se debe aclarar que este proyecto no prohíbe la venta, comercialización o publicidad de ningún producto. Solo ofrece al consumidor información sencilla, relevante y clara de un producto que tiene grandes cantidades de azúcares, grasas y sodio. Otra de las propuestas presentadas, consiste en subirle el precio a las bebidas azucaradas.
Según el informe sobre bebidas azucaradas Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a la salud pública de Dejusticia se afirma que los impactos directos al impuesto serían la reducción de los gastos en el sistema público, pues en el año 2016 se destinaron 25 billones de pesos anuales para atención de enfermedades prevenibles y, en consecuencia, la disminución de bebidas azucaradas. Este impuesto reduciría la obesidad en los hogares con ingresos bajos entre 5 % a un 10 % y en los de estrato medio, entre el 5 % y el 8 % de acuerdo con el informe.
La pregunta es, ¿cómo puede el etiquetado ayudar a resolver este dilema? Los expertos sostienen que no se trata de eliminar estos alimentos, sino aprender a consumirlos de una manera más «responsable». Por otro lado, la ANDI cree que las etiquetas que están implementadas y que tienen un sistema basado en guías diarias de alimentación representan una manera clara y efectiva de saber qué se está consumiendo. La Red Papaz: una organización que aboga por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, presentaron el resultado de una encuesta en la que afirman que hay otras opciones que son más claras como las que sugiere la OPS. Finalmente, el Instituto Nacional de Salud hizo una encuesta similar en la que preguntaban a los consumidores si leen la tabla nutricional de los productos y tan solo el 28 % dijo que sí. La mayoría dijo que no. ¿Coincidencia? No lo creo.
Es importante crear conciencia y cultura acerca del consumo y consecuencias de estos alimentos. El resultado no será inmediato, pero los efectos a mediano y largo plazo se verán en la reducción de enfermedades crónicas y por ende, beneficiará a todo el sistema de salud colombiano.
